214 años de prisión pide la justicia española por pedir y dejar votar a la ciudadanía catalana
Los partidos de la Alianza Libre Europea –Eusko Alkartasuna y ERC entre ellas- muestran su profunda inquietud por el injusto juicio que comienza el 12 de febrero en contra de líderes políticos y sociales de Cataluña, quienes llevan ya más de un año en prisión preventiva. La fiscalía española pide 214 años de condena por haber organizado un referéndum de autodeterminación el 1 de octubre de 2017.
Las acusaciones por las que se les juzga son varias: rebelión (que implica el uso de violencia), sedición y malversación de fondos públicos. Estas acusaciones han sido refutadas por la jurisdicción belga, escocesa y alemana, habiéndose negado esta última a extraditar al expresident Carles Puigdemont y sus consejeros y consejeras en el exilio.
En noviembre 2018, la fiscalía española acusa oficialmente a Oriol Junqueras, exvicepresident de Cataluña y Secretario General de ERC, de un delito de rebelión, pidiendo 25 años de prisión. Para los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y la exconsejera Dolors Bassa, exigen 16 años de cárcel. Jordi Cuixart y Jordi Sanchez, líderes de los principales movimientos sociales catalanes, así como Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, encaran 17 años de privación de libertad por “promover y liderar” la rebelión. Otras 7 personalidades políticas y administrativas serán también juzgadas por infracciones que pueden costarles de 4 a 11 años de cárcel.
Como miembros de la Alianza Libre Europea, aseguramos que estas personas no han cometido delito alguno. Después de intentar hasta la saciedad negociar un acuerdo con el gobierno español, los dirigentes catalanes solamente han recibido respuestas negativas, manteniendo cerrada a cal y canto la puerta a cualquier solución política sobre las aspiraciones y necesidades democráticas de la sociedad catalana.
Frente a esta actitud que despreciaba las reivindicaciones legítimas de los y las catalanas, los dirigentes electos decidieron ejecutar el mandato por el cual fueron elegidos: organizar un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Estamos convencidas de que organizar una votación sobre una cuestión tan crucial para la población es más un valor democrático antes que un crimen.
El conflicto entre España y Cataluña es de naturaleza política, y por ello, su solución debe ser política, no judicial. Desgraciadamente, el gobierno socialista actual – como antes el popular- no parece decidido a comprometerse en un dialogo constructivo y político con el gobierno catalán, sobre la manera de llevar a cabo la cuestión del derecho de autodeterminación.
Judicializar este tema no aportará solución alguna al conflicto. Al contrario, acentuará las consecuencias negativas puede que para las generaciones venideras. Además, el peso político de esta cuestión, las decisiones precedentes tomadas por los jueces –así como sus posturas personales- hacen que las garantías de un proceso justo para las y los acusados sean seriamente dudosas.
La Unión Europea es también corresponsable de esta situación. La UE debería intervenir cuanto antes para exigir una solución política y actuar como guardián contra las violaciones de derechos civiles, políticos y humanos que lleva cometiendo el gobierno español para con la ciudadanía de Cataluña.
“Los dirigentes catalanes están siendo castigados por hacer aquello por lo que fueron elegidos: negociar una consulta con Madrid, y si ello fuera imposible, organizar un Referendum” han declarado Jordi Solé- presidente de la Alianza Libre Europea- y Lorena López de Lacalle – secretaria general de la ALE-. “Si hubiera que quedarse con una característica del movimiento independentista catalán, o del 1 de octubre, es sin duda su carácter pacifista. La única violencia ejercida ha sido la de la policía española contra las personas que pacíficamente querían votar. Los y las observadores internacionales que durante esos días estuvieron en Cataluña lo vieron con sus propios ojos”.
“Un conflicto político jamás debería resolverse por vía judicial. El derecho de Autodeterminación – reconocido por la ONU- puede que no esté expresamente recogido en una Constitución. Sin embargo, si ésta se ejerce pacífica y democráticamente, no puede ser considerado un crimen”. “El procesamiento que comienza ahora no es solamente contra los y las prisioneras políticas, sino contra millones de catalanas y catalanes que votaron en ese referéndum. Este será uno de los juicios más vergonzosos que la Unión Europea haya conocido jamás” aseguran Solé y López de Lacalle.
