Joseba Azkarraga. Consejero de Justicia del Gobierno vasco
La propuesta del Gobierno vasco, defendida por su lehendakari el 27 de septiembre en el Parlamento, ha desatado un aluvión de reacciones iracundas y algunas reflexiones, éstas sí, dignas de mención. Porque de eso se trata, de reflexionar de forma conjunta y serena sobre un futuro que no está escrito y que es preciso definir. Y lo primero que quisiera subrayar es que la iniciativa responde al compromiso asumido en el programa electoral con el que PNV y EA concurrimos a las elecciones del 13 de mayo de 2001 y que contó con el apoyo de más de 600.000 vascos. No es un recuerdo inútil porque el programa constituye para EA un compromiso político público, un pacto ofrecido a la sociedad y a cuyo cumplimiento nos comprometimos. Conviene, por tanto, subrayar que cuando ofrecimos a la ciudadanía el objetivo de completar y actualizar nuestro autogobierno dijimos también que lo haríamos a través de un procedimiento democrático, de encuentro social y político, que tendría como ejes cuatro principios.

El primero anunciaba nuestra intención de incorporar el respeto a las decisiones de la sociedad vasca y el reconocimiento del derecho a decidir su propio futuro. Y no era un salto en el vacío porque nos remitimos al acuerdo aprobado por el Parlamento vasco en 1990, que reconocía el derecho de autodeterminación; al respeto a las instituciones y marcos construidos hasta ahora, así como a las legítimas opciones de cambio o modificación de los mismos. El segundo aludía a la definición de un nuevo contenido material de autogobierno que, entre otros aspectos, incluyera un espacio socioeconómico, de relaciones laborales y protección social propio, así como un marco de garantías y de participación eficaz de las instituciones vascas en todos los ámbitos, incluidos los internacionales. También, y como tercer eje, preconizamos la necesidad de posibilitar la relación institucional entre los territorios vascos. El fundamento de nuestra posición son los derechos históricos, reconocidos tanto por el Estatuto de Gernika como por la Constitución. Por último, afirmamos que la actualización de los derechos históricos en el contexto europeo requiere la presencia directa de las instituciones vascas en la UE, para representar y defender tanto una identidad singular como las competencias y políticas públicas.

El proyecto en demanda de un nuevo pacto político con el Estado no es una invención de última hora ni una extemporánea respuesta a los múltiples excesos jurídicos y políticos vividos en los últimos meses. No estamos ante una improvisación ni ante un «desvarío de fanáticos», como lo ha definido, con simpleza impropia de su cargo, el señor Aznar. Estamos ante la traducción concreta de un compromiso asumido con los electores, que se explicita ante la sociedad para someterlo a su debate en estrictos parámetros democráticos. No cabe despacharse ante la propuesta con descalificaciones y menos sugerir, como ha hecho, entre otros, el presidente del Tribunal Constitucional, que se trata de una oferta fuera de la Constitución. Tal afirmación, que implica una determinación clara de anatematizar la propuesta, constituye un descaro político, máxime si tenemos en cuenta que la doctrina del Constitucional reconoce que invocar el cambio de la Carta Magna está amparado por los principios fundamentales que en ella se consagran. Por eso provocan desconfianza las palabras de Jiménez de Parga, una desconfianza parecida a la que supondría dejar en manos de la Justicia marroquí el pleito de la isla de Perejil.

Resulta también curioso que se aduzcan razones de inoportunidad para rechazar de plano un proyecto que persigue establecer un nuevo marco de relaciones entre Euskadi y el Estado, marco que no responde a las aspiraciones últimas del partido al que represento en el Gobierno, pero que, en cambio, estamos dispuestos a respaldar. Y lo hacemos por creer que al igual que a la Mesa de los Tres Reyes no se debe ascender en línea recta si se quiere llegar a la cumbre, también si deseamos alcanzar nuestros objetivos finalistas en política éste es un buen proceso. Y no comparto que se enfatice la necesidad de esperar a otro momento -¿cuál sería el adecuado?- cuando lo cierto es que desde el Gobierno del PP se ha dejado claro que no tiene intención ni tan siquiera de abordar, con calendario y rigor, el traspaso de las competencias que el Parlamento vasco estableció en 1995 como pendientes.

Entiendo que la amenaza de la violencia sobre nuestra sociedad, y en especial sobre los representantes del PP y del PSOE, directamente señalados por ETA como objetivos, quiere pervertir el debate. El interés de ETA por perpetuarse a sí misma necesita que nos paralicemos, que nada avance porque ése es el escenario donde encuentra su coartada. Pero el triunfo de la democracia es no dejarse chantajear por nadie. Creo que es posible combinar la lucha contra el terror, y el máximo e incondicional apoyo desde las instituciones y la sociedad a todos los amenazados, con un debate democrático sobre el modelo de Estado. Porque la realidad demuestra que ese modelo no se cerró en 1978 o que se cerró con soluciones de urgencia que, supeditadas a las especiales circunstancias tras 40 años de dictadura, no atendían a lo que es un Estado plurinacional que la historia avala.

El nacionalismo democrático, que muchos tachan de ´insaciable´, presentó desde el primer momento sus aspiraciones y, sin renunciar a ellas, se acomodó a una realidad para poder y transformarla en beneficio de toda la sociedad vasca. Hoy, la reclamación de un nuevo estatus de co-soberanía engarza con el debate que se produce en una Europa necesitada de dar respuesta a nuevos retos y a nuevas situaciones. Resulta extraño que mientras el debate se produce en el seno de la UE, fuerzas como el PP y el PSOE rehúyan afrontar con serenidad y equilibrio una reflexión conjunta sobre el modelo interno en el Estado español. Hasta ahora, los más señalados dirigentes de ambos partidos, arropados por un coro de seguidores jaleados por los medios del poder, se han limitado a descalificar, insultar y advertir de que cegarán cualquier camino que cuestione la situación actual.

Llama la atención que cuando el PP y el PSOE se reúnen en el marco del acuerdo que ambos firmaron bajo el teórico principio de enfrentarse a ETA y defender las libertades, la propuesta de nuevo pacto de convivencia esté sobre la mesa y lo esté como objetivo de combate. Me parece una desvergüenza que se amparen en el supuesto desafío al Estado para igualar una vez más nacionalismo con violencia, y una desfachatez que se hayan perdido hasta las formas en esa estrategia electoral en la que se impone el ´todo vale´ para eludir el fondo de la cuestión: la existencia de un pueblo que no renuncia a los derechos que en virtud de su historia le pudieran corresponder y que el actual modelo de Estado no respeta.

Lo que el Gobierno vasco puede exhibir es eficacia en la gestión de las políticas públicas y responsabilidad tanto al afrontar los problemas como al resolverlos desde la legalidad vigente. Una actuación que no sólo parece molestar a las fuerzas señaladas sino que también lleva a la estridencia, cuando no a la mentira, a los representantes de Batasuna, que, incapaces de apostar por la política como exclusiva vía para resolver los conflictos, se anquilosan en postulados sin salida y anclados en el pasado.

Nuestra obligación como miembros del Gobierno vasco es pensar en el futuro de la sociedad y buscar un marco de normalización política que le ofrezca esperanza. Creo, como miembro de EA, que nuestra acción no se puede remitir a fijar políticas progresistas sino que tenemos la obligación de trasladar a los ciudadanos lo que queremos para este país y explicar cómo lo queremos. Es una confrontación en claves democráticas ante la que ni cabe esconderse ni rugir como la marabunta. Apuesto por la inteligencia para desarrollar el debate que tiene un año por delante y en el que se debe escuchar la voz de todos. Esto no es ruptura, sino apertura en clave de futuro.

Fuente: Joseba Azkarraga