Juanjo Agirrezabala advierte de que una irregularidad administrativa no es razón suficiente para negar la renta de garantía de ingresos a familias que no tienen otros recursos económicos para sobrevivir; se debería abrir un plazo para que los afectados regularicen su situación en los servicios de empleo.
Juanjo Agirrezabala rechaza la pretensión del Gobierno vasco de retirar las ayudas sociales a más de 6.000 personas sólo por no estar inscritas en los servicios de empleo para acceder así a ofertas de trabajo, con lo que incumplen una de las condiciones que fija la ley para cobrar la Renta de Garantía de Ingresos. El portavoz de EA en el Parlamento Vasco pide al Ejecutivo “que actúe con flexibilidad y que antes de negarles las ayudas abra un plazo para que las personas puedan regularizar su situación”.
El parlamentario de EA subraya que “no estamos hablando de personas que tienen otros ingresos y que están cometiendo fraude, sino de gente que ha cometido una irregularidad administrativa pero que carece de otros recursos económicos; ésa no es razón suficiente para negar esas ayudas a familias que no tienen otros ingresos para sobrevivir”. Agirrezabala denuncia que el Gobierno está condenando a esas personas a vivir en la indigencia hasta que, una vez inscritas en el paro, puedan volver a cobrar el subsidio, pero ¿de qué van a vivir hasta entonces? Eso es lo que debería aclarar Gemma Zabaleta”.
“El Gobierno -critica el portavoz de EA- está criminalizando a las personas perceptoras de ayudas sociales y se está cebando con ellas; sin embargo, no se atreve a actuar contra el verdadero fraude, el fraude fiscal y empresarial, que es donde la Administración pierde millones y millones cada año”.
Fuente: Eusko Alkartasuna
