La senadora de Eusko Alkartasuna, Inmaculada Boneta, ha presentado en esta Cámara una pregunta en la que cuestiona al Gobierno central qué medidas tiene previsto adoptar para preservar los intereses de los pescadores de bajura del Cantábrico dedicados a la pesca de la anchoa.

En la iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, EA alerta de ´la grave crisis´ que las altas fluctuaciones interanuales de la recogida de anchoa pueden provocar y que, según indica, se ´agrava´ con las condiciones establecidas en el acuerdo de Arcachón.

La formación advierte de que, según los datos aportados por el Instituto de Investigación Pesquera (AZTI), ´una nueva amenaza se cierne´ sobre los pescadores del Cantábrico dedicados a la pesca de la anchoa ya que la biomasa de este pescado se encuentra por debajo del nivel de precaución establecido por la Comunidad Europea (oscilando entre los 30.000 y las 32.000 toneladas durante el pasado año, frente a las 36.000 establecidas).

El acuerdo de Arcachón regula los derechos de pesca de la flota cantábrica sobre la anchoa que opera en el golfo de Bizkaia. El acuerdo fue suscrito en 1992 por Francia y España, con una vigencia de diez años, y establecía una cuota de captura de anchoa para los pescadores del Estado del 90 por ciento, es decir 27.700 toneladas, frente a las 3.300 toneladas correspondientes a Francia.

Según destaca EA, el ministerio de Agricultura y Pesca se comprometió ante las administraciones públicas afectadas, así como ante los pescadores del Cantábrico, a defender la propuesta adoptada en las conversaciones iniciadas para alcanzar un nuevo acuerdo.

Los pescadores solicitaban al Gobierno como compensación al incremento de la cuota francesa, hasta las 6.000 toneladas, la prohibición de arrastre pelágico desde Burdeos, el acceso de la flota para poder pescar con cebo vivo en la costa de La Rochelle y Arcachón y estipular la vigencia del acuerdo por un período de tres años.

No obstante, denuncia EA, el pasado 19 de marzo el Gobierno central pactó ´sorpresivamente´ la renovación del acuerdo de Arcachón ´cediendo sin contraprestación alguna para los pescadores del Cantábrico 6.000 toneladas de anchoa´ y estableciendo una vigencia indefinida.

Asimismo, la iniciativa subraya que el acuerdo se alcanzó ´a espaldas de las Administraciones Públicas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, así como de los pescadores del Cantábrico y supone un ´grave perjuicio´ para más de 5.000 familias y 215 embarcaciones. Para EA, el acuerdo supone ´una cesión gratuita´ que favorece a la flota francesa ´sin haber tenido en cuenta los problemas del sector de bajura del Cantábrico y haciendo oídos sordos a las demandas planteadas por ellos´.
Fuente: Inmaculada Boneta