Ante la nefasta gestión política del Gobierno español para con Cataluña, Eusko Alkartasuna hace las siguientes consideraciones:

• Desde el 20 de septiembre, hay una escalada de represión del conjunto del Estado español contra el pueblo catalán y sus instituciones: los medios de comunicación, los partidos del régimen, las fuerzas policiales, la justicia… trabajan en conjunto con el fin de silenciar cualquier disidencia política.
• En Euskal Herria llevamos padeciendo demasiados años la represión del Estado español, pero hemos creído que en Catalauña, al ser un conflicto exclusivamente político, y llevado a cabo por la sociedad civil de manera ejemplarmente pacífica y democrática, la violencia represiva no tenía lugar. Nos equivocamos: todos los poderes del Estado están haciendo un uso desproporcional de sus capacidades, para intentar paralizar el proceso soberanista que el pueblo catalán ha elegido.
• La oferta para el diálogo y la mediación del Govern catalán sigue en pie. Por la otra parte, solamente reciben negativas y represión. Instamos al Gobierno español a actuar con madurez política, a que se siente a negociar de igual a igual con el Gobierno catalán, y que dejen de tratarlos cual súbditos.
• Hace demasiado que el Gobierno español ha sobrepasado las rayas rojas de la decencia política, la democracia, el respeto y su propia legalidad. ¿Hasta cuándo el PNV va a seguir apoyando un gobierno que niega sistemáticamente cualquier derecho civil o político a Cataluña, sigue sin ejecutar lo pactado, y es capaz de quitar y poner niveles de autonomía a su antojo?
• Por último, si el Gobierno español se cree legitimado para aplicar el artículo 155 de su constitución, exigimos a la Unión Europea que se implique ante una vejación de derechos de una parte de la ciudadanía europea, y a su vez aplique los artículos 2 y 7 del Tratado de la Unión Europea, con el objetivo de garantizar los derechos de los y las catalanas, y poner fin a la violación de éstos por parte del estado de España.
• La aplicación del artículo 155 va a producir una situación sin duda constitucional pero absolutamente antidemocrática en Catalunya, dando el poder de gestión de las instituciones a unas fuerzas residuales en la sociedad, sin apoyo ni legitimidad para tomar decisiones en nombre de la ciudadanía. La decisión del Gobierno español perpetúa el conflicto político que solo se solucionará por vías políticas.