Helena Santesteban Guelbenzu Por si los lectores no lo saben, en el Parlamento de Navarra la Comisión de Bienestar Social está llevando a cabo una serie de consultas con todos los colectivos que trabajan en la prisión de Pamplona al objeto de documentar a los parlamentarios que trabajan en una ponencia relativa a métodos de reinserción penitenciaria. Los colectivos que han pasado por la sede parlamentaria han sido de lo más diverso y van desde el servicio de orientación jurídica hasta las asociaciones de ONG que trabajan la drogodependencia, el sida o la inserción laboral.

Para quienes creemos que la cárcel debe cumplir los objetivos de reeducación, reinserción y rehabilitación creo que estamos ante una ocasión única. La construcción inmediata de un nuevo centro penitenciario es una necesidad acuciante que si se realiza con la capacidad de 504 celdas, que es de lo que se está hablando, puede mandar al traste ese objetivo que a la cárcel le asigna la Constitución española. Navarra no necesita una cárcel de esa capacidad que supera con mucho las necesidades que los niveles de delincuencia de la comunidad produce y no puede hablarse de solidaridad referida al aumento de capacidad, ese excedente de plazas se cubriría con penados de otras comunidades, porque perjudicaría en dos sentidos: uno, contribuyendo a la dispersión de presos, estando éstos lejos de sus hogares de origen y conculcando el derecho de éstos a permanecer cerca de sus domicilios; y dos, comprometiendo al Gobierno de Navarra, cuando asuma las competencias penitenciarias, a destinar recursos de reinserción que si con la actual capacidad de la cárcel resultan insuficientes, podrían crear graves carencias y resultarían muy gravosas para nuestra economía.

Navarra necesita una nueva cárcel adaptada a sus necesidades, y debiera asumir las competencias en esta materia ya.

Ha quedado claro en la ponencia la importancia que tiene que las comunidades autónomas tengan competencias y trabajen y destinen recursos para la reinserción. Los ciudadanos tenemos que ser conscientes que el actual hacinamiento que tienen las cárceles del Estado se debe a la criminalización de la vida diaria en algunas actividades y a la falta de recursos que debieran existir y a los cuales debieran derivarse a drogodependientes, duales o enfermos mentales que hoy permanecen en las cárceles en condiciones a veces lamentables.

La reinserción de las personas que han pasado por prisión debe ser un compromiso de la sociedad y tenemos que estar dispuestos a que las administraciones públicas destinen recursos a este fin. Es una apuesta por las personas, es creer que todos tienen que tener una oportunidad, y es constatar que la cárcel, con el modelo actual, ha fracasado. La cárcel es cosa de pobres, de marginados, de gente que vive en la exclusión y que en muchos casos han sido víctimas de esta sociedad desigual que entre todos hemos creado y de situaciones de riesgo que no hemos sido capaces de prevenir. La cárcel es el reflejo de la incapacidad de la sociedad de solucionar de otra manera los conflictos sociales. La población penitenciaria que en este momento está bajo la tutela de instituciones penitenciarias es de 53.500 en el Estado y 8.400 en Cataluña (única comunidad que tienen asumidas las competencias). En los últimos 10 años se han incorporado 20.000 nuevos reclusos y si se sigue con esta progresión las nuevas cifras pueden resultar escandalosas.

Desde mi punto de vista la solución no es crear nuevas cárceles para alojar a todos los reclusos, sino estudiar el desarrollo de medidas alternativas, crear recursos para penados que, por su situación, son más enfermos que delincuentes, y recluir en prisión a aquellas personas cuyos delitos hagan necesaria la aplicación de la custodia, eso sí, trabajando con éstos desde prisión por su rehabilitación como personas y su reinserción, cumplida la pena, en la sociedad.

Tenemos una ocasión única para ser una comunidad pionera en temas de reinserción penitenciaria, y si bien es cierto que el Gobierno pone recursos para que esta labor se lleve a cabo, hay que apostar de una manera firme por asumir las competencias y trabajar poniendo todos los medios necesarios.

En las jornadas de drogodependencias en prisión que se han celebrado en Madrid los días 20 y 21 de abril se ha puesto de manifiesto que hay personas en Navarra que llevan tiempo trabajando en este sentido con resultados excelentes, pero, en este momento, fundamentalmente la falta de recursos humanos, puede llevar al traste este experimento de aplicación de medidas alternativas que tan buenos resultados está obteniendo.

Por responsabilidad no podemos permitir que esto suceda, vamos a seguir trabajando para que cuando el Gobierno de Navarra asuma las competencias penitenciarias, conociendo las necesidades, el Ejecutivo ponga los recursos necesarios para que la reinserción sea un hecho y la nueva cárcel sea un internado en el que se cumplen las funciones rehabilitadoras que la Constitución Española atribuye a este tipo de centros.

Si el Gobierno de Navarra aprovecha esta oportunidad y decide apostar seriamente por invertir en políticas de reinserción siempre contará con nuestro voto.
Fuente: Helena Santesteban