Begoña Errazti, presidenta de EA Desde que se aprobó la compilación del derecho civil navarro las modificaciones que hacían referencia al divorcio, los derechos de los hijos naturales, la capacidad de la mujer casada etc. siempre han tenido contestación en los sectores más conservadores de la derecha navarra, que tanto en derecho privado como ahora, en lo que atañe a los derechos políticos de los navarros y navarras, han utilizado el fuero como argumento para impedir avances sociales y democráticos.
En la actualidad, el debate sobre la reforma de la Ley Orgánica de Amejoramiento del Fuero vuelve a poner en evidencia las posturas de quienes tratan de imponer su proyecto político para Navarra por encima de lo que en cada momento quisiéramos decidir libremente los ciudadanos y ciudadanas de esta Comunidad. La capacidad de decidir sobre el marco jurídico – político de Navarra debe estar en manos de la ciudadanía navarra, y cualquier proyecto sobre nuestro presente y futuro debe tener las mismas posibilidades, no sólo teóricas, sino también materiales, para su consecución, y quedar exclusivamente sometidos a las reglas de la mayoría, sin injerencias externas de ninguna clase.
Por lo tanto, la pretensión de eliminar la disposición transitoria cuarta – única ‘aportación’ de UPN a este debate – sólo tendría sentido si se abrieran todas las posibilidades para que Navarra pudiera decidir su status sin limitación alguna más que la voluntad de la propia ciudadanía. Cualquier planteamiento que no tenga en cuenta esta condición básica equivale a limitar todavía más los derechos de los navarros, sin reconocer las alternativas de quienes defienden un proyecto distinto al actual. En definitiva se trata de abrir puertas al desarrollo político de Navarra y de proporcionar herramientas democráticas a las futuras generaciones para que puedan ejercer con libertad su capacidad de decidir, no de seguir cerrando posibilidades para sacralizar esa norma estatutaria que nunca se ha querido someter a la ratificación directa de la ciudadanía.
¿Cómo se puede defender que Navarra tiene capacidad de decisión sin cuestionar las limitaciones constitucionales que hoy impiden la federación y confederación entre comunidades autónomas, e incluso realizar convenios de cooperación, sin tener que contar necesariamente con la autorización de instituciones ajenas a Navarra como el Senado?
La historia de Navarra ha puesto de manifiesto que la pérdida de soberanía y la devaluación de nuestra capacidad de autogobierno han sido siempre consecuencia de las decisiones del poder central, y en ningún caso de los vascos del resto de los territorios. Fantasmas que la derecha navarra sigue utilizando para generar confusión y crear enfrentamiento en primer lugar contra los navarros y navarras que defendemos nuestra pertenencia a la nación vasca, y por supuesto, contra el resto de Euskal Herria.
Y en este objetivo UPN, bajo la tutela del Partido Popular, nuevamente trata de utilizar el Congreso de los Diputados para pedir la protección y el amparo de su proyecto excluyente a una institución estatal en la que los navarros y navarras somos una absoluta minoría, en lugar de debatir ésta y otras cuestiones que afectan a Navarra en el foro en el que está representada la voluntad de esta Comunidad, que es el Parlamento Foral.
Nuevamente se pretende hacer de Navarra una cuestión de Estado para evitar que seamos los navarros y navarras las que decidamos nuestro marco de convivencia. Y para ello se utilizan los tópicos argumentos de siempre y que nunca ha supuesto ningún riesgo real para nuestro autogobierno, como saben bien quienes manipulan la propia historia de Navarra e incluso las intenciones políticas de quienes no pensamos como ellos.
La propuesta de resolución sobre Navarra que se debatirá este próximo martes en el Congreso, a instancias del grupo parlamentario popular, refleja este afán por trasladar fuera de Navarra y de forma parcial, un debate que sólo nos corresponde afrontarlo desde aquí. El contenido del texto sectario y parcial basado en uno sólo de los puntos de un acuerdo anterior adoptado por el Parlamento Foral en 1988 encaja en la estrategia de UPN/PP por vincular con el problema de la violencia de ETA cualquier reivindicación de derechos para Navarra que vaya más allá de sus planteamientos políticos, intenta tergiversar interesadamente la interpretación de una eventual negociación del Gobierno del PSOE con ETA, que pudiera dar paso a una pacificación definitiva y abortar las políticas de encuentro entre los partidos en la búsqueda de soluciones al llamado conflicto vasco.
Navarra tiene derecho a decidir, no sólo a votar su marco jurídico político actualmente, sino a determinar su desarrollo político en presente y en el futuro. Pretender cerrar de forma definitiva e inapelable el proyecto político de Navarra es intentar paralizar una realidad política siempre dinámica y cambiante, y ante todo negar a los navarros y navarras (tanto a las generaciones actuales como a las futuras) nuestro derecho a elegir libremente cómo queremos vivir y cómo queremos organizarnos. Es una cuestión de convicciones democráticas.
Fuente: Begoña Errazti
