BEGOÑA LASAGABASTER OLAZABAL, diputada de EUSKO ALKARTASUNA, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por ESCRITO.

El diario norteamericano The Washington Post revelaba el pasado día 2 de noviembre que el Gobierno de Estados Unidos “ha estado ocultando e interrogando a más de cien sospechosos de pertenecer a Al Qaeda en cárceles secretas de varios países del Este de Europa”. Instalaciones, que estarían bajo mando de la CIA, y cuya existencia sería incompatible con las convenciones internacionales y con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Según esta información, “una treintena de prisioneros considerados muy peligrosos viven en completo aislamiento, encerrados en lugares oscuros, a veces en celdas subterráneas”. Otro medio de comunicación, The Wall Street Journal, periódico próximo a la administración Bush, aseguraba, ayer mismo, que “estas cárceles funcionan desde hace cuatro años ya que se habrían creado tras los atentados del 11-S,en el año 2001”.

Cárceles negras, que así las llamarían, que estarían a cargo de la CIA y cuya existencia sólo es conocida, siempre según estas publicaciones, por tan sólo “el presidente George Bush, un puñado de personas en Estados Unidos y unos pocos altos cargos de los servicios secretos de los países anfitriones”.

La Dirección de Seguridad, Libertad y Justicia de la Comisión Europea ha anunciado que va a analizar la veracidad de estas informaciones. El portavoz europeo de este departamento, Friso Roscam, ha declarado que el trato a los prisioneros está estipulado en la Convención Europea de derechos Humanos y en la Convención Internacional contra la Tortura, firmada por todos los estados miembros. También el alto comisionado de Naciones Unidas para la Tortura, Manfred Nowak, aseguraba en The Washington Post que pedirá explicaciones al Gobierno de Estados Unidos sobre la existencia de estos centros secretos.

Varios gobiernos europeos como Hungría, Rumania, Bulgaria y la República Checa han negado que hayan albergado en sus respectivos territorios cárceles clandestinas de la CIA, tal y como ha señalado la organización humanitaria Human Rights Watch, que ha identificado a Polonia y Rumania como dos de los países donde se encuentran estas instalaciones secretas.
Ante todo lo expuesto, esta diputada pregunta al Gobierno:

-¿De qué información dispone el Ejecutivo español sobre estas revelaciones?

-¿Cuáles son las actuaciones que piensa llevar acabo el Gobierno, ante los distintos organismos competentes de la Unión Europea, para verificar la existencia o no de estas cárceles secretas de la CIA en suelo europeo?

Madrid, 4 de noviembre de 2005

Fuente: Begoña Lasagabaster