Documento de Eusko Alkartasuna con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos y basado en la Ponencia Socioeconómica del último Congreso:

La ciudadanía de Hego Euskal Herria se mostró como la más solidaria del Estado en la última recogida de masiva organizada por el Banco de Alimentos. Es algo de que, sin duda, genera orgullo pero también muestra la poco alentadora fotografía que la ciudadanía de los cuatro herrialdes del sur hacemos de la situación de nuestro entorno: existe mucha necesidad y las instituciones no dan la respuesta necesaria. Por eso, es necesario echar una mano por mucho que sepamos que eso no es más que un parche ante la incapacidad de las instituciones.

2008 es el año que marca el inicio de la crisis que afecta en mayor o menor medida a las economías de los países desarrollados. Y en esos siete años hemos llegado a un escenario que ni se nos hubiera pasado por la cabeza entonces. Criticábamos la burbuja inmobiliaria, claro, pero no podíamos pensar que iba a dejar semejante cantidad de desahucios; sabíamos que había colectivos, madres solteras, por ejemplo, que pasaban dificultades, pero no que íbamos a pasar a hablar de hambre en los niños y niñas de nuestro entorno; creíamos que se darían pasos adelante en materia de violencia machista; éramos conscientes de la voracidad del sistema capitalista pero no pensábamos que los mileuristas iban a ser los trabajadores privilegiados en 2015; no pensábamos que la pobreza, la exclusión y la falta de expectativas en la vida fuesen a convertirse en un factor para el aumento de yihadistas, así como de la extrema derecha xenófoba; existía el drama de las pateras, pero no imaginábamos el desastre humanitario de los refugiados de la guerra de Siria en el Mediterráneo; antes de 2008 nos decían cuántos inmigrantes “necesitaba” nuestra economía para ser competitiva, ahora nos dicen que todos ellos “sobran”…

La crisis económica y sus consecuencias vulneran de manera importante los derechos humanos básicos de las personas, de manera que estamos construyendo sociedades basadas en la desigualdad y la falta de oportunidades para los menos favorecidos. Una sociedad que corre el peligro de la falta de cohesión que ya ha aparecido y que puede llegar a asumir que se pueden dejar atrás a las personas que han caído en la exclusión y para las que cada vez hay menos recursos sociales.

No es una evolución aséptica, sino en la que colaboran políticas concretas, que, en lugar de pensar en las personas, piensan en los intereses de las grandes empresas, en el de los bancos. En definitiva, en el dinero. Políticas que caminan en dirección contraria a la justicia social.

La crisis económica sí que ha dejado ganadores y perdedores, vencedores y vencidos. Pierden quienes están en paro y no pueden volver a encontrar un puesto de trabajo con condiciones dignas y quedan excluidos también de las prestaciones por desempleo; pierden las personas trabajadoras que han visto empeorar sus condiciones hasta el punto de que hoy tener empleo no salva de la exclusión social; pierde el colectivo de pensionistas; pierde la juventud, con unas expectativas laborales desfavorables y camino de convertirse en estructurales; pierden los adquirentes de vivienda habitual desde el 2003, que, en distinto grado, han de absorber el sobreprecio pagado, algo que constituye un fenómeno subyacente en el escándalo de los desahucios.

En definitiva, pierde la población en general que sufre los recortes del sistema de bienestar, el aumento de los impuestos indirectos y los incrementos de precios de bienes y servicios básicos, co-pagos y pérdida de gratuidades en servicios esenciales, y que está pagando las pérdidas de la actividad constructora y de la actividad de la banca.

En el otro lado, ganan quienes durante los años de bonanza se apropiaron de las plusvalías que generó la burbuja inmobiliaria. También ganan los grandes patrimonios a quienes no se les exige que contribuyan en esta situación de crisis y se les otorga un trato privilegiado en los impuestos. Están en el bando de los ganadores los rentistas, que disfrutan de tipos más beneficiosos respecto de las rentas de trabajo, y las personas beneficiarias de las rebajas fiscales de años anteriores: quienes tienen más tras haberse desmantelado los impuestos de Patrimonio y Sucesiones, así como los beneficiados por la denominada amnistía fiscal.

El Estado de Bienestar debe dar cobertura universal a las necesidades básicas de la ciudadanía garantizando la sostenibilidad del sistema público mediante, sobre todo, la fiscalidad. No se trata de que el Estado es la última oportunidad del sistema, sino de que el bienestar de la ciudadanía se asegure mediante la intervención pública, garrantizando condiciones de igualdad y libertad de todas y cada una de las ciudadanas y ciudadanos. El objetivo es construir una sociedad sin clases ni opresión, en la que el Estado vele por los derechos en materia de educación, sanidad, empleo, vivienda y seguridad social, servicios sociales, dependencia, familia y lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, Eusko Alkartasuna reivindica un Estado de Bienestar que garantice el bienestar y la vida digna de la ciudadanía. Hoy, inmersos en una campaña electoral de la que es imposible sustraerse, garantizamos que el proyecto electoral –y estratégico- de Eusko Alkartasuna, EH Bildu, trabajará por la justicia social, por la igualdad de oportunidades. Porque la dinámica que nos ha llevado a esta situación ha tenido la inestimable colaboración de políticas institucionales y decisiones de diferentes gobiernos. Y para darle la vuelta se necesitan otras políticas institucionales, otros gobiernos.