Iñaki Cabases Hita y Javier Ayesa Dianda La nueva entrega, y van tres en esta legislatura, de propuesta de modificación de la Ordenanza Municipal del Euskera del Ayuntamiento de Pamplona, representa la más completa desnaturalización de su contenido y, con ello, de sus objetivos.

Fue desde el ámbito de Cultura del Ayuntamiento de donde surgió una Ordenanza que trataba, como su propio nombre indica, ordenar la forma de incorporar a la realidad administrativa y oficial lo que era una realidad social carente de representación y derechos. El euskera pasaba a ser considerada lo que siempre ha sido, la lengua de los navarros, y por tanto garantizándose su uso en las relaciones normales de la Administración y los ciudadanos administrados.

Evidentemente con diferentes criterios de valoración con respecto a su valoración a los efectos de condicionar su presencia y difusión, el plurilingüismo de funcionarios, publicaciones oficiales o no, etcétera. Pero con un criterio inicial de fomento que haría que cualquier evolución fuese la derivada de una realidad social culta que cada día acrecienta el valor del euskera como un elemento singular y sin parangón de nuestra cultura, cada día, afortunadamente, más solicitado en el mundo educativo y social.

A juicio de muchos, quizás de los que más han trabajado primero por su pervivencia y luego por su recuperación, el contenido de la Ordenanza adolecía de timidez y cicaterismo habida cuenta de lo que nos estamos jugando en relación con su valor patrimonial. Pero era un inicio que permitía poner en marcha lo que hasta ese momento ni siquiera se hacía.

Durante un tiempo, el del gobierno del tripartito municipal, funcionó más en unos aspectos que en otros. Se constituyeron las comisiones correspondientes, se elaboraron propuestas, se inició la publicación bilingüe pero no se alcanzó a dotar de normalidad a la convocatoria de plazas de funcionarios con conocimiento de euskera como requisito, porque se paralizó interesadamente la determinación oficial de las mismas tal como se había propuesto.

La llegada de la nueva UPN de Yolanda Barcina tanto en la pasada legislatura como, sobre todo en la actual, está significando una regresión no sólo en la aplicación de la Ordenanza sino en ella misma. Como no la cumplen, los tribunales están constantemente exigiendo su aplicación en sentencias derivadas de recursos de los representantes de ámbitos euskaldunes y de los funcionarios. Para evitarlos, tanto los recursos como las sentencias, pero, sobre todo, tener que cumplir la Ordenanza y con ello la preservación del euskera, no se les ha ocurrido otra cosa que modificarla quitando de ella todo lo que contenía de regulación para garantizar su presencia en el personal, en las publicaciones y en la toponimia.

Con el argumento de la discriminación que representa para los que sólo somos castellanoparlantes, lo eliminan de valoraciones en todos los niveles; suprimen incluso la modalidad de concurso para conseguirlo. Lo presentan, donde no les ha quedado más remedio por las sentencias judiciales, con un color más tenue para que se vea menos. Y por supuesto, para dar una imagen de cumplidores ante los tribunales, determinan que en cada área municipal haya una única plaza con exigencia de euskera que casualmente está actualmente ocupada, en general, por personas que lo desconocen.

Eso sí, salvo en el área del gabinete de Alcaldía donde no se reserva ninguna, quizás para preservar a Yolanda Barcina del contacto con él.

Todo ello, esta vez elaborado desde Presidencia. Desde Cultura municipal, a diferencia de otros momentos históricos recientes, parece que se carece de la más mínima personalidad y peso político para defender este elemento tan válido de nuestro patrimonio.

Pero, además, con un cinismo político rayando lo grotesco de tratar este ataque en toda regla al euskera como un ejemplo de defensa del mismo: ¡por fin se determinan unas plazas con conocimiento en euskera en todas* (*no han querido ni mentar el olvido del gabinete de Alcaldía) las áreas municipales para garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos! Eso sí, sin decir que lo que en 1998 se estableció como mínimo en 113, ahora se establece en 36, incluidas las obligadas por sentencias (más de la mitad) y por la propia naturaleza (los traductores).

Luego con repetir el sonsonete de que somos otros los que politizamos el euskera, creen que les vale para tratar de presentarse como los racionales en la cuestión que cumplen su primera obligación de evitar la discriminación de los castellanoparlantes.

Pero hay que oírles su inquina al hablar del euskera, incluso en los debates, como de idioma de construcción nacional para los nacionalistas vascos, acreditando con ello su escasa cultura, su capacidad manipuladora y sus raíces políticas que abonaron aquellas expresiones de la conjura judeomasónicaseparatista , etcétera.

Lo dicho, además de incultos, malos.

Más vale que “no hay mal que cien años dure (aunque alguno casi lo alcance)”. Pero va haber que trabajar duro para reparar tanto destrozo como está produciendo tal amparo de su mayoría absoluta institucional, que no social.
Fuente: Iñaki Cabases