Aboga por la desaparición de la Audiencia Nacional y por la designación de los miembros del Constitucional por las comunidades autónomas El consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, aseguró hoy que la reforma de la Justicia que está desarrollando el Gobierno central “si bien tiene avances, no llega al fondo de los problemas, fundamentalmente de carácter estructural”. En este sentido, recordó que en la citada reforma se han “soslayado” algunas cuestiones como la desaparición de la Audiencia Nacional y la no participación de las comunidades autónomas en la designación de los miembros del Tribunal Constitucional.

Azkarraga hizo estas reflexiones hoy en Vitoria, donde compareció junto a la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, quien dio cuenta de los asuntos tratados en el último Consejo de Gobierno antes del verano.

Tras indicar que “se debe de aprovechar esta oportunidad para acometer una reflexión a fondo sobre el modelo de Justicia que deseamos para los próximos años” y que “hay que llegar al fondo de los problemas”, el consejero consideró que “con el material que el Ministerio de Justicia ha puesto sobre la mesa, hay campo para el trabajo, para la discusión y para la reflexión”, aunque dijo que “es fundamental que en este trabajo se tenga en cuenta a todos, fundamentalmente a las comunidades con competencias en la materia”.

Con respecto al contenido de la reforma, el titular de Justicia advirtió de que hay “luces y sombras” y calificó de “muy preocupante” el que “nos situemos de nuevo ante lo que parece una especie de historia interminable”, en referencia a las “continuas reformas en Justicia desarrolladas por el Gobierno del PP y ahora por el Gobierno del PSOE”.

“Reformas que pretenden actuar a modo de parche o de soluciones casi milagrosas o prodigiosas para salir al paso o hacer frente a coyunturas políticas determinadas y que, sin embargo, no acaban de resolver los problemas pendientes de la Justicia, que es un servicio público esencial en democracia”, aseguró Azkarraga.

El consejero se refirió a algunos aspectos concretos de la citada reforma iniciada por el Gobierno central, como la ampliación de las competencias de los Tribunales Superiores. “Esta propuesta supone, cuando menos, la normalización del derecho a la segunda instancia penal, y cabe recordar que el comité de Derechos Humanos de la ONU había advertido al Gobierno español de la carencia de esa segunda instancia penal y además había instado a la solución y puesta en funcionamiento de esa segunda instancia”, recordó.

“Sin embargo, y aunque se introduce la casación autonómica, sólo podemos hablar de casación autonómica del derecho autonómico. Es por tanto, desde el punto de vista de nuestro Gobierno, una casación que si bien la valoramos positivamente, no deja de ser una reforma muy limitada”, consideró el representante del Gobierno vasco.

Dicho esto, anunció que trasladarán esta opinión al Ministerio, ya que “se debe ir más allá hasta completar el techo competencial, dejando solamente reservado ante el Tribunal Supremo la unificación de aquellas resoluciones contradictorias o contrarias a su jurisprudencia”.

CONSEJOS AUTONOMICOS

Con respecto a los Consejos Autonómicos, dijo que aunque “la reforma viene a preconizar la descentralización del Poder Judicial con la creación de dichos consejos” se está haciendo “un brindis al sol” ya que “esta propuesta nos sitúa ante una sala de Gobierno reforzada”.

Según explicó, “la delegación de competencias para llenar de contenidos estos consejos va a depender de la voluntad del CGPJ” y “como este proyecto de reforma no entra en concreciones, todo queda al albur de coyunturas y, sobre todo, de voluntades”. “Desgraciadamente, la voluntad autonómica del CGPJ es harto conocida por parte de nuestro Gobierno”, lamentó.

Sobre la composición mixta para los consejos autonómicos, explicó que parte de sus miembros serían elegidos en función de su cargo, otros lo serían por elección entre los jueces y que se introduciría una novedad, que es que una tercera parte la iban a componer juristas de reconocido prestigio que iban a ser elegidos por el Parlamento vasco.

Ante algunas críticas “por parte de los sectores más conservadores de la Justicia y de la política” en el sentido de que “esta forma de elección potencia la politización de la Justicia”, recordó que el Parlamento español nomina a los miembros del CGPJ, por lo que “la misma politización existe cuando los miembros del CGPJ son elegidos por el Parlamento español, como cuando una parte de este consejo autonómico es elegida por el Parlamento vasco”.

Con respecto a la justicia de proximidad, dijo que “más que ante una reforma, estamos ante un conjunto de ideas, alguna de las cuales es interesante”, como la que resume el propio concepto de la Justicia de proximidad, “pero en su desarrollo se vuelve a caer en los errores de siempre”.

En este sentido, explicó que los Ayuntamientos propondrían una terna para esta justicia de proximidad, el CGPJ efectuaría los nombramientos y la oficina estaría atendida por personal autonómica con medios materiales de los ayuntamientos.

“Estaríamos ante un verdadero lío y, si algo hemos aprendido desde que asumimos la competencia de Justicia, es que su funcionamiento ha venido siendo lastrado por la interacción permanente de diferentes instancias competenciales con intereses distintos y, en algún caso contradictorios, y que actúan siempre sobre el mismo tema”, indicó.

En este punto, matizó que éste ha sido el motivo fundamental por el que siguen solicitando la desaparición de los llamados cuerpos nacionales de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. “De esta desaparición nada se dice en la reforma”, advirtió.

A pesar de estas críticas, el consejero manifestó “cierta esperanza” porque el Ministerio abra “un verdadero proceso participativo”, en referencia fundamentalmente a la forma, aunque añadió que “no es de recibo que las comunidades que tenemos competencias en materia de justicia, nos hayamos enterados de las propuestas de reforma a través de los medios” ya que “las reformas que aborda afectan al título competencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco definido en nuestro Estatuto de autonomía”.

“Este es un hecho objetivo y constituye, desde nuestro punto de vista, una razón más que suficiente para considerar que las decisiones, cuando menos, deberían haber estado precedidas de una reflexión conjunta, de un análisis y de un debate entre el Ministerio de Justicia y las comunidades que tenemos competencias en la materia”, agregó.

Por último, consideró que “los cambios, sobre todo cuando son importantes, se deben gestionar con el suficiente diálogo y contraste, porque es la única forma para que nos puedan facilitar el camino para acuerdos posteriores”.

Fuente: Joseba Azkarraga