Begoña Errazti, presidenta de Eusko Alkartasuna y portavoz parlamentaria
El pasado jueves debatimos en el Parlamento de Navarra sobre la regulación más conveniente para hacer realidad la presencia del euskera en la Universidad Pública de Navarra. El debate lo suscitó UPN, al presentar el Gobierno de Navarra un proyecto de ley que impide a la UPNA impartir asignaturas troncales y obligatorias en euskera, con la única excepción de Magisterio, caso obvio, puesto que viene a responder a la propia necesidad de profesorado bilingüe existente en niveles inferiores de la red educativa navarra.
En el pleno del pasado jueves se votaron asimismo las seis enmiendas a la totalidad que presentamos los grupos de la oposición, al considerar tal propuesta ´insuficiente´, según manifestamos todos en las respectivas ruedas de prensa que ofrecimos para dar a conocer nuestra posición ante el texto del Gobierno Foral.
La propuesta de UPN es insuficiente por varios motivos. En primer lugar, hoy el 30 % de los navarros opta por una educación íntegramente en euskera para sus hijos, lo cual evidencia que, en poco tiempo, aproximadamente el mismo porcentaje quiera estudiar en euskera en la Universidad.
En segundo lugar, siendo la UPNA el único centro de estudios superiores público existente en esta Comunidad, tiene la vocación y la responsabilidad de responder a las necesidades y la demanda social de todo el conjunto del territorio, es decir, tanto de la Ribera como de la zona media o del norte de Navarra, y de igual manera a los alumnos que han cursado los estudios anteriores en el modelo G (castellano) como en el A (castellano con la asignatura de euskera), el B (mixto) o el D (euskera).
Por otra parte, hay que recordar que estamos regulando una lengua especifica, el euskera, para lo cual hay que tener en cuenta una serie de consideraciones fundamentales, buena parte de las cuales recoge nuestra legislación actual: su carácter de lengua propia de Navarra; su lugar preferente en nuestro acervo cultural en tanto que lengua milenaria y, simultáneamente, viva; su situación sociolinguística desfavorable; su carácter de vehículo de comunicación, de relación y de transmisión de conocimientos. Pero, ante todo, debe tenerse en cuenta que el euskera es un DERECHO entendido como la libertad de todos los ciudadanos navarros para aprender y utilizar este bien cultural común, así como para formarse y desarrollarse personal y profesionalmente en él.
La propia Ley del Euskera de 1986, que impone tales restricciones geográficas a su desarrollo, recoge sin embargo algunas de las consideraciones basicas. Reconoce el euskera como lengua propia y como una riqueza de Navarra, al tiempo que atribuye a las instituciones de esta Comunidad la responsabilidad en su conservación. Por tanto, no es cierto, como dijera el presidente de Navarra, Miguel Sanz, en algún momento de estos dos años de una política lingüística excluyente y vulneradora, que su gobierno no tenga la responsabilidad de fomentarla que, a fin de cuentas, es la única manera de proteger una lengua en situación desfavorable.
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Bajo estas consideraciones, reconocidas en la propia Ley del Euskera, no es posible una posición de ´neutralidad idiomática´, tal y como ha defendido el Partido Socialista de Navarra, mediante una propuesta para la UPNA que plantea dejar las cosas como están e incluso peor, puesto que no contempla la posibilidad de ofrecer asignaturas optativas en euskera, que hasta ahora, aun con muchos problemas, existía.
Y no es posible esa neutralidad basada, según explicó el secretario general del PSN, Juan José Lizarbe, en el principio de ´ni fomentar ni impedir´, porque nos estamos refiriendo a una lengua en una situación desfavorable y en unas circunstancias contrarias, por un gobierno que hace lo posible por marginarla de todos los ámbitos. En un caso como este, no intervenir – que es, en definitiva, lo que propugna el Partido Socialista – equivale a dejar hacer, y a aceptar de facto la política lingüística de la derecha navarra.
´No queremos una Comunidad bilingüe´, alegaba el señor Lizarbe. Tal vez yo la deseara trilingue, pero esa no es la cuestión. El caso es que corresponde a la propia ciudadanía elegir libremente, y a la Administración facilitar los medios y mecanismos necesarios para posibilitar de manera real y efectiva esa libertad de opción de todos los navarros. De hecho, Navarra ya es una Comunidad bilingüe, ¿de qué hablamos si no al afirmar que tenemos dos lenguas?
El debate se desvió como si posibilitar las enseñanzas en euskera en la UPNA fuera una cuestión de números en relación con la representación política que se debiera extrapolar desde el Parlamento a la Universidad, y no una cuestión de derechos lingüísticos y desarrollo cultural.
La presencia del euskera en la UPNA, en la Administración Foral y en el resto de servicios públicos es una ´cuestión de derechos´ y de ´voluntad política´ por la normalización y dignificación de una lengua maltratada durante siglos, y que hoy pervive con dignidad gracias al compromiso de miles de personas, literatos vascos, académicos y otros profesionales. En este panorama, el papel que corresponde a las instituciones es el de articular los medios convenientes y necesarios, siempre en coherencia con la eficacia, para hacer posible la satisfacción de esos derechos de los ciudadanos y usuarios.
Estoy de acuerdo en que pueden existir diversas formulas para hacer realidad esa presencia normalizada del euskera en la Universidad. Pero siempre deberán partir de la necesidad de dar respuesta a ese derecho, y tender inexcusablemente a su satisfacción. De lo contrario se estará creando una norma inapropiada, absurda e injusta.
La voluntariedad, que tanto se mencionó en el debate en referencia a unos órganos de la UPNA que no han tenido ninguna voluntad en este tema, corresponde al ciudadano, único sujeto de los derechos linguísticos. Alegar, como hizo el consejero de Educación, Jesús Laguna, que la propuesta de UPN ´responde a la realidad sociolingüística´ de Navarra es un argumento tramposo que, además, ni él mismo esta dispuesto a asumir.
Buena muestra de ello es el hecho de que el señor consejero haya denegado este año el transporte escolar gratuito a los vecinos de Allo que llevan a sus hijos al modelo D en Estella – Lizarra, porque la ley no les reconoce ningún derecho lingüístico en su zona. Curiosamente, en este caso, el criterio del consejero no ha sido la realidad sociolingüística sino la ley, mas restrictiva y eficaz en este caso para obstaculizar el ejercicio de ese derecho que desde UPN se pretende negar en la medida de lo posible.
La postura de UPN era sabida: tiene en cuenta el euskera en aquellas zonas donde no hacerlo puede resultarle electoralmente arriesgado, en cualquier caso siempre restringido al ámbito rural y domestico, y con mayor fervor en la medida en que muere, como ha ocurrido con diversos dialectos navarros a los que ahora personas de la orbita de la derecha navarra les dedican paginas y opiniones laudatorias. Otras posturas me sorprenden mas.
Abordar la presencia del euskera con criterios de proporcionalidad es tratar con relatividad derechos individuales fundamentales muy próximos a la personalidad. Fijar como objetivo la satisfacción plena de tales derechos no es ser maximalista, sino centrar el debate. Por supuesto, habría que tener en cuenta criterios razonables para su cumplimiento, tales como la progresividad y la adecuación en cada momento del proceso de normalización a las posibilidades y demandas paulatinas. Sin embargo, no tener en cuenta los derechos, ni en el punto de partida ni en el objetivo prefijado, supone asumir la discriminación como hecho inalterable.
Me gustaría poder decir otra cosa, pero temo que el texto que se apruebe en la próxima ponencia con toda probabilidad será pactado entre UPN y PSN y, por tanto, no solucionará ni mucho menos la actual situación, a la que sumara una agravante: el establecimiento de un marco legal restrictivo afianzará la ausencia del euskera del campus y reforzara las posiciones de quienes, desde dentro de la Universidad, se han negado durante todo este tiempo a normalizar la situación del euskera. Si no cambian algunas posiciones, la próxima Ley de Euskera para la UPNA legalizará una vulneración de derechos.
Fuente: Begoña Errazti
