En una comparecencia a petición propia en la comisión de Instituciones e Interior

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga, ha explicado hoy en comparecencia parlamentaria que se ha celebrado a petición propia, que su Departamento ´cumple con las obligaciones que le afectan, respecto a la provisión de medios materiales a las sedes judiciales de la CAPV, y que no tiene responsabilidad alguna en la no destrucción de documentos con información relativa a ciudadanos, por parte de algunos órganos judiciales´.

Según puso de relieve, desde que se dio la noticia de que el TSJPV arroja a la basura documentos con información que afecta a la intimidad de los ciudadanos, ´mi obligación era aclarar que la responsabilidad de esa actuación negligente no es de este Departamento, aunque pública y privadamente así se le haya imputado´.

Azkarraga recordó en primer lugar que el Departamento que dirige, en virtud de las transferencias operadas a favor del Gobierno Vasco en el año 1987 (medios materiales) y 1.996 (personal administrativo de los Juzgados), ´ha venido dotando de medios materiales y personales a la Administración de Justicia, de forma adecuada, a fin de atender las necesidades de su correcto funcionamiento´.

Según subrayó, la labor de provisión de medios por parte del Departamento no alcanza a aspectos operativos del actuar jurisdiccional ni judicial, que son competencia en unos casos del CGPJ, y en otros de la Sala de Gobierno del TSJ, de los secretarios judiciales y de los propios responsables de los órganos judiciales. ´Hablamos de un ámbito -aseguró Azkarraga- en el que intervienen personas e instituciones respecto de las cuales no pueden adoptarse decisiones desde el Gobierno Vasco´, puesto que los jueces y magistrados dependen del CGPJ y los secretarios judiciales del ministerio de Justicia.

Igualmente, el Consejero argumentó que es la Ley Orgánica del Poder Judicial la que determina las funciones de los secretarios y asigna a estos la responsabilidad de custodia de los expedientes judiciales y los objetos depositados. Las consideraciones recogidas en la norma sugieren, además, que una diligente actuación por parte de los secretarios judiciales supone, entre otras, la de transmitir las instrucciones pertinentes para que, en ningún caso, el material de desecho pueda contener información que sea considerada sensible.

Azkarraga aclaró además la confusión generada por el acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del TSJPV en reunión celebrada el día 5 de febrero -que su Departamento recibió por fax el día 6- y que en su vigésimo punto del orden del día rezaba: ´Se plantea en la Sala la noticia aparecida en un medio de comunicación sobre el destino que se da a determinada documentación, procesalmente inservible e irrelevante de los órganos judiciales. Tras analizar y debatir el tema, se estima imprescindible, antes de adoptar ningún tipo de prevención sobre la destrucción o inutilización de dichos documentos, el recabar información del Departamento de Justicia sobre cuál es el circuito y tratamiento que se da a los documentos o escritos que son desechados por los órganos judiciales, si son o no objeto de reciclaje y sobre si se disponen de medios materiales y cuáles son estos para la destrucción o inutilización de estos escritos. A tal fin, la Sala acuerda, por unanimidad, dirigir atento oficio al Departamento de Justicia recabando dicha información´.

Azkarraga destacó que, ´pese a que algún medio de comunicación quiso deducir de este acuerdo una atribución de responsabilidades´, ´ese mismo día 6, la presidencia del TSJPV divulgó una nota para negar que la Sala de Gobierno atribuyera responsabilidad alguna al Departamento, al tiempo que su Presidente personalmente lo desmentía a este Consejero´. En palabras de Azkarraga, es evidente que de este acuerdo ´lo que se colige es justamente lo contrario, esto es, es una solicitud de información a efectos de adoptar, si procede, una prevención (una instrucción) sobre la destrucción e inutilización de esos documentos´.

Una respuesta, añadió, que ya ha sido remitida a la Sala de Gobierno y que, en síntesis, expone que el Departamento provee de papeleras y máquinas destructoras de papel a los órganos judiciales y también procede a través de los oportunos servicios de limpieza a retirar los materiales depositados en las papeleras para su reciclado.

Según remarcó, ´todos los puestos cuentan con su papelera y las destructoras que hay en la actualidad en el Complejo de Albia Justizialdea de Bilbao han sido en unas ocasiones solicitadas por diferentes órganos judiciales y, otras, remitidas por propia iniciativa del Departamento´. En estos momentos -agregó-, hay una máquina destructora por cada instancia, su utilización es residual y en ningún momento se ha solicitado la ampliación de las existentes por considerarlas escasas.

Finalmente, hizo hincapié en que las competencias del Departamento, ´en un ámbito tan escasamente descentralizado como es la Justicia, no alcanza a aspectos operativos del actuar jurisdiccional ni judicial´. Así, el Departamento se ciñe a la dotación de medios materiales y personales y está, ´como no podía ser de otra manera, interesado en colaborar con los órganos responsables de establecer el proceder adecuado respecto a la documentación de desecho´.

Fuente: Joseba Azkarraga