Juanjo Agirrezabala denuncia la criminalización de los perceptores de ayudas sociales por parte de Gemma Zabaleta y afirma que la gran prioridad de las instituciones debe ser combatir el fraude empresarial y fiscal.
Eusko Alkartasuna pretende que el Gobierno vasco y las diputaciones forales aborden con rigor, con eficacia y con seriedad la lucha contra el fraude fiscal, que, según diversos estudios, roza cada año en la CAV el 20% del PIB, unos 10.000 millones de euros. Juanjo Agirrezabala ha presentado a tal fin una proposición no de ley en el Parlamento Vasco en la que insta al Gobierno y a las diputaciones a elaborar en el Órgano de Coordinación Tributaria “un plan conjunto que contemple medidas concretas y financiación suficiente para lograr la máxima eficacia posible contra el fraude fiscal”.
El parlamentario de EA reclama un plan interinstitucional por ser “la mejor manera de combatir el fraude fiscal con eficacia; no tiene sentido que en este tema cada diputación haga la guerra por su cuenta porque eso va en detrimento de la eficacia. La prueba es que hoy sólo se detecta una ínfima parte, poco más del 5%, del fraude fiscal existente. Por eso, hace falta un plan conjunto en el que también el Gobierno tenga una participación importante; nadie entendería que las diputaciones pusieran pegas por defender a ultranza alguna de sus competencias aunque ello supusiera ser menos eficaz en la lucha contra el fraude”.
Agirrezabala recuerda que el impacto del fraude fiscal en la economía es infinitamente mayor que el que puede significar el fraude a pequeña escala de las ayudas sociales. Por este motivo, “sin discutir la necesidad de controlar el destino de esas ayudas”, el portavoz de EA en la Cámara de Gasteiz afirma que “el Gobierno y las diputaciones deben tener claro que su verdadera prioridad tiene que ser perseguir y evitar el fraude fiscal porque es ahí donde Euskadi está perdiendo miles de millones de euros”. Por el contrario, denuncia, “es una irresponsabilidad poner el foco sólo en las ayudas sociales, como ha hecho el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales que dirige Gemma Zabaleta, porque eso únicamente sirve para criminalizar y estigmatizar a los sectores de la población económicamente más débiles y para extender en la sociedad una idea de fraude generalizado que no responde a la realidad. Está bien combatir el fraude en las ayudas sociales, pero más importante que eso es actuar contra los grandes defraudadores, y ahí no vemos tanto interés ni por parte del Gobierno, ni por parte de las diputaciones”.
Fuente: Eusko Alkartasuna
