El consejero Azkarraga afirma que estos presupuestos afianzan la cohesión y la integración social, desde políticas basadas en la justicia y en la solidaridad
El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, ha presentado esta mañana los presupuestos del Departamento que dirige para el año 2005, que ascienden a 399.556.766 euros, cifra que representa un 5,61% del total del proyecto de Presupuestos Generales.

En su intervención en el Parlamento Vasco, Azkarraga destacó que las cuentas de su Departamento participan de los objetivos generales que el Gobierno se ha marcado para el año próximo: la reactivación de nuestro crecimiento, renovando la apuesta por la innovación, la competitividad y el desarrollo sostenible, así como la solidaridad y la cohesión de la sociedad vasca.

LÍNEAS GENERALES

El área de Inserción Social es la que registra un mayor incremento. Son 196 millones de euros, lo que representa el 49,1% del total de gastos del Departamento. Se refleja así el esfuerzo que hemos realizado para movilizar recursos destinados a garantizar el sistema de protección social y a poner en marcha medidas específicas de inclusión socio-laboral de las personas excluidas.

En el área de Justicia, hemos consignado para el 2005 un total de 107 millones de euros, lo que representa un 26,8% de los créditos presupuestarios del Departamento. Se trata de cubrir nuevas etapas en el objetivo de prestar un servicio público de calidad y moderno. Vamos a desarrollar Programas de Justicia Juvenil que motiven la rehabilitación social de los jóvenes infractores y vamos a dar más impulso aún a la labor a favor de los Derechos Humanos.

El área de Trabajo y Seguridad Social cuenta con 89 millones de euros. Estos recursos permitirán afrontar las actuaciones previstas en el Plan de Salud y Seguridad Laboral, así como el desarrollo del Plan de Empleo 2003-2006. Pretendemos dar prioridad a las medidas preventivas, potenciar la orientación laboral como eje de la política de empleo, adecuando ésta a las necesidades de los distintos colectivos, y fomentar la estabilidad y calidad en el empleo. Además, consideramos necesario reforzar el apoyo al emprendizaje en Economía Social por lo que se mantendrán los apoyos de consolidación de las cooperativas y sociedades laborales vascas.

Por último, a Estructura y Apoyo se destina la cantidad de 6,7 millones de euros para el próximo año.

En cuanto a la distribución económica del gasto, el de personal, dotado con 76 millones de euros, supone el 19,12 % del presupuesto.

Los 32 millones de gastos de funcionamiento se dedican en gran parte a mantener las sedes judiciales así como a los gastos ocasionados por la ejecución de medidas judiciales a menores.

Los casi 280 millones destinados a subvenciones corrientes se dedican a las áreas de Inserción Social y de Trabajo y Seguridad Social.

El capítulo de inversiones reales, con una dotación de 6,7 millones, registra un descenso notable respecto a años anteriores. Esa rebaja se explica por la finalización de la mayoría de las obras en los principales edificios judiciales.

Las operaciones de capital ascienden a 3,4 millones de euros. En ese capítulo destacamos la importante subida de las ayudas del programa de Economía Social, como consecuencia de una reorientación en los programas de subvenciones.

El capítulo de aumento en activos financieros recoge, principalmente y como es habitual, los créditos destinados a financiar la ampliación de capital de la sociedad pública, Egailan.

ÁREA DE JUSTICIA

Todos ustedes conocen el empeño del Gobierno por hacer de la Justicia un servicio público moderno y eficaz que responda de manera ágil y adecuada a las necesidades de los ciudadanos. En esa línea hay que incluir los 107 millones consignados y a repartir en dos grandes programas.

El llamado de Administración de Justicia, que con 73 millones de euros presupuestados, está dirigido preferentemente al desarrollo de las actuaciones derivadas de las trasferencias y que se concretan en la gestión del personal transferido, y la mejora y mantenimiento de las sedes judiciales y centros de menores. El segundo de los dos, segundo por mero orden de alusión, es el de Justicia, con cerca de 34 millones de euros presupuestados para abordar actuaciones en el ámbito de la administración de justicia y en el de los Derechos Humanos.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El montante total del programa asciende a 73,4 millones de euros, de los que casi un 80 %, 58,7 millones, se destinan a financiar los gastos de personal al servicio de la Administración de Justicia.

La consignación restante, 14,7 millones de euros, se destina a materializar el resto del programa. Dado que 10 millones corresponden a gastos corrientes, las inversiones reales quedan reducidas a 4,7 millones de euros, lo que supone una cifra notablemente menor que en ejercicios anteriores y que, como ya se ha dicho, se debe a la finalización del núcleo esencial del Plan de sedes judiciales.

No obstante, el capítulo de inversiones de este programa prevé la continuidad durante el 2005 de la rehabilitación del Palacio de San Martín, en San Sebastián, con un importe de 2.265.000; la reforma del centro de menores de Landa, dotada de 1.300.000 euros y el inicio de las obras del Palacio de Justicia de Azpeitia, al que se destinarían 200.000 euros en el 2005.

Además:
-el mantenimiento de las 18 sedes judiciales requiere una dotación de 1.837.319 euros.
-la limpieza de esas mismas sedes y el suministro de energía, ente otros de los requeridos para su diario funcionamiento, asciende a 2.840.955 euros.
-para reparaciones y obras menores se consignan 653.000 euros.
-y para todo lo necesario en relación con la seguridad de las sedes se destinarán 3.687.000 euros.

JUSTICIA

Cuatro son los objetivos que se marca este programa y que consideramos de interés precisar con carácter previo. El primero se fija optimizar la Administración de Justicia. El segundo, se orienta a garantizar la implantación del euskera en la Administración de Justicia y promover la unificación del lenguaje jurídico. Se marca el tercero desarrollar la red de recursos para la adecuada ejecución de medidas judiciales de menores y trata el cuarto de garantizar la promoción y divulgación de los Derechos Humanos, tanto en su dimensión individual como social.

Este programa dispone de un presupuesto de 33,7 millones de euros. La partida de personal se lleva 6 de ellos. Esta dotación se debe, fundamentalmente, a que durante el ejercicio 2005 se cubrirán las 63 plazas de nueva creación para el centro de menores de Ibaiondo. Podemos destacar también por su cuantía, los gastos de funcionamiento y las subvenciones corrientes, a los que se destinan 17,4 y 8,3 millones de euros, respectivamente. Entre las actuaciones que ese dinero permitirá realizar citaré primero las relacionadas con el euskera y la informática.

Así, será durante el 2005 cuando se implanten gran parte de las medidas contempladas en el Plan General de Normalización Lingüística para la Administración de Justicia, así como un estudio de asignación de perfiles lingüísticos. También se consensuarán con el resto de instituciones, medidas tendentes a garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos en el servicio público de la Administración de Justicia. Además, se implantarán nuevas experiencias de uso del euskera en juzgados y para todo ello destinaremos 1.198.457.

El desarrollo informático de las áreas de Justizianet (tanto la intranet como la extranet), la renovación de los equipos de los que ahora disponen jueces, magistrados y fiscales, la implantación del sistema de firma digital y el diseño de una aplicación informática para su utilización en los juzgados de paz se abordarán durante el 2005. Estas actuaciones junto con las que exige el mantenimiento de la red informática alcanzan un importe de 6.448.104 euros.

Se ha considerado igualmente que implantar el nuevo modelo de organización en las oficinas judiciales, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, puede requerir 200.000 euros.

Por lo que respecta a la Justicia de Paz, y desde el máximo respeto a la autonomía municipal, se continuarán subvencionando los gastos de funcionamiento e inversión en los juzgados por una cuantía total de 1.300.000 euros.

Además, se destinan 4.300.602 euros para hacer frente a las necesidades derivadas de la ejecución de medidas judiciales de menores. La creciente tendencia durante los últimos años tanto de las medidas de medio abierto como de internamiento así como el aumento de duración de las penas, plantea una mayor necesidad de plazas y, por tanto, de recursos que es a lo que se pretende responder en el presupuesto.

Otro capítulo de gran significación es el relacionado con la financiación del servicio de asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio para víctimas de violencia doméstica. Para él se destinan 4.785.927 millones de euros.

Los servicios de cooperación con la Justicia, dentro de la función de auxilio a jueces y tribunales, suponen 1.059.600 euros.

La previsión presupuestaria en el ámbito de los Derechos Humanos alcanza 1.100.000 euros. Se dedicarán a financiar programas de iniciativas de paz y ayudas a organizaciones no gubernamentales. También continuamos apoyando las actuaciones para la localización de fosas comunes, donde se encuentran enterradas personas desposeídas de su identidad, a fin de restituirles la dignidad que les arrebataron quienes perdieron la razón y ganaron la guerra.

Finalmente, este programa recoge una partida de 410.000 euros para la Intervención Social Penitenciaria.

ÁREA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Son cuatro los programas presupuestarios comprendidos en esta área que está dotada con 89,4 millones de euros.

El programa de Trabajo y Seguridad Laboral representa el 22,97 % de los recursos totales del área y está dotado de 20,5 millones de euros. Se repartirán en tres ámbitos: el que afecta al desarrollo del Plan Director de Seguridad y Salud Laboral 2003-2006; el relacionado con la potenciación del diálogo social con el desarrollo del marco vasco de relaciones laborales y el que define la puesta en marcha del Plan de Previsión Social Complementaria, cuyo objetivo es la generalización de esta fórmula de protección social.

El programa de Empleo se lleva el 47% del presupuesto del área. Son 42 millones de euros orientados a la contención de los niveles de desempleo y al incremento de las tasas de actividad, objetivos básicos recogidos en el Plan de Empleo.

El tercer programa, el de Formación, está dotado con 21 millones de euros. Se trata de una cifra similar a la asignada en ejercicio anteriores y se justifica por la necesidad de desarrollar una intervención sólida en materia de Formación y Orientación de los recursos humanos de nuestra comunidad para conducir a la actividad a colectivos ahora inactivos, pero disponibles para el empleo.

Por último, el cuarto programa recoge las actuaciones de apoyo y difusión de la Economía Social Vasca y está dotado con cerca de 6 millones de euros.

El detalle del programa de TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL nos revela que se ha hecho un esfuerzo para reducir el capítulo de gastos de funcionamiento, de modo que se podrá disponer de 15 millones de euros para actuaciones concretas. Estas serán:

-El apoyo a las organizaciones sindicales, dotado con 1.617.424 euros.
-Las ayudas dirigidas a mejorar las condiciones de trabajo de personas con discapacidad ascenderán a 142.000 euros.
-El desarrollo del Plan de Previsión Social Complementaria contempla un presupuesto de 714.000 euros.

La partida de mayor dotación es la destinada a financiar el Organismo Autónomo OSALAN, con 12.305.330 euros.

OSALAN
Las políticas de seguridad y salud laboral constituyen una preocupación esencial de nuestro Departamento. Creemos que nuestro deber es arbitrar los medios tendentes a la eliminación en origen o, por lo menos, reducción de las causas inherentes al medio ambiente de trabajo.

La aprobación del Plan Director de Seguridad y Salud Laboral para el periodo 2003-2006 supone la plasmación concreta de cómo actuar en la mejora de las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores/as de nuestra Comunidad. Para hacer frente al desarrollo de dicho plan se ha hecho una previsión de 12.933.000 euros para el 2005.

La asignación presupuestaria por capítulos refleja que el referido a gastos de personal se lleva 6.740.000 euros (el 52,12 % del total) mientras el de funcionamiento tiene asignado 3.790.000 euros (el 29,31 %). Además, las subvenciones corrientes ascienden a 2.110.000 euros (16,32 %); las inversiones reales son 225.000 euros (1,74 %) y el aumento de activos financieros llega a 66.000 euros (0,51 %).

Las actuaciones que, a grandes rasgos, desarrollará el organismo son:

-Realización de Cursos de Prevención de Riesgos Laborales dirigidos a trabajadores del sector de la construcción por un importe de 720.000 euros.
-El establecimiento de una Campaña de Prevención en Riesgos Laborales, con un incremento de las actuaciones tal y como señala el Plan director, que contarán con 450.000 euros.
-La realización de Estudios e Investigación por un importe de 90.000 euros.
-Actuaciones de conservación y reparación de los diferentes Centros de Seguridad y Salud por importe de 300.000 euros.
-Y el establecimiento de 7 becas en materia de prevención de riesgos laborales.

El programa de EMPLEO dispone de una asignación de 42 millones de euros y el 94,52 % del total se destina a subvencionar acciones marcadas en el Plan Interinstitucional por el Empleo 2003-2006. Recuerdo que en él se establece como prioridad la mejora de la ocupabilidad y el apoyo de la inserción social de los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo. Queremos además consolidar Lanbide como un nuevo modelo de acercamiento y atención personalizada de parados.

A la hora de diseñar este programa, desde un punto de vista presupuestario, hemos tenido en cuenta que el problema del desempleo ha pasado a ser de un fenómeno muy extendido que afectaba a todo tipo de perfiles socio-profesionales, a uno más restringido y caracterizado en buena medida por una problemática ligada a grupos de personas de difícil inserción laboral. Hemos considerado, por tanto, la necesidad de fijar y desarrollar políticas específicas. Nos hemos detenido en tres colectivos especialmente afectados: las mujeres, los jóvenes y los parados de larga duración. No obstante, tenemos en cuenta que existen otros colectivos con una problemática emergente y entre ellos podemos citar a los inmigrantes y a los inactivos.

En todo caso, resulta fundamental tener en cuenta esas distintas problemáticas a la hora de decidir el tipo de intervenciones que se deben poner en marcha. En el presupuesto para el 2005 se han incluido las siguientes:
-Ayudas directas a las empresas por contratación indefinida o temporal de los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo por un importe de 4.535.052 euros.
-Apoyo a la renovación de plantillas mediante la ayuda al contrato de relevo. Para ello se ha previsto un total de 12.373.716 euros.
-El fomento del reparto del tiempo de trabajo contempla una asignación de 106.355 euros.
-Los contratos que se formalicen dentro de los proyectos de Empleo-Formación contarán con 754.457 euros.
-El apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar dispondrá de 9.887.769 euros.
-Y, por último, a la financiación de la sociedad pública Egailan se destinarán 6.441.101 euros.

EGAILAN
El presupuesto para la sociedad pública Egailan ascenderá a 6.633.962 euros de los cuales, como hemos visto anteriormente el Departamento aportará 6.441.101 euros. Si analizamos el presupuesto de esta sociedad observamos que se han reducido al máximo los gastos corrientes correspondientes a Egailan y sus anteriores proyectos, destinándose ahora todo el gasto e inversión a la puesta en marcha y mantenimiento de Lanbide.

Obviamente, hay partidas que crecen de manera considerable ya que están directamente relacionadas con la apertura de 3 oficinas y puesta en marcha del servicio. La más importante es, sin duda, la que afecta a gastos de personal puesto que hablamos de 15 personas necesarias para el funcionamiento de las nuevas oficinas. Mantener los locales implica igualmente un aumento del gasto. Se deben considerar también las importantes inversiones que en material informático se requieren para la puesta en marcha del servicio y que ascenderán a 756.800 euros.

El programa de FORMACIÓN responde a los principios recogidos en el Plan Interinstitucional para el Empleo. Esto es, debe acompañar a los/las desempleados/as de forma integral en su proceso de búsqueda de empleo y cualificar a quienes tengan una formación insuficiente o inadecuada ante las demandas del mercado de trabajo. También tiene que ayudar a los jóvenes a conectar con el mundo del trabajo y fomentar nuevos métodos de lucha contra la discriminación y desigualdades con el mercado de trabajo. La dotación del programa asciende a 21 millones de euros, y el 96,89 % de ellos se destinan a subvenciones corrientes dedicándose el resto a gastos de personal.

Se contemplan las siguientes actuaciones:

-Ayudas de Orientación para el Empleo a entidades colaboradoras por un importe de 3.009.160 euros. Estas entidades y los servicios propios del Departamento, conforman la Red Vasca de Orientación para el empleo.
-A las acciones de prescripción de recursos que mejoren la ocupabilidad (formación practicas, etc,) se dedican 11.144.100 euros.
-Al impulso de proyectos de extensión de la cultura emprendedora y de formación de emprendedores se destinarán se 1.144.000 euros.
-La iniciativa EQUAL tienen consignados un total de 3.304.400 euros.
-Las ayudas a asociaciones empresariales y organizaciones sindicales para el desarrollo de planes formativos son de 1.340. 600 euros.
-Y, para finalizar, el apoyo a las Junior-Empresa dispondrá de 100.000 euros.

El programa de ECONOMÍA SOCIAL cierra esta área de empleo y en las cuentas del 2005 se le asignan 6 millones de euros de los que 3,3 (el 57,71%) son trasferencias corrientes mientras a las operaciones de capital se les asigna 1,9 millones de euros (32,7 %). El restante 9 % corresponde a gastos de personal y funcionamiento. Entendemos que la actividad de la Administración Pública en materia de fomento de la Economía Social debe de ser singularmente flexible. Hay que tener en cuenta las características del sector, evaluando de manera constante sus necesidades y adaptando, en consecuencias, su actividad.

El Departamento ha analizado este programa, conformado por una batería de ocho tipos de intervención pública, y lo ha contrastado con la opinión de expertos que formaron en su momento un grupo de trabajo, así como con el propio movimiento cooperativo vasco. En función de todo ello, se ha considerado prioritario centrarse durante 2005 en el apoyo a la promoción de nuevas empresas de Economía Social para lo que se dedicarán 1.893.859 euros.
Lógicamente, no sólo se trata de crear cooperativas y sociedades laborales, sino de consolidar empresa y puestos a través de la formación, dotada con 1.169.570 euros. La asistencia técnica contará con una partida de 790.509 euros y la intercooperación asociativa con 322.338 euros. Además, la intercooperación económica cuenta con una asignación de 252.000 euros y la participación efectiva del trabajador en la gestión y dirección de la empresa se dota con 630.008 euros.

ÁREA DE INSERCIÓN SOCIAL

Es el área “estrella”. La financiación del conjunto de servicios de inserción social y familia contará con 196 millones de euros de los 399 destinados al Departamento.

A la hora de establecer el reparto de los créditos disponibles se ha apostado por reforzar la Renta Básica y las AES. Considero de interés reseñar que la cuantía de la Renta Básica será la necesaria para garantizar unos ingresos que supongan el 84,5% de la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional, establecido en el artículo 4 del Real Decreto Ley 3/2004. Quiero señalar que esta norma reconduce el SMI al ámbito socio-laboral y crea un nuevo indicador denominado Índice Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para asumir las funciones que fuera del ámbito socio-laboral venia cumpliendo el SMI.

Pues bien, este Departamento se reafirma en mantener como referencia para el cálculo de la Renta Básica la cuantía del SMI establecida en el Real Decreto. Como tal decisión requiere, según la norma, de un pronunciamiento expreso del normador autonómico, es por ello por lo que se ha incluido un artículo específico en la Ley de Presupuestos para el 2005.

He considerado necesario dar estas explicaciones para una mayor claridad de nuestra actuación. Quiero también precisar que las dos líneas de ayudas atenderán a 37.500 perceptores de RB (son 29.800 en el 2004) y 23.500 de AES (se asiste a 20.000 este año), lo que supone una aportación del Departamento de 159 millones de euros. En cualquier caso, debe quedar claro el carácter ampliable de ambas líneas de ayuda y que en el caso de la Renta Básica no tiene límite presupuestario, siendo por tanto susceptible de adaptarse a las necesidades que se generen en el ejercicio.
Por lo que se refiere a la protección a la familia, asignamos 18,8 millones de euros para el año próximo. Se mantendrán las ayudas a las familias con hijos e hijas así como los programas y actividades orientadas a sensibilizar y divulgar la necesaria conciliación de la vida laboral y familiar y una cultura social de apoyo a la familia y sus necesidades.

El 98,43 % del programa, son subvenciones corrientes. La radiografía es la siguiente:

1.-Renta Básica con una asignación de 134.000.000 de euros ampliables. Esto supone, en términos absolutos, un aumento en esta partida de 30,6 millones de euros. Así hemos pasado de una cuantía de 426,38 euros mensuales en el año 2003, a 435,17 euros en el 2004, con la previsión de alcanzar los 502,78 euros en el 2005. (en el caso de un único perceptor).

2.- Ayudas de Emergencia Social con un presupuesto de 25.000.000 ampliables a 30 millones.

3.- En coherencia con lo que contempla el Plan de Inserción Social 2003-2005, se presupuestan 4.415.700 euros para refuerzo de los Servicios Sociales de base. No hay que olvidar que la vertebración de las políticas de inserción social gira, en buena medida, en torno al convenio de inserción, negociado a través de estos servicios y las personas destinatarias.

4.- El programa Auzolan está dotado de 7.820.000 euros y las Empresas de Inserción dispondrán de 2.967.329 euros.

5.- Los convenios para Prevención e Inserción Social contarán con 1.214.000 euros. Se trata así de fomentar programas gestionados por entidades no lucrativas y por los propios ayuntamientos a fin de dar contenido a los convenios de inserción.

6.- Por último, la partida que recoge las ayudas a familias con hijos e hijas asciende a 17.578.373 euros y se estima que unas 13.000 familias podrán beneficiarse de ellas.

ÁREA DE ESTRUCTURA Y APOYO

El área de Estructura y Apoyo, la última de las áreas departamentales, tiene asignados unos recursos de 6,7 millones de euros. Sus actividades y funciones constituyen la base sobre la que desarrollar todas las actuaciones del Departamento. Los gastos de personal ascienden a 3,2 millones mientras los de funcionamiento se fijan en 2,8 millones de euros. Este montante se destina a campañas de difusión y promoción de las distintas áreas, elaboración de publicaciones, realización de estudios estadísticos y mantenimiento de equipos informáticos. La dotación de 361.000 euros que recoge el epígrafe de inversiones está destinada a la adquisición de equipos y desarrollos informáticos.

MATERIAS FINANCIADAS Y NO TRANSFERIDAS:
EL PRECIO DE” LA NO EUSKADI”

El Gobierno Vasco se comprometió en el 2002 a realizar una consignación presupuestaria del gasto en materias que, siendo competencia reconocida en el Estatuto, no han sido traspasadas y que, sin embargo, son financiadas con cargo a los presupuestos de la CAPV. El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social cumple con este compromiso y valora en 62.198.410 euros lo que se prevé gastar en competencias no trasferidas a lo largo del 2005.

Ustedes saben, porque lo hemos denunciado con regularidad, que se nos están hurtando instrumentos claves de gestión. La decisión política de los sucesivos Gobierno centrales a la hora de incumplir de manera sistemática una Ley Orgánica como es el Estatuto tienen que ser forzosamente compensada, con otra decisión – y esta si que es legal- como la de asignar recursos a materias de importancia clave para los ciudadanos. En ningún caso podemos considerar que estas actuaciones, que suponen un esfuerzo financiero, colman la justa exigencia de los traspasos pendientes. Tenemos que asumir nuestras competencias y decidir sobre ellas.

Los recursos para financiar estas materias se distribuyen entre Empleo, (el total del programa), con 41.965.922 euros; Formación, (el total del programa excepto la partida destinada a subvencionar a las organizaciones sindicales y empresariales), con 19.822.488 euros, y Justicia, (Turno de asistencia legal penitenciaria e Intervención social penitenciaria), con 410.000 euros.

CONCLUSIÓN

Concluyo mi exposición reiterando el deseo que les he confesado al iniciar mi comparecencia: que se involucren en el análisis y en el debate del proyecto, que participen con sus enmiendas y aportaciones. Yo estoy interesado en escucharles y celebraría que pudiéramos aprobar unas cuentas que afianzan la cohesión y la integración social.No se trata de buenas palabras. Son los números los que confirman que el gasto de la CAPV en protección social es más de un 20 % superior que la media estatal. Les cito el incremento de la Renta Básica, que en el 2005 quedará establecida en el 84,5% del SMI o el aumento en la partida de las AES, hasta un 25 %. Tengan en cuenta que nuestra opción de referencia en el cálculo de la RB es el nuevo SMI y no el IPREM.Hemos apostado, y el presupuesto lo ratifica, por políticas basadas en la justicia y en la solidaridad. Sabemos que el desarrollo no consiste sólo en exhibir las mejores y mas competitivas cifras macroeconómicas, sino en transformar la sociedad, en lograr que los derechos sociales alcancen a toda la ciudadanía, en trabajar contra la desigualdad y la discriminación. Nuestra Departamento contribuye a posibilitar el acceso de los ciudadanos a una vida digna, autónoma y de calidad. Tenemos muy claro que no hay construcción nacional posible sin construcción social y consideramos una prioridad política poner los medios precisos para luchar contra le exclusión y mejorar la vida de los más desfavorecidos. Aludimos a la realidad. Son 37.500 perceptores de Renta Básica, 23.500 de AES y 13.000 familias que reciben ayudas a la crianza de sus hijos e hijas. De todos modos, no caemos en la complacencia. Sabemos que la tarea pendiente es mucha, pero, en todo caso, creemos que el presupuesto que les acabo de presentar nos permite actuar de manera responsable en la mejora del servicio público de la justicia, en la lucha contra la exclusión y en la generación de empleo.

Fuente: Joseba Azkarraga