Nos llega otro año más el 25 de noviembre, día internacional contra la violencia machista. Todavía tenemos que aclarar que la violencia machista es una violación de los Derechos Humanos, todavía tenemos que seguir gritando que ya vale, todavía necesitamos días en el calendario para recordar que esta lacra no deja a la mitad de la sociedad vivir libre y sin miedo.
Este año ponemos especial foco en la justicia, un tema esencial, ya que las respuestas legales a la violencia sexista son vergonzosas y lacerantes para las mujeres en particular, y para la sociedad en general.
Las leyes no están actualizadas. Son leyes obsoletas a las que se ha parcheado desde una perspectiva heteropatriarcal. Prueba de ello es el juicio del caso de la “manada”, donde 5 hombres violaron a una joven, y fueron condenados por abusos, alegando que no hubo intimidación o violencia.
Es lacerante que el delito de abuso exista a día de hoy en el código penal, ya que el abuso reconoce un derecho del hombre sobre la mujer. No podemos aceptar que las leyes contengan normas con tal cantidad de prejuicios. Y por ello, es necesario que la violencia y/o la intimidación sean también consideradas violación. Nos urge una revisión de la normativa desde un punto de vista feminista y progresista, para que desaparezcan este tipo de casos que corroen la justicia social.
Debemos cambiar las leyes, y quienes las interpretan. La mayoría de los y las jueces reciben una formación patriarcal, como claramente lo vimos en el caso del asesinato de Nagore Laffage; en él, a la madre de la asesinada se le preguntó si “a su hija le gustaba salir de fiesta”. Un juez no puede aceptar este tipo de preguntas, pero este tipo de preguntas son a su vez una manera de elegir jueces.
Para conseguir un puesto de juez, una persona, después de la carrera de derecho, ha de pasarse de media 5 años estudiando las oposiciones. 5 años en los que imbuido en sus estudios, pierde el contacto con la realidad mientras se empapa de legislación heteropatriarcal.
