Prof. César Arrondo El presidente del gobierno español, señor Aznar, ha realizado un anuncio público de cara al 2003, por el cual asegura que se enviará un texto de proyecto de ley a las Cortes, con el fin de endurecer las penas a los condenados por acciones terroristas. Esta posibilidad permitiría, de convertirse en ley, que los presos deban cumplir con condenas perpetuas que irían entre los 30 y 40 años de reclusión. Para arribar a tal propósito, el autobús que conduce sin rumbo al gobierno del PP, ha realizado una escala técnica con el fin de incorporar en esta nueva aventura al alicaído colectivo del PSOE. Estos en un inaceptable papel de furgón de cola del gobierno español, deberán comenzar a entonar el slogan ´que se pudran en la cárcel´. Para convencer a sus fieles compañeros de ruta en la patriótica defensa de la Constitución española, el presidente Aznar recordará a sus socios progresistas, que el 8 de diciembre del año 2000 juntos aprobaron el ´Acuerdo por las Libertades contra el Terrorismo´, que ha decir del entonces Ministro del Interior Don Jaime Mayor Oreja, uno de los objetivos principales del pacto es neutralizar al nacionalismo vasco. En tal sentido, un anuncio periodístico confirma: ´que el gobierno español y el PSOE expresaron un acuerdo para aumentar hasta 40 años el cumplimiento efectivo de las condenas de prisión impuestas por delitos de terrorismo para dar el mensaje a ETA de que ´el terrorismo no les va a salir barato…´ .

Los representantes de la sociedad ´Una y Grande´, el Ministro de Justicia don José María Michavila, y don Juan Fernando López del PSOE, son los encargados de dar los últimos retoques a este proyecto de ley, que será hija prodiga, al igual que la ilegalización de Batasuna, del pacto antiterrorista, ¡perdón!, antinacionalista vasco firmado en octubre del 2000.

A todo esto sería importante saber la opinión de alguna persona, versada en derecho constitucional. En tal sentido, el ex vocal del Consejo General del Poder Judicial Emilio Olabarrieta, es quién públicamente ha considerado que los deseos del gobierno español de aprobar una ley que aumente las penas de los condenados es anticonstitucional, porque viola el principio de igualdad ante le ley, y contradice al artículo 25 de la Constitución española, que expresa: que las penas deben apuntar a una posible ´reinserción social de los delincuentes´. Además, la intención de aplicar 40 años de pena a todo el mundo, liquidaría el sistema de proporcionalidad de las penas, que parte del supuesto de que todos los delitos no siempre son iguales. Es más, en estos días el Ministro del Interior, don Angel Acebes, anunció que en el 2002, la banda terrorista ha sido prácticamente desarticulada, dejándola sin posibilidad alguna de operar, tal cual resulta de los datos comparativos de las acciones llevadas a cabo por la misma en diciembre del 2001, y 2002, con lo cual la pregunta sería ¿si la batalla está ganada, para que esta ley que sólo demuestra debilidad?

Lo cierto es que se aproximan las elecciones, y que en el Estado no hay mucho para mostrar, sólo una economía que retrocede, un desempleo que aumenta, un mar lleno de petróleo ante la incapacidad oficial de solucionar la catástrofe, y si bien el PSOE no es alternativa de poder, siempre es bueno con el fin de juntar votos desempolvar y agitar la bandera de lucha contra el terrorismo, o contra el nacionalismo vasco, y si para ello es necesario violar la Constitución, la violarán, total en definitiva son solamente ellos (PP y PSOE), los que en nombre del constitucionalismo nacional español llevan adelante todo este tipo de tropelías. Eso si, una alerta para los ciudadanos del Estado, lean bien las propuesta electorales del año 2003, haber si en la letra chica de las mismas Aznar, Mayor Oreja o Zapatero: !proponen 40 años de cárcel para el conjunto de los ciudadanos españoles!

Prof. César Arrondo
República Argentina

Fuente: César Arrondo