Azkarragak eskatzen du nazioarteko erakundeei Espainako demokrazia aztertzea

El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, consideró que no se puede confiar “un ápice en la buena voluntad” del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, “para solucionar el conflicto político vasco”, después de que haya aclarado que “su principal objetivo político es colocar a Patxi López como lehendakari”.

   En declaraciones a Europa Press, Azkarraga también denunció que el presidente del Gobierno central “desdeña” la petición de PNV, EA, EB y Aralar para celebrar un encuentro urgente porque “no le interesa el diálogo”, sino la “discordia”.

   En opinión del consejero vasco de Justicia, “quedan muy pocas dudas de que los socialistas quieren varar” la iniciativa de la consulta planteada por el Gobierno vasco “porque ven en ella una amenaza a sus intereses”. “De lo contrario, no se entendería que el abogado del Estado invoque la necesidad de preservar la soberanía nacional para oponerse a que se deje sin efecto la suspensión cautelar de la ley”, consideró.

   El consejero de Justicia instó al abogado del Estado y al Gobierno del PSOE a que reflexionen “sobre lo que supone imponer a un pueblo una determinada soberanía”. “Cuánto avanzaríamos si de lo que tratamos es de caminar hacia un acuerdo de convivencia que asegure la igualdad y no la sumisión”, aseveró.

   Para Azkarraga, cada día resulta “más claro el pánico” de Zapatero y su partido a conocer la opinión de los vascos sobre cuestiones que afectan a su futuro. En ese sentido, afirmó que “es tal la manipulación que el Gobierno del PSOE realiza sobre la Ley de consulta, que uno se pregunta hasta dónde están dispuestos a prolongar su mentira”.

   Tras asegurar que lo que ha hecho el Gobierno vasco “es crear una oportunidad para que los ciudadanos extiendan y consoliden la democracia”, denunció que Zapatero y su gobierno “tratan de boicotearla”.

   En su opinión, la situación actual “refuerza la necesidad” de que organismos internacionales “analicen y diagnostiquen el estado de la democracia en España”. Según dijo, “un Estado que niega a ciudadanos la posibilidad de emitir una opinión, que pone en solfa el derecho de decisión, que da bola a una cúpula judicial obediente a intereses políticos, que retuerce leyes a golpe de presiones mediáticas o que esquiva depurar en sus fuerzas de seguridad cualquier comportamiento impropio de una democracia exhibe unos déficits democráticos alarmantes”.

IÑAKI DE JUANA

  Además, el responsable vasco de Justicia consideró “insensata la decisión adoptada por algunos operadores judiciales y mediáticos para asegurar” que el preso de ETA Ignacio de Juana Chaos vuelva a la cárcel. “Me parece que el deseo de venganza que muchos exhiben tiene poco que ver con la justicia. Que este sujeto me produzca un rechazo personal no impedirá que recuerde que ha saldado su deuda”, subrayó.

   Asimismo, precisó que el Gobierno vasco “no ha defendido en ningún momento a De Juana” y remarcó que “lo que ha hecho es alertar de que no pueden construir imputaciones para meter a alguien en la cárcel. Eso es el abc de la justicia”.

   En todo caso, para Azkarraga “el colmo de la desvergüenza en este caso es que un portavoz cesante del CGPJ como Enrique López se atreva a demandar un debate sobre la cadena perpetua”. En su opinión, “esta desfachatez pone en evidencia hasta qué punto algunos jueces quieren dirigir al poder político”.

ILEGALIZACION

   Por otro lado, dijo observar con preocupación “lo que parece un camino directo hacia la ilegalización de dos fuerzas políticas como ANV y EHAK”. Azkarraga consideró que, “tras los escritos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, quedan pocas dudas de hacia dónde puede apuntar la decisión del Supremo”.

   En ese sentido, denunció que la Ley de Partidos “arropa un nuevo atropello porque ilegaliza una determinada forma de pensar”. Según advirtió, “no es a base de exclusiones ideológicas como se puede lograr la normalización política vasca”.

   En su opinión, “impedir la presencia de todas las fuerzas, sin excepciones, en un Parlamento supone adulterar las mayorías políticas existentes en un país, en este caso el nuestro”. Azkarraga afirmó que al PP y PSOE “les interesa esta ilegalización para intentar trasladar a la opinión pública que el nacionalismo español impositivo que ellos defienden representa más que el nacionalismo vasco democrático. Y eso es falsear la realidad”.

   Por último, señaló que “para solucionar un problema, lo primero que hay que hacer es encararlo”. “No hay posibilidad de solución cuando se desprecia el respeto a los derechos humanos y se vulneran derechos civiles y políticos. El camino es otro”, concluyó.