El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social considera que la descentralización de los poderes ejecutivo y legislativo no ha tenido su correspondencia en el poder judicial, y que la falta de adecuación de la Justicia a un estado plurinacional como el español es un “asunto pendiente que el Parlamento deberá acometer en un futuro próximo”.
Joseba Azkarraga ha inaugurado esta mañana, en San Sebastián, un curso de la universidad de verano de la UPV dedicado a las reformas del Tribunal Constitucional y del poder judicial. En su intervención, el consejero ha aludido brevemente a la propuesta de Nuevo Estatuto Político aprobada por el Parlamento Vasco en diciembre de 2004, de cual ha dicho que, si bien en su momento fue centro de las críticas, “las reformas ahora en marcha admiten, por la vía de los hechos, que nuestros planteamientos no estaban tan ausentes de razón como se pretendió por parte de algunos”.
Azkarraga ha recordado que la iniciativa suponía disponer de un Poder Judicial vasco en el que se agotaran todas las instancias judiciales. “Con los términos de nuestra iniciativa se materializaba la sustitución del Estado en la administración de justicia en nuestra Comunidad, sin más limitación que la aplicación de los mismos principios procesales y los derechos fundamentales que rigen en el Estado, y con el diseño de un marco de coordinación y cooperación con el ámbito estatal y europeo”.
Respecto a este asunto, ha insistido en que la propuesta en ningún caso producía una ruptura con el principio de unidad jurisdiccional. “Desde una perspectiva no sólo política, sino pragmática, sería claramente beneficiosa para el servicio público de la administración de justicia la posibilidad de contar con órganos de gobierno del poder judicial autonómicos y con el máximo de competencias posibles”.
Azkarraga estima igualmente positivo, que la reforma planteada “suponga la normalización del derecho a la Segunda Instancia Penal”. Sin embargo, ha matizado que aunque esto supone un avance la propuesta “nos parece excesivamente limitada. Existen instrumentos técnico-legales que podrían desarrollarse para dotar de toda potencialidad al sistema competencial de los tribunales superiores”.
El titular de Justicia considera que las distintas instancias judiciales deben agotarse en los propios órganos judiciales autonómicos, dejando para el Tribunal Supremo la labor de unificar la doctrina, y para el Constitucional, los derechos fundamentales y el resto de competencias que mantiene en la actualidad.
Igualmente, ha expresado sus dudas sobre la imparcialidad del alto tribunal a la hora de dirimir las diferencias sobre el desarrollo de “un Estado que, siendo en su definición plurinacional, no concreta luego la debida representación en órganos claves; porque resulta incuestionable que hasta ahora la formación del TC no ha tenido en cuenta las distintas sensibilidades de quienes se van a ver concernidos por su actuación de una manera muy directa”.
“Nosotros defendemos que se debe aprovechar, además, este momento para acabar con una prerrogativa de la que la Administración central ha hecho más que uso abuso, como la que supone suspender normas autonómicas en tanto se decide sobre su constitucionalidad”, ha señalado Azkarraga.
El consejero se ha referido, también, a la actual consideración del personal al servicio de la Administración de Justicia. Sobre este asunto ha dicho que la verdadera limitación al ejercicio de las competencias que en materia de Justicia están dispuestas en el Estatuto de Autonomía tiene su origen en la consideración de cuerpos nacionales. “Y no vendría mal recordar ahora –ha puntualizado Azkarraga-, que el propio TC asumió en su día que, reconocer a los cuerpos de la Administración de Justicia como nacionales, no era la única interpretación constitucionalmente aceptable”.
Finalmente, el consejero ha manifestado que se debe aprovechar la oportunidad abierta con las reformas en trámite para ir a soluciones de largo alcance. En este ámbito ha incluido, por ejemplo, la reforma de la denominada “justicia de proximidad”, la posible despenalización de algunos tipos de faltas, o la desjudicialización de algunas reclamaciones a favor de sistemas administrativos o arbitrales.
Fuente: Joseba Azkarraga
