Mikel Irujo Ametzaga . Candidato por EA en la Coalición Europa de los Pueblos
Cualquiera sabe que la UE hoy día está formada por 25 Estados, pero muchos se sorprenderían si afirmamos que la UE de hoy día tiene 29 sistemas fiscales diferentes, es decir, los 25 correspondientes a los Estados más el de Álava, Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra. En virtud del actual marco jurídico – el Concierto y el Convenio Económico – tanto la Comunidad Foral de Navarra como la Comunidad Autónoma del País Vasco disponen de soberanía fiscal, y en este sentido, desarrollan su régimen fiscal propio, de igual rango que cualquiera de los regímenes fiscales de los Estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, en Europa existe un gran desconocimiento sobre nuestra autonomía fiscal. Hace escasos días, la abogado general del Tribunal de Justicia de la CE reconocía que la Diputación de Álava disponía de ´cierta competencia fiscal´, cuando todos sabemos que dicha competencia es plena en imposición directa.
El problema es simple. El Tratado CE prohíbe las ayudas de Estado a las empresas, salvo ciertas excepciones (arts. 87 a 89), en cuyo caso concede amplias prerrogativas a la Comisión Europea para su control. Por el contrario, el Tratado establece en sus artículos 90 a 93 relativos a disposiciones fiscales muy pocas limitaciones en materia tributaria, aspecto en el que por otra parte la Comisión tiene un papel mucho más limitado.
El problema surge cuando las instituciones comunitarias consideran ayudas de Estado las medidas fiscales que adoptan los territorios forales, porque son beneficios concedidos por una ´entidad territorial de un Estado´. De este modo, ocurre que si un Estado como Bélgica o Luxemburgo establece medidas fiscales a favor de empresas se les aplican los artículos 90 a 93, mientras que si dichas medidas las fija una ´entidad territorial´ a ésta se le aplican los artículos sobre ayudas de Estado, mucho más rigurosos que los anteriores, y en los que la Comisión tiene amplias competencias.
En definitiva, la cuestión es que disponemos de competencias fiscales plenas, tantas como un Estado, pero si adoptamos medidas idénticas que Luxemburgo a nosotros se nos aplica un marco legislativo mucho más riguroso que a ese pequeño Estado menos poblado que Navarra. Es obvio, la normativa comunitaria debe aplicarse, pero a todos por igual. Por eso, exigimos que si tenemos competencia plena en materia fiscal seamos también tratados como uno más, y no haya diferencias por el hecho de ser o no Estado. Precisamente con ese fin, desde Eusko Alkartasuna exigimos la inserción en el proyecto de Constitución de un protocolo en el que se explique y reconozca la autonomía fiscal de los Territorios Históricos.
ESTO nos lleva al problema de la representación directa. No entendemos cómo es posible que el Estado español no admita que la CAV y Navarra puedan estar representados en el ECOFIN (Consejo de Ministros de Asuntos Económicos y Financieros de la UE), cuando ambas comunidades disponen de competencias plenas en dicha materia. No es cierto, como argumentan algunos, que la normativa comunitaria lo prohíba. De hecho, el recién aprobado Reglamento Interno del Consejo establece que ´competerá a cada Estado miembro determinar de qué modo estará representado en el Consejo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 203 del Tratado´. Es decir, si no estamos es porque el gobierno de Madrid no lo quiere. Es de justicia exigir estar representado allí donde se discuten temas relacionados con nuestras competencias.
Asimismo habría que exigir que se nos concediera legitimidad para poder actuar ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, ya que, como es sabido, la representación la ostenta hoy día el Estado en exclusividad. Junto a ello, sería una medida razonable, y a nuestro entender necesaria, la creación de un órgano común de todas las diputaciones forales para la defensa y coordinación de nuestra autonomía fiscal ante la UE.
En definitiva, la UE actualmente está articulada únicamente para los Estados, y el panorama descrito en este artículo es buena prueba de ello. Por ello exigimos una articulación, hoy y aquí, de un sistema respetuoso con la participación de las ent idades subestatales y sus competencias en la toma de decisiones a nivel europeo. De lo contrario, son muchos los argumentos que nos dan a aquellos que consideramos la formación de un Estado propio como solución a esta falta de representación democrática.
Fuente: Mikel Irujo
