Decíamos la semana pasada que cinco años después de unos días que marcaron la historia reciente de Euskal Herria teníamos la sensación de estar viviendo un déjà vu, una vuelta a antes de 2011. Esta semana esa sensación se ha acentuado, con una vuelta al pasado con epicentro en Altsasu y el sobredimensionamiento de unos hechos que han copado páginas de periódicos y minutos de radio y televisión y siguen siendo una incógnita, mas allá de la certeza de que al menos una persona fue agredida y necesitó asistencia médica.

El recurso a la violencia, incluso a las 5 de la mañana y con alcohol de por medio debe ser rechazado. Solucionar los problemas a tortas no es de recibo ni en esas circunstancias. No obstante, es cuestionable que por muy rechazable que sea, cualquier violencia deba elevarse a debate político-institucional. Quienes exigen condenas (así, con los mismos términos y la misma contundencia que en otros tiempos y tras un asesinato) insisten también en que se prescinda del contexto y, sin embargo, sin el contexto una pelea sin consecuencias fatales a la salida de un bar, un día festivo y de madrugada no habría supuesto ni un breve en el periódico del día siguiente y mucho menos hubiera sido objeto de debate político.

El contexto es, pues, la noticia. Y el contexto es Altsasu, la Sakana, un ambiente abertzale y dos guardia civiles, unos medios de comunicación que han visto un filón, unos responsables institucionales que se han precipitado, otros que siguen en su línea y hasta la coincidencia con el quinto aniversario de Aiete y el cese definitivo de la actividad armada de ETA.

La precipitación de los responsables institucionales vino dada, seguramente, por el hecho de que los abertzales, y más en Nafarroa, seguimos viéndonos obligados a desligarnos de hechos que tal vez alguien pueda llegar a echarnos en cara por estar remotamente ligados al conflicto político. Nos ponemos la venda antes de la herida, y en este caso de ver las heridas y de conocer todas las versiones de los hechos.

Los representantes institucionales que siguen como antes de 2011 nos hacen reafirmarnos en lo que decíamos la pasada semana: Madrid sigue instalado en la solución policial, independientemente de la actividad de ETA. El ministro español de Interior, Fernández Díez se veía obligado a reconocer que en Altsasu no había habido kale borroka, pero en una “construcción de imputaciones” muy en la línea de ministros anteriores y de su propia práctica en Catalunya, hablaba de “delito de odio”, negándose a dejar pasar la oportunidad de intentar convencernos de que todo sigue igual.

Pero no es cierto. Este país, esta sociedad ha dado muchos pasos adelante. Pero tampoco debemos engañarnos, probablemente tenga pasar al menos una generación para que la convivencia en Euskal Herria sea algo diferente a lo que tenemos. No deberíamos idealizar la convivencia y mucho menos en los temas derivados del conflicto que aun no han sido resueltos.

Acaba de empezar una nueva legislatura en el Parlamento Vasco y si se ha hablado mucho de una mayoría soberanista absoluta, se ha hablado menos de una mayoría igual de amplia que no debería tener problemas insalvables en materia de pacificación, o al menos de hoja de ruta hacia la paz definitiva. Las tres fuerzas mayoritarias deberían poder alcanzar un acuerdo amplio en los grandes aspectos pendientes en este ámbito: desarme de ETA y desmilitarización de Euskal Herria para que la sociedad vasca deje de tener una de las mayores presiones policial de toda Europa; presos, acercamiento, excarcelación de quienes cumplan las condiciones legales para ello, y soluciones a medio plazo; y todo lo que tiene que ver con la memoria de las últimas décadas, revisión crítica del pasado, víctimas o como cada uno prefiera decirlo.

Quedarnos a la espera del Estado supondría darle a Madrid derecho de veto también en el importante ámbito de la paz, de manera que merece la pena intentar la vía unilateral también para esto.