Los inmuebles no serán derribados, pero la Ley restringirá los proyectos de restauración y conservación

«Protección sí, pero con lógica»

El Ministerio de Medio Ambiente ha lanzado una ofensiva para proteger las costas españolas de urbanizaciones a pie de agua y prohibirá cualquier actuación a menos de 100 metros del litoral en marea alta. La medida, que ha sido bien acogida en general, ha desatado la alarma en Muskiz, donde su aplicación puede tener efectos perniciosos para una quincena de viviendas y chalés del barrio de Pobeña. La normativa no conlleva el derribo de los inmuebles, pero es tan restrictiva que limitará el derecho a realizar determinadas labores de conservación. «Así, nuestro futuro quedaría hipotecado», lamentan los propietarios.

Los vecinos del Camino a la Ermita ya han presentado un recurso de reposición ante el Ministerio para quedar excluidos de este nivel de protección, ya que entienden que se trata de una zona completamente urbanizada. «Estas viviendas fueron construidas hace 55 años y ya entonces contaban con redes de agua potable, saneamiento, electricidad o alumbrado público, antes incluso que el resto de Pobeña», explica uno de los residentes.

Problema añadido

En el caso de estos siete chalés existe el problema añadido de que el suelo que ocupan está calificado como urbanizable de protección, lo que en principio perjudica sus intereses. Sin embargo, el Ayuntamiento ya ha intercedido por los vecinos y ha iniciado los trámites necesarios para modificar el planeamiento urbanístico y dotar a la zona del carácter urbano que desde hace décadas debería tener.

El límite de los 100 metros les parece «abusivo» y entienden que Demarcación de Costas debería establecer un baremo en función de la zona. En ese sentido, los afectados explican que la propia Ley incluye una disposición adicional para casos excepcionales a la que se agarran como un clavo ardiendo. «En nuestro caso bastaría con que rebajasen la protección a los 20 metros, aunque somos conscientes de que hay otras viviendas en el barrio en la misma situación pero tan sólo a cinco metros del agua», reconocen.

La entrada en vigor de la nueva calificación impediría a estos propietarios llevar a cabo cualquier tipo de actuación de mejora en sus viviendas sin una autorización expresa del Ministerio de Medio Ambiente. Según los propios residentes, «en la práctica no podríamos garantizar la conservación de los inmuebles porque hasta el mínimo trámite se eternizaría». En su opinión, detrás de esta orden ministerial se oculta la intención del Gobierno central de «hacer que, con el tiempo, desaparezca todo lo que se ha construido en la línea de costa».

Fuente: EA Muskiz