Artículo de opinión de Joseba Azkarraga Este 2006 que acaba de comenzar debe ser un año decisivo para la paz y la normalización política. No hay ya más tiempo que perder. No podemos posponer durante más tiempo la salida del túnel en el que hemos vivido. Necesitamos que cristalice la mayoritaria voluntad de adentrarnos en un tiempo nuevo en el que impere el respeto a todos los derechos; queremos que un nuevo pacto de convivencia garantice nuestro derecho a decidir; deseamos que, cuanto antes, todos los ciudadanos, libres e iguales, podamos mirarnos sin odio.

Y para que esto sea así no podemos seguir jugando al gato y al ratón. Esto es, no podemos continuar dando vueltas a la noria y mirarnos de reojo a la espera del siguiente movimiento por parte de alguno de los actores que, inevitablemente, deben tomar parte en la salida de la actual situación. Porque creo que no debemos confundir la prudencia con el remilgo ni hacer de la discreción una excusa que ampare un bloqueo peligroso. Una cosa es hacer las cosas con sensatez y otra pretender siempre que sean otros los que se tiren a la piscina y lo hagan, además, con un triple salto mortal y sin comprobar, previamente si hay agua dentro.

A veces, da la impresión de que a eso es precisamente a lo que se emplazan continuamente ETA y el Gobierno del Estado. Pero anclarse en esa dinámica no conduce a nada, o por lo menos, a nada bueno. Es hora ya de que, de una vez por todas, cesen los atentados que atemorizan y aterrorizan a los ciudadanos que los padecen, cese el chantaje a los empresarios, que recuerda la actitud de los poli-milis, la de hacer caja, previa a su conversión en partido y su posterior ingreso en el PSE. El efecto de una bomba, se adopten las medidas que se adopten, jamás se podrá precisar con exactitud. Y crear situaciones de auténtico riesgo para las personas no sólo es injusto e inútil, sino que puede ponernos a todos en el siglo pasado. ¿Yo le pregunto a ETA de qué futuro hablaremos entonces!

También le pregunto al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -y esto no es equidistancia por mucho que algunos se empeñen- por qué no hace efectivo el aval que obtuvo del Parlamento español para caminar por una senda que nos conduzca a la paz. Mi partido, EA, y el Gobierno del que formo parte nos hemos comprometido a dar apoyo, calor y respaldo a todas las actuaciones que el Ejecutivo acometa para hacer efectiva la paz. Pero no percibimos pasos que favorezcan la tarea a pesar de que, en múltiples ocasiones, hemos sugerido ya acciones concretas, por ejemplo, en política penitenciaria.

Cada uno se aferra a su guión para que no se le reproche debilidad. Nadie quiere dar bazas. Es una práctica muy poco audaz cuando de todos es sabido que el nuevo tiempo en el que nos encontramos exige actuaciones valientes. No negaré que todo paso, hasta un gesto, tiene su riesgo. Pero es hora de jugar fuerte y perder el miedo. El objetivo es muy ambicioso y exige gran voluntad y determinación. Soy consciente de que en política la rentabilidad electoral se erige muy a menudo en el eje para evaluar cada acción. Pienso, sin embargo, que cuando hablamos de paz no es tolerable hacer números y quienes los hagan se comportarán de forma miserable.

Es también evidente que si no se produce una declaración de tregua clara y nítida por parte de ETA, la mesa de partidos para afrontar un diálogo resolutivo no se podrá constituir. Las fuerzas políticas comprometidas en el Gobierno vasco venimos trabajando desde hace meses para propiciar una aproximación que permita crear ese foro. Y es preciso que antes de sentarnos a esa mesa tengamos muy claro, entre nosotros pero igualmente dentro del ámbito interno de cada uno de los interlocutores, cuáles son los mínimos exigibles para acometer el debate con un horizonte de éxito. He defendido en más de una ocasión que los elementos nucleares y básicos
se centran en el derecho de la sociedad vasca a decidir, en la territorialidad y en el carácter bilateral del pacto entre Euskadi y España.

De eso tendremos que hablar porque sobre ello ha pivotado el desencuentro. No deja de causarme cierto estupor que algunos señalados dirigentes socialistas reaccionen escandalizados porque el lehendakari recordara, en su mensaje de fin de año, la vigencia de la Propuesta de Nuevo Estatuto Político, aprobada por la mayoría absoluta del Parlamento vasco el 30 de diciembre de 2004. Que quien fue delegado del Gobierno en la etapa más sangrienta de los GAL, o el actual delegado, junto al responsable de organización del PSE, se hayan apresurado a dar por muerta la propuesta sólo indica sus ganas de enterrarla. Pero no pueden ocultar que, más allá del contenido concreto de todos y cada uno de los artículos, la propuesta recoge los puntos clave y esenciales de lo que deberá ser el nuevo pacto con el Estado.

Los socialistas vascos saben perfectamente, porque no pretendemos engañar ni a ellos ni a nadie, que la normalización política no pasa por una reedición, más o menos edulcorada o tamizada, del Estatuto de Gernika. Tenemos que encarar de una vez, de frente, por derecho y libres ya de las circunstancias que nos atenazaron y condicionaron en 1978, el conflicto político vasco que parte de asumir que aquí hay un pueblo y que tiene derecho a decidir cómo articula su futuro. A fin de cuentas, el PSE sabe perfectamente a lo que me refiero porque, no en vano, su programa defendió el derecho de autodeterminación del pueblo vasco. Por supuesto que eran otros tiempos, pero los tiempos no modifican los principios democráticos o, por lo menos, no debieran modificarlos sino, en todo caso, reafirmarlos.

Tampoco comulgo con quienes pretenden desautorizar una votación del Parlamento, como la que hizo prosperar la Propuesta de Nuevo Estatuto Político, a partir de los resultados de las elecciones del pasado 17 de abril. Cabe recordar que esos resultados dan hoy a las fuerzas defensoras del derecho de autodeterminación una mayoría lo suficientemente holgada en la Cámara vasca como para asegurar el éxito de cualquier iniciativa que pudiera presentarse en ese sentido. No entiendo, por tanto, el afán de invalidar la propuesta remitiéndose a unas elecciones, como las autonómicas del pasado abril, que si algo demostraron fue la irresponsabilidad de quienes pretendieron borrar del mapa político una determinada posición a base de ilegalizar unas siglas.

Una buena forma de hacer pedagogía democrática en este momento podría ser, precisamente, la de acabar con la muy cuestionable Ley de Partidos. Sólo un grado notable de hipocresía explica que se mantenga hoy ´viva´ esta norma cuando todos los partidos, a excepción naturalmente del PP, admiten ya sin reparos que el diálogo para la normalización política deberá hacerse sin exclusión alguna.

Todos deben estar en la mesa. De eso no debe caber la más mínima duda. Otra cosa es dónde se pondrá el acento para dar por bueno el consenso, pero un punto fundamental será incorporar a quienes en 1977 se quisieron quedar fuera del tablero. En este sentido, resulta preocupante los
denodados intentos de algunos dirigentes políticos de intentar atraer al consenso al PSE y no tener mucho interés en hacerlo con aquélos que ideológicamente se encuentran más cerca. Con este objetivo, ya se están poniendo porcentajes como elemento para el debate y para la aceptación de una formulación del cambio jurídico-político. Entiendo que sería bueno que aclarásemos previamente el concepto. ¿Debemos entender que el logro de un amplio acuerdo, (deseable por otra parte) nos lleva a admitir la capacidad de veto por parte de algún partido? ¿Por qué en lo que se refiere al establecimiento del nuevo pacto con el Estado se cuestionan las mayorías que rigen en democracia? ¿Por qué un 55% debe plegarse al 45% restante? Consenso sí, esfuerzos por conseguirlo, también. Pero si ello no fuese posible, que se apliquen las reglas de las mayorías.

Estas y otras cuestiones tendrán que clarificarse en el diálogo a desarrollar por los partidos en este año decisivo. Incluso dentro de cada formación política deberán dilucidarse las diferentes sensibilidades que puedan convivir en su seno. Está claro que todos los problemas no se van a resolver durante 2006, pero si deben sucederse pasos trascendentales para nuestro futuro. Todos tenemos que poner las cartas sobre la mesa y hacerlo con sinceridad y honradez. Es tan importante lo que nos jugamos que ya no caben gatadas, ni fuegos de artificio ni políticas de entretenimiento. Hay que actuar, tomar decisiones y dar pasos adelante porque sólo así podremos asegurar un futuro mejor y más justo para todos los ciudadanos.

Fuente: Joseba Azkarraga