Julio Artetxe No cabe duda de que una de las mayores prioridades desde lo público en materia laboral es el diseño y ejecución de políticas que promuevan acciones con el objeto de paliar los desequilibrios y desajustes del mercado de trabajo. Esto que podía parecer tan evidente no lo es tanto si nos fijamos por ejemplo en que la Unión Europea no ha comenzado a tratar con seriedad este tipo de preocupaciones hasta finales de los 90, a partir del Tratado de Amsterdam (1997) y la puesta en marcha de la Estrategia Europea de Empleo (EEE), donde comienzan a fomentarse la utilización de políticas activas (denominadas así por su carácter anticipador) en detrimento de las, hasta entonces predominantes, políticas pasivas, cuyo resultado final busca ser más balsámico que resolutivo.

Estos desequilibrios obligan a las Administraciones Públicas y a la Sociedad en general, a explorar todas las posibilidades de corregir, con criterios de eficiencia y sostenibilidad, dichos desequilibrios a partir de intervenciones desde el exterior del propio mercado.

Precisamente es en este contexto donde se justifica lo imprescindible de la elaboración de políticas activas.

A falta de una mayor actuación a nivel intereuropeo, este esfuerzo le está correspondiendo a las administraciones estatales, autonómicas y locales. Esta situación, que se agrava en el caso de Euskadi debido a la negativa del Gobierno central a transferir al Gobierno vasco las políticas activas de Empleo, conlleva un plus de responsabilidad a favor de la coordinación interinstitucional en el diseño de estrategias comunes (definición de objetivos y diseño de líneas de acción), la coordinación de la actuaciones y el seguimiento de su aplicación y la evaluación de los resultados alcanzados. En este sentido observamos desde Diputación con enorme entusiasmo la puesta en marcha por parte del Departamento de Empleo del Gobierno vasco del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, por lo que va a suponer en un primer momento mediante actuaciones de información, orientación y prescripción, para la reducción de la brecha entre puestos vacantes y personas en busca de empleo.

Parece evidente que los objetivos en primera generación deben ir orientados hacia el aumento de la empleabilidad, mediante la reducción del desempleo juvenil, del de larga duración, el impulso del empleo femenino y de las personas mayores de 55 años años; y, sobre todo, en el contexto actual, hacia la mejora en la calidad y sostenibilidad (más que estabilidad que es un término muy manoseado) de los empleos.

Para ello, hay que actuar, siempre partiendo de la base de la coordinación interinstitucional para optimizar las acciones, con planteamientos que intervengan en los sistemas de protección social, regímenes fiscales y sistemas de formación, potenciar políticas para prolongar la vida activa desarrollando las competencias para el nuevo mercado de trabajo en el contexto de la formación a lo largo de toda la vida, fomentar la adecuación del puesto de trabajo a la persona, luchar contra la discriminación, promoviendo la integración social mediante el acceso al empleo, innovar con nuevas posibilidades de empleo en la sociedad basada en el conocimiento y sus servicios. Es imprescindible reforzar la política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres combatiendo los desequilibrios y compaginando el trabajo y la vida familiar. De igual forma, es imprescindible potenciar el espíritu empresarial y la creación de empleo facilitando la creación y la consolidación de las empresas como motor de la generación de empleo sostenible. Es nuestro reto, el de toda la sociedad, y para ello hemos de trabajar con inteligencia, tanto aquí, en Euskadi, como a nivel internacional.

Julio Artetxe Barkin es diputado de Empleo y Formación de la Diputación foral de Bizkaia
Fuente: Julio Artetxe