Joseba Azkarraga, Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social
Joseba Azkarraga fue a comienzos de 1982 impulsor de los primeros casos de reinserción de presos de ETA. Como consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social dirige ahora una frontal crítica contra las reformas penales anunciadas por el Gobierno del PP, que suponen «la vuelta a la caverna y a la ley del talión» para el principal referente político de EA en el Ejecutivo de Ibarretxe.

-El Consejo de Ministros ha aprobado las reformas para endurecer el cumplimiento de las condenas a los terroristas y la ampliación a 40 años de la pena máxima del Código Penal. ¿Cómo valora estas medidas?

-En primer lugar, no podemos perder de vista el momento en que lo ha hecho, enfangado en chapapote. Pretende, una vez más, usar el denominado ´caso vasco´ como flotador que desvíe las acusaciones de todo un país ante la nefasta actuación de un gobierno tras la catástrofe del ´Prestige´ y que le sirva para recuperar votos. Es terrible, pero es así de crudo. Pero es que las medidas aprobadas, además de una otra muestra de oportunismo y demagogia, son inaceptables, porque erosionan principios básicos, pero también son ineficaces y provocadoras del efecto contrario al que dicen perseguir, tal y como las estadísticas y la propia experiencia nos indican.

-¿Por qué lo dice?

-El cumplimiento íntegro de las penas y la ampliación a 40 años es un mensaje rancio que el PP dirige a las tripas de la ciudadanía con ánimo puramente electoralista y que choca frontalmente con los principios de reinserción social de una justicia moderna. No puede sostenerse en pleno tercer milenio que a los presos hay que enjaularlos de por vida hasta que se pudran. No se puede vender como espacios de impunidad la humanización que por fortuna han experimentado los sistemas penitenciarios. No debe confundirse como hace el Gobierno del PP, de manera intencionada, hambre de justicia con sed de venganza, si se me permite parafrasear al último Premio Nadal.

-Habla de estadísticas al respecto. ¿Cuáles?

-A principios de 1982, y a petición del entonces lehendakari Garaikoetxea, el entonces consejero de Justicia, Juan Porres, y yo mismo iniciamos y desarrollamos un proceso de reinserción social. Fueron unos 400, entre presos y otras personas, los que se beneficiaron de esas medidas y pudieron regresar de otros países a sus domicilios. Puedo afirmar que ni una sola de ellas volvió a delinquir. Por lo tanto, las estadísticas son rotundas. Pero habría que recordar que, incluso, algunos pagaron con su vida, su salida de ETA. ¿O ya nadie se acuerda de ´Yoyes´ o Mikel Solaun, a quien visité en la cárcel, en varias ocasiones, tras las palizas que sufrió por parte de sus ´compañeros´ por renunciar a la violencia? Y si eso no fuera suficiente, habría que fijarse en las propias filas del PP, donde estómagos agradecidos como Jon Juaristi o Mikel Azurmendi, por citar algunos, miembros de ETA en su momento y por tanto terroristas, hoy se han reconvertido de tal forma que producen vergüenza ajena.

-También se va a reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fín de imponer condiciones más severas en la concesión de libertades provisionales.

-Es más de lo mismo. Una de las conquistas fundamentales del actual Derecho Penal es el principio de reinserción social y rehabilitación del condenado, que debe alentar toda política penitenciaria. La reforma del PP, planteada sospechosamente en una reunión de su ejecutiva para analizar la crisis del ´Prestige´, es jurídicamente hablando un retroceso a la era de las cavernas y del talión. Eso sirve para ganar votos en España pero, lejos de resolver algo, es echar gasolina al fuego de un gravísimo y complejo problema que dura ya más de cuatro décadas. Y cuando se produce una generalización de las penas, se está quebrando uno de los pilares del sistema, la individualización de la condena.

-¿Qué opina de la última decisión de la Juez Ruth Alonso respecto a los reclusos que han cumplido tres cuartas partes de la condena?

-Es una actuación ajustada plenamente a Derecho que, nuevamente, está siendo desfigurada y aprovechada desde el Gobierno Aznar para poner en tela de juicio a la judicatura vasca y resucitar una artificial alarma mediática, más que social, que sirva de justificación a las medidas de excepción que pretenden incorporar, con el patético seguimiento del PSOE, al ordenamiento jurídico español. Y en esa estrategia son capaces incluso de cargarse, permítaseme la expresión, a un buen profesional como el subdirector de la prisión de Nanclares, en una decisión claramente política que delata el talante del PP de eliminar a quien no se pliegue a sus dictados.

-¿Por qué se opone a todas la medidas gubernamentales dirigidas, según sus promotores, a «combatir la impunidad del terrorismo»?

-Porque ese no es el objetivo de esas medidas y porque cuestiono su constitucionalidad. La actuación del Gobierno Aznar no esta dirigida a acabar con el terrorismo, sino a liquidar definitivamente las libertades públicas. Es, de facto, la liquidación por derribo del Estado de Derecho. Decir, como se está diciendo, que nos oponemos o que me opongo a combatir la impunidad del terrorismo es un sonsonete propagandistico espeluznante. Lo que hacemos es lo que hemos hecho siempre: defender todos los derechos en todo momento y circunstancia. Nuestra firme repulsa a ETA, o a los GAL en su día, o nuestro apoyo y solidaridad para con las víctimas, no pueden ponerse en cuestión, si no es desde la mala fe, porque defendamos los derechos que asisten a los ciudadanos privados de libertad y a sus familias. Se nos está pidiendo que renunciemos a combatir unas vulneraciones de derechos, porque se producen otras más graves.

-Y no está dispuesto a ello.

-No. Mi rotundidad contra los crímenes de ETA o de los GAL no me va a impedir que desde mi departamento trabajemos en una propuesta que, cuando menos, recuerde a los partidos que existen acuerdos de los parlamentos de Gasteiz y Madrid para que los presos vascos cumplan sus condenas en cárceles vascas. La defensa de los derechos humanos nos exige trabajar por el acercamiento de los presos vascos a Euskal Herria. A la pena impuesta por la justicia no se le puede añadir un mayor castigo a las familias, que deben recorrer, en ocasiones, cientos de kilómetros para ver 15 minutos a su familiar preso. La defensa de los derechos humanos es global, comenzando por el de la vida. Y esto no supone una cesión al mundo de ETA, es simplemente una interpretación de la ley basada en los principios y no en la revancha, que es un sentimiento que puedo entender en las víctimas pero nunca en los poderes públicos.

-¿Le parece normal, por ejemplo, que ningún preso de ETA requerido para indemnizar a sus víctimas haya pagado, que incluso los reinsertados y con un de trabajo usen subterfugios para declararse insolventes y evitar las condenas pecuniarias?

-Este es un debate que se focaliza interesadamente sobre aspectos aislados, intentando convertirlos en categoría que sirva de argumento para sustentar los posicionamientos políticos particulares. Existe una doble moral, sobre todo por parte del Gobierno que puso en la calle a Vera y Barrionuevo o no alienta el mismo escándalo mediático cuando Galindo se acoge a beneficios penitenciarios, o Roldán no devuelve lo que robó. O Corcuera, Barrionuevo, Vera y Rodríguez Colorado no dan cuenta del uso, presuntamente particular, que hicieron de los fondos reservados.

-El PP señala que el nacionalismo institucional se ha convertido en «permanente valedor de ETA y Batasuna» por pretender neutralizar todas las iniciativas del Estado de Derecho, con su posición contraria a la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna o su querella contra Garzón

-El Gobierno, del que forman parte no sólo EA y PNV, sino también IU, actúa por impulso de sus propias convicciones democráticas. Esa, y no otra, es la razón que impulsa actuaciones como el recurso contra la Ley de Partidos, la querella contra Garzón o la convocatoria de la marcha contra ETA, a la que ni el PP ni Batasuna se sumaron. Y respecto a que no hacemos nada… será nada de lo que receta el PP. ¡Ya nos gustaría a nosotros tener los resortes con los que cuenta el Gobierno de Madrid para conseguir la paz y la normalización de Euskadi! Si los tuviéramos, estoy seguro de que no se hubiera malogrado una oportunidad histórica como la tregua del 98 y tampoco hubiésemos dejado pasar la oportunidad perdida que supusieron las repetidas negociaciones en la sombra de los sucesivos gobiernos centrales, cuando se sentaron a la mesa con dirigentes de ETA. Por cierto, que da la impresión de que cuando desde el nacionalismo vasco se intenta convencer a ETA del abandono de la violencia, eso es connivencia con el terrorismo y, en cambio, cuando Aznar envía a sus emisarios a reunirse con representantes de ETA en Zurich es para jugar al tute.

-¿Qué opina de la gestión que lleva a cabo el lehendakari de su plan?

-Considero que ese plan, respaldado con absoluta lealtad por mi partido, EA, es un instrumento impecable desde el punto de vista democrático y un campo de juego para que todas las opciones políticas con legitimidad y representatividad en este país puedan tejer un nuevo escenario de consenso y, en su caso, de síntesis democrática. Estamos en la fase inicial, que ha de ir completando etapas como es lógico en cualquier proceso de este tipo.

-¿Sigue siendo partidario de adelantar la consulta popular antes del debate parlamentario, alterando el calendario planteado por Ibarretxe?

-Sigue siendo una reflexión personal, y pienso que puede ser una fórmula para saber cuál es el respaldo con el que verdaderamente cuenta este plan porque estoy convencido de que este plan, el único que existe sobre la mesa, es un plan en positivo, algo que tanta falta hace en nuestro pueblo, y va mucho más allá de los meros votos de los partidos que los respaldan desde el Gobierno. Pero repito, es una reflexión.

-¿Habrá un escenario de no violencia en esta legislatura que permita la consulta?

-Eso dependerá de ETA. En el debate del Parlamento ya se manifestó claramente que la posibilidad de consulta depende de la persistencia de la violencia. ETA tiene hoy en sus manos la posibilidad de que esa consulta pueda celebrarse.

Alberto Surio/ diariovasco.com
Fuente: Joseba Azkarraga