Maider Otamendi ha defendido en el Pleno del Parlamento Vasco de hoy la necesidad de que el Gobierno vasco adecue sus protocolos de actuación en materia de desahucios al dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales de la ONU, de junio del pasado año en el que recuerda que las instituciones tienen la responsabilidad de velar por que ninguna persona quede sin un lugar en el que vivir.
La Proposición no de Ley que ha defendido Otamendi, parlamentaria de EH Bildu y militante de EA, pide en concreto que el Gobierno vasco revise su convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y Eudel sobre la Detección de Supuestos de vulnerabilidad en casos de desahucio de la vivienda familiar al texto de la ONU que, además, denuncia un caso ocurrido en el Estado español y en el que se vieron perjudicados dos menores.
El objetivo de la iniciativa es que las personas incursas en procesos de desahucio vean garantizado su derecho a recurrir la medida, con el fin de que un juez considere las consecuencias del desalojo y la compatibilidad de esta medida con el Pacto Internacional de Derechos Humanos, así como citado proceso se haga con todas las garantías de que se buscará una solución habitacional alternativa. Es decir, que un desahucio no suponga que una persona o familia, y menos aún en el caso de que haya menores o personas de avanzada edad implicadas, se vean en la calle.
