Lorena López de Lacalle, secretaria de Política Internacional de Eusko Alkartasuna y secretaria general de la Alianza Libre Europea (ALE, el partido político que agrupa a los partidos soberanistas de naciones sin Estado de la UE) visita estos días el Kurdistán, como observadora en los juicios contra los dirigentes políticos del HDP Selahattin Demirtaş y Leyla Guven. Esta última se encuentra en estado grave como consecuencia de la huelga de hambre que inició en noviembre y que anunciado que llevará hasta sus últimas consecuencias. Además, López de Lacalle se reunirá en los próximos días con representantes institucionales y políticos kurdos para conocer de primera mano la situación del país y los últimos acontecimientos.
Los casos de estos activistas kurdos suponen un gravísimo atentado contra los derechos humanos por parte del Estado turco y Lorena Lopez de Lacalle alerta de la situación en la que se encuentran: “Actualmente hay zonas de Kurdistán que están en guerra abierta, tras la guerra contra el fundamentalismo islámico, ahora se están enfrentando a la durísima represión turca en una situación de alerta en cuanto al respeto a los derechos humanos”.
Demirtaş lleva dos años en prisión preventiva y su caso se ha comparado con el del líder de ERC, Oriol Junqueras. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció sobre su caso, conminando a Turquía a dejarlo en libertad por entender que la permanencia en prisión había lesionado sus derechos individuales y políticos.
El caso de Guven es más dramático, ya que es dudoso incluso que llegue con vida al inicio de su juicio, esta misma semana. Fue ella, recuerda López de Lacalle, “quien con su huelga de hambre consiguió aligerar mínimamente el extremo aislamiento al que estaba sometido el líder del PKK Abdullah Ocalan, y que recientemente haya recibido la visita de un familiar”.
El fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos significa, afirma la representante de Eusko Alkartasuna, que “el derecho internacional va dando sus frutos, aunque sea poco a poco, pero hay que establecer mecanismos para que resoluciones en materias tan importantes como los derechos humanos sean de obligado cumplimiento, no solo las económicas”.
