Presentación del Decálogo de Derechos Humanos y Sociales La reunión que hoy hemos mantenido diferentes cargos políticos, cargos públicos e institucionales de nuestro partido, responde a un propósito muy concreto. Delimitar las grandes prioridades de Eusko Alkartasuna de cara a su acción política en las instituciones donde estamos representados.

Nuestra reunión ha girado en torno a un eje central, que podíamos resumir en dos conceptos: Soberanía y bienestar. O, si se prefiere, soberanía y estado del bienestar. Dos conceptos, creo que es necesario decirlo, absolutamente hermanados e íntimamente conectados.

Y lo decimos porque es bastante frecuente, sobre todo cuando llega la hora de que los ciudadanos juzguen con su veredicto en las urnas lo que ha hecho cada cuál, que desde determinados ámbitos políticos, nada desinteresados en muchos casos, se insista en presentar como antagónicos estos dos conceptos que, a nuestro juicio, no son sino las dos caras de una misma moneda.

No sólo eso. Históricamente, se demuestra que cuanto mayor es la cota de autogobierno, es decir, el grado de soberanía, mayor es también el nivel de bienestar del que la sociedad vasca goza. Creemos que debemos hacer llegar a la sociedad este mensaje, para contrarrestar tanta falacia y tanto estudio trucado. Queremos contar con mayor autogobierno, más soberanía, para tener así los instrumentos necesarios para ser aún más eficaces de lo que lo somos en la resolución de asuntos cotidianos, tangibles, palpables… para la ciudadanía.

La principal conclusión que compartimos todos los cargos de Eusko Alkartasuna que nos hemos dado cita hoy aquí es, en pocas palabras, es la siguiente: No concebimos una construcción nacional que no sea en simbiosis con una construcción social.

Y creemos que, desde las instituciones donde gobernamos o ejercemos labores de oposición, lo venimos demostrando en el quehacer diario. En concreto, y ciñéndonos en este caso al Gobierno Vasco, pese al flagrante incumplimiento por parte de los sucesivos gobiernos españoles de la ley, de las competencias que esa ley nos otorga, la CAPV ha seguido avanzando en esa prioridad que constituye para nosotros mejorar las cotas de bienestar y justicia social, en las que, permítanme que lo diga tan francamente, sacamos cabezas de ventaja al resto del Estado. Baste un par de botones de muestra:

1.- El gasto del Estado español en protección social por habitante en 1999 fue de 2.858 euros, mientras que el de la CAPV, de 3.479 euros. O sea, una cuarta parte más.

2.- El gasto público contra la pobreza en Euskadi quintuplica la media española.

Nuestra labor desde el Gobierno Vasco en el terreno de las políticas que conciernen a los derechos humanos y sociales ha propiciado que nuestras tasas de pobreza grave se sitúen entre las de los países más avanzados de Europa. Fíjense: un reciente estudio elaborado por la prestigiosa doctora y experta en esta materia, María Martínez Torres, constata que no existe ninguna variable socioeconómica que explique las diferencias sustanciales que se aprecian entre las rentas mínimas de las autonomías, sino que es la voluntad de gobernantes y ciudadanos y ciudadanas el factor clave a la hora de definir la magnitud de las prestaciones contra la pobreza.
Y no sólo eso. Destaca también este estudio el caso vasco como “singular”, “con un mayor gasto por habitante y una mayor cobertura de la población pobre, en un contexto de rentas altas y baja desigualdad”.

En suma, la Euskadi que queremos construir, al menos esa Euskadi soberana y justa por la que apuesta Eusko Alkartasuna, es una Euskadi del bienestar, de la solidaridad, de la justicia social, del reparto equitativo de la riqueza que generamos.

La Euskadi que atiende y quiere recuperar socialmente a aquellas personas, aquellos sectores, más desfavorecidos. Ésa es una de nuestras grandes prioridades y, por qué no decirlo, uno de nuestros grandes retos.

En esas coordenadas, Eusko Alkartasuna ha querido dar un paso, un paso importante desde el punto de vista del compromiso y la responsabilidad. Por eso, en esta reunión se ha decidido elaborar un DECÁLOGO DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES. Diez “mandamientos” que todas y todos los cargos de Eusko Alkartasuna nos comprometemos a defender, cada uno en su propio ámbito de responsabilidad política o institucional.

Un decálogo que recoge, a nuestro juicio, los derechos que consideramos más irrenunciables desde el punto de vista de las políticas pacifistas y progresistas que inspiran nuestra acción política. En una doble dimensión: la de los derechos humanos y la de los derechos sociales, como verán, recogidas en esta declaración.

En ese listado se recogen, como digo, elementos básicos e intocables para garantizar que el progreso y el bienestar de la sociedad no sea en realidad el progreso y el bienestar de unos pocos, sino el progreso y el bienestar de todos y todas. Sin resquicios para la exclusión de nadie.

El progreso y el bienestar edificados sobre el respeto a la vida de las personas. A su dignidad. A su integridad física. A su libertad de pensamiento y de expresión.

Un progreso y un bienestar que no dejen en el arcén a quienes están, por edad, fuera del sistema productivo, sino que les garantice una vida digna, antes o después de su etapa de cotización.

Un progreso donde el trabajo sea no sólo un deber, sino ante todo un derecho; un derecho a un trabajo de calidad para mantener una vida digna. Donde no sólo se tengan en cuenta factores importantes como la productividad, sino también que ese puesto de trabajo sea digno, de calidad, en condiciones óptimas de seguridad y salud laboral…

Porque yo, nosotros, sinceramente, no tenemos ninguna duda de que unos y otros parámetros son perfectamente conciliables, si existe voluntad para ello.

Así pues, paso a dar cuenta de esos principios, esos derechos agrupados en este decálogo que desde hoy asumimos como carta de navegación de nuestra labor en ayuntamientos, diputaciones forales, gobiernos, etc.

ENUNCIADO DEL DECÁLOGO

Los cargos políticos e institucionales de Eusko Alkartasuna, en coherencia con los valores de progresismo y justicia social que inspiran la acción política de este partido, se comprometen a defender, fomentar e impulsar los derechos humanos y sociales que a continuación se enumeran, en la convicción de que constituyen los pilares básicos e irrenunciables para construir una sociedad de todos y para todos:

1.- Derecho a la vida, a la integridad física y a ser protegido frente a la violencia. Es el eje básico sobre el que pivota cualquier otro derecho. Toda persona tiene derecho a la vida y a que sea respetada su integridad y su dignidad como ser humano. Y nadie, en nombre de ningún objetivo político, religioso o de cualquier otro tipo, esta legitimado para violentar este principio esencial. La protección y el amparo frente a la violencia alcanza también, desde nuestro punto de vista, a aquellas personas que son o han sido victimas de persecución, maltrato, tortura, y por supuesto, a las familias de las personas asesinadas o victimas directas de cualquier tipo de violencia.

2.- Derecho a la libertad individual y colectiva. De las personas y de los pueblos. Derecho a que las libertades y derechos humanos, políticos, sociales, económicos, culturales y lingüísticos de las personas y de las colectividades no sean vulnerados bajo ninguna circunstancia ni pretexto.

3.- Derecho a la igualdad y a la no discriminación. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, nacemos iguales e igual consideración han de tener ante la ley. Toda persona debe ser protegida contra cualquier discriminación, directa o indirecta, por cualquier razón: sexo, estado civil, orientación sexual, raza, nacionalidad, lengua, cultura, religión o creencias, opción política o ideológica, discapacidad o cualquier otro motivo.

4.- Derecho a la vida familiar y a una vida privada.

5.- Derecho a una Justicia basada en el respeto a las personas, la presunción de inocencia y, por ende, contraria al uso abusivo de la prisión preventiva y absolutamente respetuosa con las garantías procesales. Toda persona encarcelada tiene derecho a ser tratada humanitariamente, con dignidad y con el objetivo de su reinserción en la sociedad de forma segura y eficaz. Es necesario un cambio radical de política penitenciaria, cuya gestión, tal y como contempla el Estatuto de Gernika, debe pasar a manos de la Administración Vasca, y ha de estar basada en criterios humanitarios y de consideración del recluso como lo que es: un ser humano privado de libertad pero no del resto de derechos que como persona le asisten.
6.- Derecho a un sistema de Seguridad Social vasco, universal y público donde todos los ciudadanos y ciudadanas, tanto cotizantes como no, estén protegidos.

7.- Derecho a un trabajo digno y de calidad, en condiciones óptimas de seguridad y salud laboral y, en consecuencia, derecho también a disponer de las competencias que en materia de regulación de las condiciones del mercado laboral nos son hurtadas por los sucesivos gobiernos españoles.

8.- Derecho a una vivienda digna y a seguir avanzando hasta desterrar de nuestra sociedad cualquier forma de exclusión social.

9.- Derecho a la Educación, la Salud y a un desarrollo sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental.

10.- Derecho a la protección de los mayores y los niños.

Fuente: Unai Ziarreta