Su Departamento presenta un estudio que propone un sistema de centros pequeños, que favorezca penas distintas a las de prisión y prime el trato individualizado y humano
Antes de comenzar la exposición del estudio, Azkarraga criticó que “se nos haya hurtado de forma consciente la dirección política y la gestión de áreas trascendentales para una adecuada labor de Gobierno, lo cual, sin duda, perjudica a los ciudadanos y ciudadanas vascos”. En concreto, se refirió a la competencia de organización, régimen y funcionamiento de las instituciones penitenciarias, que el artículo 10.14 del Estatuto de Autonomía reconoce a la CAPV. “Nunca han existido dudas de que la competencia corresponde a la CAPV, ni tan siquiera el Gobierno del PP lo discutió; sin embargo, los populares primero y los socialistas ahora se han limitado a reconocer, de forma más o menos explícita, que no hay traspaso porque no quieren. En un ejercicio de hipocresía política, vetan al Gobierno Vasco la responsabilidad en la política penal y penitenciaria”, denunció.
No obstante, según el consejero, “esta desconfianza no limita nuestra decisión de exigir el traspaso y prepararnos al mismo tiempo para desarrollar la competencia en las mejores condiciones posibles”. Así, recordó que su Departamento ha venido trabajando durante este mandato en este terreno, con estudios, reuniones y viajes a diferentes lugares donde las administraciones ejercen la competencia en esta materia (Escocia, Catalunya, Shleswis-Hölstein…). En este contexto enmarcó el estudio presentado, ya que “consideramos clave –dijo Azkarraga- contar con un diseño claro del modelo por el que apostamos”.
SITUACIÓN ACTUAL
Según explicó el consejero Azkarraga, el pasado febrero eran 1.317 los presos en las cárceles de la CAPV (249 preventivos y 1068 penados) y 740 de ellos estaban en Nanclares de la Oca, 298 en Basauri y 279 en Martutene. De ellos, 811 tenían residencia administrativa en el País Vasco y el resto, no.
El 68,26 % de la población penada es reincidente; la proporción media de mujeres reclusas es de un 7,2 % y los extranjeros suponen el 25 % de la población carcelaria de nuestra comunidad. Aproximadamente, el 29,6% son de Marruecos y el 8,5%, de Argelia. Destaca asimismo que el 15,4% son originarios de Colombia y sólo el 12,2% proviene de países de la UE. El 30% restante se reparte entre otros países.
Según puso de relieve Azkarraga, es la cifra más alta desde el año 2000, algo que “se explica por las sucesivas modificaciones en la legislación penal y procesal, que han derivado hacia un mayor uso de la prisión. De hecho, la prisión se consolida como sanción penal por excelencia, marginando medidas alternativas.
El análisis comparado de los datos ha permitido detectar una tendencia al envejecimiento de la población penada. Ello se debe fundamentalmente a la longevidad de las condenas y a la drogodependencia, que conduce a una comprobada reincidencia. Los estudios confirman que los problemas de salud principales son las enfermedades mentales, las drogodependencias y las enfermedades infecciosas.
El consejero Azkarraga afirmó no descubrir nada al señalar que las actuales infraestructuras y equipamientos penitenciarios son “inadecuados e impiden en buena medida realizar una gestión respetuosa con los principios que marca la ley. Cuando hablamos de principios, hablamos de la reeducación social de los penados, así como la retención, custodia y labor asistencial que se debe ejercer respetando en todo caso la dimensión humana de los recluidos y los derechos e intereses jurídicos no afectados por la condena”. Recordó, en este sentido, la propia directora General de Instituciones Penitenciarias, habló textualmente de las “pésimas condiciones” de los centros.
Este panorama permite al Departamento de Justicia extraer una serie de conclusiones genéricas sobre cuáles deben ser las características a modificar del actual sistema:
1º- La conveniencia de potenciar precisamente las medidas alternativas a la prisión con formas de cumplimiento de pena de prisión en semi-libertad o en libertad condicional.
2º- La necesidad de incrementar los recursos existentes para suspensiones de condena y trabajos en beneficio de la comunidad, así como para el cumplimiento de medidas de seguridad, como el internamiento en centros psiquiátricos o de deshabituación de drogodependencias.
3º- La urgente renovación de centros y aumento de personal técnico con una atención específica a problemas de salud.
4º.- La exigencia de una atención singular a los reclusos extranjeros.
MODELO PROPUESTO
A la hora de describir las necesidades del nuevo modelo que se propone, es preciso distinguir los recursos necesarios que el sistema de ejecución penal requiere, tanto para penas privativas de libertad como para las que no incluyen esa privación de libertad.
Respecto a las penas privativas de libertad, el estudio establece un número de plazas necesarias para lo que entendemos como un adecuado cumplimiento. El número de presos y su tipología puede variar de forma rápida. No obstante, el estudio comparado de datos claves como los que afectan a la actividad delictiva, la actuación policial, las decisiones judiciales, etc., posibilitan realizar una estimación sobre las plazas necesarias dada la población reclusa con vecindad administrativa en la CAPV.
Así, a julio de 2004, la tasa de encarcelamiento en la CAPV era de 59 personas por cada cien mil habitantes (es decir 1.249 personas en prisión con respecto a 2.116.000 habitantes, sin descontar los menores de 18 años y sin tener en cuenta la residencia irregular). Esa tasa se ampliaría hasta 97 por cada cien mil habitantes si contamos a las 809 personas que en julio de 2004 tenían residencia administrativa en la CAPV pero se encontraban en cárceles situadas fuera de la comunidad.
Teniendo en cuenta estos datos reales sobre las personas ingresadas en cárceles de la comunidad y sobre las que se encuentran fuera de ella, se llega a concluir que el número de plazas óptimo del futuro sistema de ejecución penitenciaria (centros ordinarios, abiertos y unidades dependientes) se mueve en una franja de entre 1.100 y 1.500 plazas.
Entre el 30 y 40 % de estas plazas, esto es entre 400 y 500, deberían ser de régimen abierto (centros de Inserción Social, unidades dependientes, servicios de deshabituación de drogodependencias u otros). El resto, de 700 a 1.000 plazas, corresponderían al régimen ordinario.
Esto plantea la necesidad de construir tres Centros de Inserción Social para personas en régimen abierto con una capacidad de entre 75 y 150 plazas para hombres adultos y mujeres. Se ubicarían uno en cada territorio de la Comunidad y en ellos estarían situados los Equipos de Medio Abierto para la ejecución y seguimientos de penas no privativas de libertad.
Habría además que construir dos nuevos centros ordinarios para hombres adultos penados y preventivos de entre 250 y 350 plazas, o, en su defecto, uno de entre 500 y 700 plazas. Otro centro nuevo para hombres jóvenes, de 25 a 28 años, debería tener capacidad para entre 50 y 100 plazas y uno nuevo de mujeres debería contar entre 100 y 150 plazas, con departamentos específicos para preventivas y madres con hijos/as a su cargo.
El consejero Azkarraga aclaró que cuando se habla de estos nuevos cuatro centros ordinarios no se piensa en una reproducción de los que hoy conocemos y a los que sustituirían. “Es más, nuestra propuesta es muy distinta tanto en las formas como en los programas a implantar, desde los de educación hasta los de salud, o en un nuevo modo de enfocar las relaciones y con un criterio claro que aboga por cambiar de raíz el concepto de seguridad. Esto es, una seguridad sustentada en el desarrollo de las infraestructuras, de los equipamientos, de los programas que hagan posible el respeto a todos los derechos no suspendidos por la pena. Porque no hay que olvidar que la ley dice que
Por otro lado, se deben crear dos unidades hospitalarias ( una general y una psiquiátrica) vinculadas a la red pública, y Unidades Dependientes concebidas como viviendas de pequeña capacidad, insertas en el entorno comunitario, y que mediante convenios con asociaciones o entidades no penitenciarias, permitan formas especiales de cumplimiento a personas clasificadas en tercer grado. Hoy, la única Unidad Dependiente de la CAPV es el Centro para jóvenes de la Fundación Ametzagaña, aunque la misma función la cumplen otras instituciones que cuentan con pisos de acogida, dependientes de ayuntamientos, diputaciones forales u ONGs.
Respecto a recursos para ejecución de penas no privativas de libertad, el estudio del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social prevé la puesta en marcha de tres Equipos de Medio Abierto (EMA), de nueva creación. Se ha valorado, aunque de manera aproximada, que para ello sería necesario incorporar a unos 40 educadores/as; 10 trabajadores/as sociales; 5 juristas; 5 psicólogos y el correspondiente personal administrativo, distribuidos territorialmente en función de las necesidades.
En palabras del consejero, “todo este planteamiento se asienta en un principio que siempre hemos defendido, pero creo que lamentablemente es necesario reiterar hoy una vez más: y es que no debemos olvidar que la persona reclusa está privada de libertad, pero no del resto de los derechos que como ser humano le asisten.
En este sentido, denunció que la política penitenciaria desarrollada hasta el momento por los diferentes gobiernos españoles choca frontalmente con las recomendaciones de la doctrina penitenciaria moderna y con los criterios humanitarios, incluido el de la resocialización, que deben inspirarla.
CRITERIOS DEFINITORIOS
Los principios en los que se sustenta la definición del modelo propuesto por el Departamento que dirige Joseba Azkarraga –y que, como recordó el consejero, son los mismos aprobados en una Proposición no de Ley en el Parlamento Vasco el 7 de Noviembre de 2003, sin ningún voto en contra- son:
-Respeto absoluto a la dignidad de la persona
-Humanidad de las penas
-Resocialización
-Integración de las políticas sociales en la política criminal
-Incorporación de la perspectiva legítima de la víctima al sistema penal en su conjunto
-Reducción del uso de la prisión en favor de otras penas
-Reducción de algunas penas
-Cumplimiento en el lugar de residencia
-E igualdad de sexos
Sobre estos principios, la definición del modelo se construye sobre tres ejes:
-La interdisciplinariedad, concebida como el compromiso de varios departamentos, como los de Educación, Sanidad, Justicia, Trabajo y Cultura.
-La integración de políticas sociales, esto es, considerar como parte de la política penal las políticas educativas, laborales, sanitarias, de igualdad, etc…
-Y la implicación amplia de los agentes del sistema penal, como los Colegios de Abogados o el Poder Judicial, y de la sociedad en su conjunto, desde el Ararteko a las ONGs.
El modelo defiende, igualmente, la conveniencia de revisar los sistemas de selección, formación y funcionamiento del personal de prisiones y de ejecución penal en general. Se trata de potenciar una intervención más allá de la mera vigilancia –enfocándola hacia la reinserción social- y de incrementar su capacidad profesional.
Asimismo, se opta por centros de tamaño reducido y específicos frente a la tradicional opción de las macrocárceles. El modelo que proponemos apuesta por la máxima individualización, lo que exige un conocimiento real de las circunstancias personales y sociales del individuo y, por tanto, un diseño adecuado de recursos residenciales y personales.
La preeminente orientación social que damos a la ejecución penal requiere también de la máxima transparencia, con sometimiento a todos los controles externos que se estimen necesarios. Pensamos, por ejemplo, en facilitar al Parlamento Vasco y Ararteko, y al Poder Judicial el desarrollo de sus competencias de supervisión, control legislativo y jurisdiccional del correcto funcionamiento del sistema.
Se aboga, igualmente, por la implicación comunitaria en el sistema de ejecución penal. En este punto, el consejero Azkarraga destacó y reconoció, “porque es de justicia”, el trabajo que realizan gran número de asociaciones y ONGs para humanizar la prisión y apostó por “integrar su amplia y variada experiencia para procurar la mayor eficacia”.
RECURSOS HUMANOS Y PROGRAMAS
Azkarraga insistió, “porque es la piedra angular de todo el edificio que pretendemos construir”, en que “garantizar la dignidad y el respeto de los derechos humanos básicos de las personas en prisión y cumplir con la finalidad reinsertadora de la pena es un objetivo básico e irrenunciable”, que exige dotar al sistema de recursos humanos y programas adecuados.
Se parte de que el modelo a implantar deberá potenciar al personal técnico que ahora sólo representa entre el 10 y el 15 % de la plantilla de las prisiones. En todo caso, un elemento nuclear será el reciclaje del personal que se dedica a vigilancia (85-90%) para otro tipo de funciones.
Por otro lado, el efectivo ejercicio de los derechos a la salud, a la educación, a la cultura y al desarrollo integral de las personas privadas de libertad exige poner en marcha programas de prevención e higiene, educativos y de tratamiento especializado, de deporte o de ocio. Resulta igualmente básica la gestión de un plan de formación profesional y de trabajo productivo para que las personas que lo requieran puedan acceder a la formación y a un trabajo en condiciones justas. Otro reto crucial para el sistema será dar respuesta a las necesidades de la población extranjera recluida (hoy son 40 las nacionalidades representadas en las cárceles de la CAPV).
Según subrayó el consejero, un modelo de estas características tendrá que contar necesariamente con un Plan Director que estructure las fases de su desarrollo de la forma más conveniente.
EN CONCLUSIÓN
1.- Estamos preparados para asumir la competencia en materia de ejecución penal y política penitenciaria y por tanto exigimos una vez más su traspaso.
2.- Apostamos por un nuevo modelo que favorezca y desarrolle penas distintas a las de prisión y en el que prime el trato individualizado y la orientación social de la ejecución. La piedra angular de todo este modelo es la consideración del recluso como lo que es: una persona privada de libertad, pero no del resto de sus derechos.
3.- Así, optamos por centros de tamaño reducido y específico considerando que las necesidades de la CAPV están entre las 1.100 y 1.500 plazas.
4.- Es fundamental que se creen las instalaciones y se arbitren los recursos humanos necesarios con formas de gestión y programas adecuados a las necesidades y el desarrollo de los reclusos.
5.- El plan que se elabore y que deberá ser aprobado por el Parlamento fijará las actuaciones a desarrollar en fases y con planes plurianuales de inversiones.
6.- El horizonte que contemplamos con este estudio es la apertura de un proceso de debate y reflexión entre partidos políticos, organismos sociales, expertos, etc, con el fin último de implantar un nuevo modelo de ejecución penal que sustituya al anterior. Modelo que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno y presentado posteriormente en el Parlamento Vasco.
7.- El objetivo de este modelo, nuestro objetivo, esencial e irrenunciable, es garantizar la dignidad y a los derechos humanos básicos de las personas en prisión y cumplir con la finalidad reinsertadora de la pena.
Fuente: Joseba Azkarraga
