El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, ha iniciado hoy su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Parlamento Vasco refiriéndose al “inequívoco compromiso en la defensa y respeto de todos los derechos humanos, libertades civiles y políticas del Gobierno”; y ha destacado su voluntad y la del Departamento que dirige en “trabajar durante esta legislatura en el fortalecimiento de la Justicia”..

Azkarraga al comienzo de su intervención ha expresado su apoyo a “jueces y juezas, magistrados y magistradas, fiscales, secretarios… que con profesionalidad y compromiso ejercen sus funciones en Euskadi.” Y ha recordado que continuará denunciando toda vulneración de derechos, “sea quien sea la víctima y cometa la tropelía quien la cometa, porque en ello está comprometida nuestra solidaridad y nuestro futuro”, ha dicho Azkarraga.

SITUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y PROGRAMAS DE MODERNIZACION

El Gobierno Vasco recibió la competencia de medios materiales en 1987, que se completó en el año 1.996 con la del personal al servicio de la Administración de Justicia, y ya entonces adoptó la decisión estratégica e inalterable de invertir en Justicia.

Fruto de ese compromiso, la administración de Justicia en Euskadi es un referente en el Estado y fuera de él en materia de planta judicial, edificaciones, informática, nuevas tecnologías y de coordinación para la puesta en marcha de cualquier reforma legal.

Sus Señorías conocen que la reforma de la LOPJ ha posibilitado la ampliación de competencias de las Administraciones en el diseño, organización y funcionamiento de los nuevos servicios comunes de apoyo a jueces y magistrados. Les anuncio que el Departamento se propone aprobar el Plan organizativo de las Oficinas Judiciales y presentarlo a esta Cámara dentro del año 2006.

Este plan estará basado en la especialización y agrupación de funciones y en la racionalización del servicio, introduciendo elementos de evaluación y dirección.

Adelanto, también, que un instrumento básico de la reforma organizativa lo constituye la Relación de Puestos de Trabajo del personal transferido. Esto, que es común en el conjunto de Administraciones, resulta inédito en la Administración de Justicia, lo que va a exigir una negociación intensa con las organizaciones sindicales. Puedo confirmar que recientemente hemos retomado el diálogo y que nuestro propósito es encontrar un equilibrio entre las reivindicaciones que se plantean y los requerimientos de la función pública.

Vamos a continuar con la aplicación del III Plan de Informática y Telecomunicaciones mientras se aborda, a partir del año próximo, el que será ya un IV Plan. Trataremos con él de afianzar la aplicación Justicia.net, como portal de servicios interactivos y se buscará la mejora de Justicia.bat, para apoyar a la nueva organización y al bilingüismo en la Justicia.

Trabajamos para introducir el expediente electrónico judicial e incorporar, en colaboración con Izenpe, la firma electrónica avanzada, de modo que la relación de Abogados y Procuradores con los juzgados se produzca en tiempo real y con una mayor garantía en la tramitación de los procesos, acortando plazos y trámites.

Igualmente, y aunque en su globalidad el plan de sedes judiciales se da ya por concluido, con una inversión que supera los 180 millones de euros, están previstas diversas actuaciones en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa y en los Palacios de Justicia de Azpeitia, Bergara y Getxo.

Aprobaremos medidas para promover la formación de jóvenes vascos en las oposiciones de acceso a la carrera judicial, fiscal, de secretarios judiciales y de médicos forenses, favoreciendo su estabilidad en Euskadi. También nos proponemos potenciar la formación del personal de las Oficinas Judiciales.

Consideramos importante continuar con estas políticas aun cuando sabemos, coincidiendo con lo manifestado por el presidente del Tribunal Superior del País Vasco al presentar la Memoria Judicial de 2004, que gozamos de una correcta cobertura de los juzgados en Euskadi y que hay estabilidad de jueces. El porcentaje de los que concursan es similar al de otras comunidades, como por ejemplo Catalunya, y, además, los concursos están ligados al retorno a sus lugares de origen o a razones de promoción profesional. Dejo constancia de que algunos jueces que se fueron hace tres años han retornado al País Vasco o están a la espera de poder hacerlo, pues ahora no hay apenas vacantes.

Se ampliará el programa de los denominados “itinerarios didácticos” de los adolescentes en los juzgados (en 5 años han participado más de 18.000 estudiantes) y el servicio de las oficinas de información al público, que el pasado año atendieron más de 200.000 consultas.

Continuaremos con la formación de los operadores judiciales y jurídicos. De hecho, durante el 2004 han asistido a cursos programados por la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia 500 jueces y personas vinculadas a las temáticas de cada uno de los cursos; 223 fiscales y secretarios y 1.457 abogados y abogadas.

No nos olvidamos de la Justicia de Paz que también será otro ámbito prevalente de actuaciones. Se trabaja en la elaboración de un programa de gestión específico y en su incorporación dentro del Plan Organizativo de la Administración de Justicia.

Igualmente, nos proponemos reforzar la calidad y agilidad de respuesta en la asistencia jurídica gratuita.

CONSEJO JUDICIAL VASCO

La decidida apuesta del Gobierno por invertir en Justicia ha demostrado nuestra convicción de que la Administración de Justicia, como el resto de los servicios públicos, debe servir a los derechos de los ciudadanos de la sociedad vasca. Y para hacerlo en las mejores condiciones es preciso, según criterio del Gobierno, que se materialice ya la descentralización pendiente del Poder Judicial.

Resulta anacrónico que a estas alturas se cuestione la necesidad de acomodar la Administración de Justicia a una realidad territorial que contempla poderes ejecutivos y legislativos en las diversas Comunidades Autónomas. El Estado Autonómico, en teoría plurinacional, no ha completado su desarrollo y urge ya que lo haga.

Entiendo que una de las tareas durante la legislatura ha de ser la de reflexionar y dar forma a un Consejo Judicial Vasco – tampoco creo que la denominación sea lo esencial—al que le corresponda el Gobierno del Poder Judicial en el ámbito de la CAV.

Sus señorías conocen que esta reflexión se suscitó la pasada legislatura durante el debate de la propuesta de nuevo Estatuto, que resultó aprobado por esta Cámara el pasado 30 de diciembre. Otras Comunidades que en estos momentos trabajan o ya lo han hecho en la revisión de sus Estatutos abordan también la cuestión, porque se asume que no es un tema cerrado.

En estos momentos, sólo un sector muy determinado se cierra en banda al debate sobre los consejos judiciales autonómicos y sobre la definitiva conversión de los Tribunales Superiores de Justicia en la última instancia procesal, de modo que se reserve al Supremo la unificación de doctrina.

De hecho, el Ministerio de Justicia aprobó el pasado 15 de julio un anteproyecto por el que se reforma la Ley orgánica del Poder Judicial para dar cabida a que los Tribunales Superiores de Justicia acojan la segunda instancia penal, la casación y revisión del derecho foral y autonómico. Se trata de un paso en la dirección correcta aunque insuficiente.

También el Ministerio ha planteado otra iniciativa en forma de anteproyecto para descentralizar el Consejo General del Poder Judicial a favor de las Salas de Gobierno (denominadas Consejos de Justicia). Desde nuestra perspectiva esta reforma es notablemente corta e insuficiente y se trata de una simple delegación de competencias (no desconcentración) que queda al albur de la decisión del CGPJ. Además, requiere para su efectividad que se encuentre previsto en el Estatuto de Autonomía, lo cual conlleva necesariamente la reforma estatutaria.

Esperamos y abogamos para que desde el Ministerio de Justicia se abra un auténtico debate participativo que permita asentar auténticas bases de descentralización de la Administración de Justicia. Así se lo hemos hecho saber en la conferencia sectorial celebrada el pasado 28 de julio.

El Departamento promoverá una reflexión sobre el modelo de Justicia con el objetivo de que en ella participen todos los colectivos afectados, como son los jueces, abogados, sindicatos… y en general todos los que intervienen en la Administración de Justicia. Esta iniciativa forma parte de los compromisos del programa de Gobierno. Creemos que su aportación será importante para el trabajo político que nos corresponde realizar en torno al futuro de nuestro autogobierno.

EUSKERA

Nuestra determinación es también inequívoca para adoptar medidas de normalización lingüística en la Administración de Justicia. Porque siendo cierto que la Ley de Normalización del uso del euskera reconoce (art.9) el derecho de todo ciudadano a utilizar la lengua oficial de su elección en las relaciones con la Administración de Justicia, el desconocimiento de la lengua por parte de los distintos operadores judiciales imposibilita, de hecho, el ejercicio de ese derecho con plenas garantías. Se cuenta, por supuesto, con un servicio de traductores, pero no podemos ignorar que la misma traducción ralentiza el proceso e interfiere en la comunicación.

Es la LOPJ la que valora el euskera como “mérito profesional” y no como un requisito. La experiencia nos demuestra que esta ausencia de obligatoriedad constituye una fuente de problemas pues no sirve para el objetivo que dice perseguir. La aplicación del mérito en lugar de potenciar la disponibilidad de jueces bilingües en entornos territoriales euskaldunes tiene como efecto paradójico que se utilice para la promoción profesional.

También es de todos conocido que la concepción del poder judicial como único y unitario impide que el conocimiento del idioma reconocido oficial sea una exigencia para los jueces destinados en la CAV. Igualmente, sabemos que se incumple la obligación, reconocida en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, de publicar las leyes de ámbito estatal en las lenguas regionales, lo que supone una fuente de inseguridad jurídica, ya que la interpretación de textos puede dar lugar a confusión si no existe uno expresamente homologado.

Les refiero estas cuestiones porque son parte de la realidad ya que, además, el proceso de promoción del euskera en la Administración de Justicia ha sido más tardío que en otros ámbitos de la Administración Pública. Entiendo que ha sucedido así porque hablamos de un ámbito de especial complejidad y en el que el Departamento, el Ministerio de Justicia, y el Consejo General del Poder Judicial ejercen respectivas competencias.

No obstante, sí quiero resaltar que se han desarrollado un número importante de actividades de cara a garantizar los derechos lingüísticos y ahora nos disponemos a dar un nuevo impulso en esa vía.

En coherencia con el Decreto 117/2001 de 26 de junio, que ha supuesto el principal hito para la normalización lingüística en la Administración de Justicia, continuaremos con los cursos de capacitación lingüística.

Sus señorías conocen que este decreto fue recurrido por el Gobierno central y estuvo suspendido durante 18 meses. Levantada la suspensión, estamos desarrollando planes individualizados de formación.

En este momento hay implantadas experiencias de uso del euskera en 30 juzgados de la Comunidad (20% del total) y en 68 juzgados de Paz (25%). Es un dato relevante que en 2000 el presupuesto dedicado a normalización lingüística fue de 190.000 euros, mientras que en 2004 el montante ha sido de 1.337.000 euros.

Para afianzar la normalización del uso del euskera en la Administración de Justicia y dotar a dicho proceso de la normativa que sirva para ordenarlo con visos de estabilización nos proponemos adoptar las siguientes iniciativas:

1.- Aprobaremos el próximo año un nuevo decreto de normalización lingüística que sustituya al 117/2001. En el se recogerán

Les anuncio que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en fase de elaboración, llevará la consiguiente asignación de perfiles lingüísticos en concordancia con los criterios de planificación lingüística de la Administración Vasca.

2.- Tras la aprobación del Decreto elaboraremos un Plan sectorial de Normalización de la Administración de Justicia y los correspondientes Planes de Uso.

3.-Profundizaremos también en los programas de sensibilización y nos proponemos dar nuevos pasos en convenios de euskaldunización con el Ministerio de Justicia, CGPJ y otras instituciones competentes.

MEDIACIÓN PENAL

Un objetivo prioritario del Departamento es cooperar con la Administración de Justicia para hacer evolucionar el sistema penal hacia la humanización y adecuación a las necesidades de las personas. En ese sentido la mediación penal es un instrumento clave.
Como ustedes conocen, aludo a un mecanismo que se puede considerar en parte alternativo y en parte complementario al procedimiento penal tradicional. Consideramos que la mediación constituye un modo idóneo para lograr una reparación que la propia víctima pueda valorar subjetivamente como satisfactoria. A partir de marzo de 2006, en la medida en que los Estados incorporen la normativa europea, la mediación se convertirá en obligación jurídica al pasar a formar parte del ordenamiento, habrá que dar los pasos necesarios para que la Administración de Justicia en la CAV se encuentre preparada para abordar el reto.

JUSTICIA JUVENIL

El Departamento afronta ya las actuaciones contempladas en el Plan de Justicia Juvenil 2004-2007.
Como sus señorías conocen, el Plan marca las líneas estratégicas y objetivos en el ejercicio de una competencia exclusiva. Las medidas que corresponde ejecutar a la Administración Pública Vasca son el internamiento, el tratamiento ambulatorio, la asistencia a un centro de día, la permanencia domiciliaria o en un centro de fin de semana, la libertad vigilada, la convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, las prestaciones en beneficio de la comunidad y las tareas socioeducativas.

Entre las actuaciones previstas podemos señalar como más destacada la que afecta a la plena disposición de la red de centros educativos para cumplir las medidas de internamiento, alcanzando un total de 84 plazas. Para ello se culminarán las obras de reforma y acondicionamiento de los centros de Landa (2006) y Mendixola (2007), además de incorporar al total de la plantilla al centro de Zumarraga.

Los datos y estadísticas que manejamos nos permiten afirmar que el número de plazas será el adecuado para un funcionamiento diligente y satisfactorio de las demandas judiciales en todos los tipos de internamiento, así como en permanencias de fin de semana. También estimamos que se va a reducir a la mínima expresión el tiempo que media entre la orden de ejecución de una sentencia dictada por un juzgado y su materialización.

Procederemos a la firma de convenios de colaboración con administraciones municipales y entidades sociales -como Cáritas, Cruz Roja, Merkadeko, Gao Lacho Drom, o Zuzenak- de cara a ejecutar la medida de prestación en beneficio de la comunidad. Se trata de crear una amplia red de posibilidades y acentuar el aspecto educativo de la medida.

Potenciaremos, además, los programas de mediación, conciliación y reparación extrajudicial como instrumento válido para la responsabilización de los y las adolescentes que entran en contacto con la Administración de Justicia.

POLITICA PENITENCIARIA

El ejercicio de la competencia en materia de Justicia Juvenil nos ha permitido demostrar eficiencia para ejercerla. Creo que nuestro modelo es puntero y está respondiendo con solvencia a las necesidades lo que demuestra, también en esta área, la importancia del autogobierno en beneficio de los ciudadanos.

Y lo recuerdo porque estoy obligado a lamentar y denunciar la forma en la que el Gobierno del Estado nos hurta el ejercicio de una competencia reconocida en el Estatuto de Autonomía como la referida a la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones penitenciarias (Art. 10 ).

Se debe dejar muy claro que jamás han existido dudas de que la competencia corresponde a la CAV. Los sucesivos Gobiernos del Estado han venido demorando el traspaso hasta llegar al día de hoy. Y nosotros pensamos que negar el traspaso es un ejercicio solemne de hipocresía política.

A pesar de ello, y en un ejercicio de responsabilidad, el Gobierno Vasco está preparado para asumir la competencia.

El Departamento ha venido trabajando la materia. Nos hemos puestos en contacto con la realidad penitenciaria de distintas países, hemos dialogado con las diversas Administraciones y se han realizado estudios, análisis e informes. Todo ello con el objetivo de disponer de elementos de juicio suficientes para elaborar un modelo propio.

El proyecto está concluido y compareceré de forma expresa ante ustedes para dar cuenta detallada de sus consideraciones y conclusiones.

Les confirmo que este Gobierno continua comprometido con los diferentes programas que en el ámbito de la Sanidad o la Educación ya están en macha dentro de las prisiones situadas en la CAV. Es una política basada en nuestro convencimiento de que el trato con los presos debe basarse en el escrupuloso respeto a los derechos humanos y orientarse a la reinserción y resocialización.

Desde esa perspectiva, el Departamento entiende que reclamar de nuevo el acercamiento de los presos vascos a los centros de Euskadi o de su entorno no es un planteamiento baldío. Cualquier Administración responsable y que se afirme respetuosa con los derechos de los ciudadanos, incluidos aquellos que están privados de libertad, no puede consolidar situaciones de flagrante injusticia e incumplimiento de las normas y recomendaciones internacionales.

Por ello entendemos que no hay argumentos para discutir que el alejamiento constituye una penalización innecesaria, más que para los presos para sus allegados. Se trata de un castigo añadido a la pena que sufren de forma muy directa las familias y que responde a una decisión política que contraviene toda la reglamentación sobre el cumplimiento de penas en el lugar más próximo a la residencia de los reclusos.

El Gobierno Vasco apuesta por una humanización de la política penitenciaria. Los planteamientos de esas caracteristicas sólo fomentan sentimientos de odio y situaciones de injusticia que en nada favorecen la convivencia.

En este sentido, el Departamento propiciará medidas para que los reclusos desplazados de su entorno social puedan mantener el contacto con sus allegados.

Quisiera en estos momentos aludir a la orden del Gobierno (30 de julio de 2003) que ha regulado la concesión de ayudas para subvencionar los desplazamientos de familiares de presos que cumplen condena en centros situados fuera de la comunidad.

Sus señorías conocen que el pasado abril, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decidió anular la orden. El Departamento ha interpuesto el consiguiente recurso de casación y estamos a la espera de la resolución que adopte el Tribunal Supremo, decisión que en éste como en todos lo casos, acataremos.

Sin embargo, quiero hacer varias precisiones porque el tema ha suscitado en otras ocasiones debate en esta Cámara y hay quien, aferrándose a él, ha practicado una demagogia barata.

Por eso, entiendo que lo primero es dejar claro que la orden ha regulado la concesión de ayudas para aquellas familias que, en situación de debilidad económica, se han visto obligadas a los gastos extraordinarios que originan traslados para mantener el contacto con sus allegados en prisión.
Además, y aunque la resolución judicial ha estimado la existencia de una invasión de competencias del Estado, con la que discrepamos, también ha dejado claro que el programa de ayudas no pone en peligro alguno la política antiterrorista del Gobierno del Estado. Es más, el propio Tribunal recogió en la resolución del pasado abril que no ha discutido la legalidad de ayudas semejantes fijadas por los Ayuntamientos dentro de sus fines de asistencia social.

Lógicamente, y como siempre ha hecho el Gobierno y el Departamento al que represento, ajustaremos la normativa para que se adecue siempre a la legalidad. De todos modos, hay que subrayar que lo que se ha puesto en evidencia es que la política de ayudas a las familias que lo necesiten para poder contactar con sus allegados más directos en prisión en nada contraviene a los principios democráticos.

Entre nuestros propósitos está el de reforzar las ayudas económicas y sociales para prestar asistencia humanitaria, social y jurídica a las personas privadas de libertad. Creemos igualmente que se deben consensuar y articular medidas de inserción e integración.

COOPERACION CON LA JUSTICIA

Hemos trabajado y lo vamos a seguir haciendo en el desarrollo de medidas contra los malos tratos a las mujeres y en políticas de apoyo a quienes los padecen.

Todos ustedes conocen que el pasado junio se pusieron en marcha en la CAV tres nuevos juzgados para atender a los casos de violencia doméstica. Puede que no sean suficientes, pero el Gobierno Vasco hizo un gran esfuerzo de cara a lograr la creación de estos órganos jurisdiccionales – de hecho de los 16 que se crearon en todo el Estado, 3 lo fueron en la CAV- y además ha preparado su puesta en marcha con programas específicos de formación para funcionarios.

A 14 de septiembre 2005, los asuntos que habían entrado en estos juzgados alcanzaban los 726. Concretamente, fueron 214 en el de Bilbao, 120 en Gasteiz, 119 en el de Donostia y otros 98 en el de Baracaldo. Como dato de referencia les apunto que a lo largo de 2004 el número de denuncias de mujeres por malos tratos en la CAV ascendió a 3.465 y los tribunales dictaron 1.754 órdenes de protección.

Se han puesto en funcionamiento los Centros de Coordinación administrativa (residenciados en los Servicios de Asistencia a las Víctimas) como punto de unión entre la Administración de Justicia y los servicios sociales que apoyan a las víctimas, para buscar el máximo de eficacia en dichas acciones.

El Gobierno y este Departamento están igualmente comprometidos a mejorar los protocolos de asistencia y atención a las personas detenidas, en especial a las sujetas excepcionalmente a un régimen de incomunicación. Saben sus señorías que la erradicación de todo indicio de maltrato o tortura nos emplaza e incumbe a todos y especialmente a quienes representamos a los poderes públicos.

Por último, les anuncio nuestra intención de reforzar los Servicios de Cooperación con la Justicia, que constituyen un eficaz instrumento de humanización de la Administración de Justicia.

El Servicio de Asistencia y Orientación Social al Detenido (SAOS), el Servicio de Asistencia a la Víctima (SAV) y el Servicio de Asistencia a la Ejecución Penal y a la Reinserción Social (SAER) prestan un importante auxilio a miembros de nuestra comunidad en situación difícil y además constituyen una notable ayuda a la función jurisdiccional de quienes imparten justicia. ANEXO 13

Estos servicios se inspiran en un sistema de justicia penal restaurativo, resocializador y garantista que atiende a seres humanos –ya sean víctimas de un delito, detenidos, encausados o sentenciados–, en su relación con la Administración de Justicia. La experiencia hasta ahora es notablemente positiva y por ello consideramos la necesidad de reforzarlos.

Les he referido las líneas básicas de actuación del Departamento en el área de Justicia para la próxima legislatura que debe ser, entre otras cosas, la que consagre ya la descentralización del Poder Judicial y la que confirme el traspaso de las competencias pendientes.

Nuestros compromisos están claros:

1.- Continuaremos trabajando por el fortalecimiento de la Justicia como pilar de un Estado democrático.

2.- Presentaremos en el 2006 el Plan organizativo de las Oficinas Judiciales.

3.- Elaboraremos la RPT del personal transferido.

4.- Consolidaremos la implantación de nuevas tecnologías al servicio de la administración de Justicia con la introducción del expediente electrónico judicial y la firma electrónica.

5.- Afianzaremos la normalización del uso del euskera en la administración de Justicia con la aprobación de un nuevo decreto de normalización lingüística.

6.- Prepararemos a la administración de Justicia para desarrollar el servicio de mediación penal.

7.- Ejecutaremos el Plan de Justicia juvenil 2004-2006.

8.- Presentaremos en esta Cámara nuestra propuesta para un modelo propio de política penitenciaria.

9.- Impulsaremos la cobertura de las necesidades que detecten los juzgados que se ocupan de la violencia contra las mujeres.
y
10.- Reforzaremos los servicios de cooperación con la Justicia que constituyen un eficaz instrumento para humanizar la Administración de Justicia.

Fuente: Joseba Azkarraga