Texto completo de la Enmienda a la Totalidad. Eusko Alkartasuna presenta la siguiente enmienda de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 basándose en los siguientes argumentos que a continuación se detallan.

Dos son las razones fundamentales sobre los que se sustenta nuestra oposición a los Presupuestos que se nos presentan. Por una parte, el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, en concreto el Estatuto de Gernika, la falta de transferencias de las competencias en cuestiones básicas y la ausencia por tanto de la subsiguiente financiación que impiden una política de inversión y gestión propias a las instituciones vascas en campos tan importantes y diversos como la investigación científica y el desarrollo tecnológico, las políticas de empleo y Seguridad Social, la formación continua, la competencia penitenciaria etc. Y por otra, la falta de inversiones del Estado en la Comunidad Autónoma del País Vasco en materias que son de su competencia por derecho o que no lo son, pero no han sido transferidas todavía, y que denotan una grave falta de compromiso con el progreso de la CAPV y el bienestar de sus ciudadanos.

Es de justicia denunciar que tras 25 años de vigencia del Estatuto de Gernika, aún queden pendientes de transferir 37 competencias reconocidas en el mismo, que son claves para el desarrollo socioeconómico de Euskadi. Incumplimientos estatutarios en los que, por una mera cuestión de voluntad política, han venido y vienen incurriendo los sucesivos gobiernos del Estado en claro fraude de ley unilateral.

Por tanto, es del todo inaceptable esta actitud del Estado que socava el autogobierno, frena el crecimiento socio-económico y la calidad de vida de la ciudadanía vasca. No es de recibo que en compensación por tales incumplimientos y puesto que la CAPV recibe mucho menos del Estado que lo que aporta, vía pago del Cupo por las competencias no transferidas, las instituciones vascas se vean obligadas a detraer fondos destinados a otras competencias propias, lo que implica un evidente sobreesfuerzo financiero para sus presupuestos.

Estos hechos se producen en particular en el ámbito de la Investigación y Desarrollo, vital para la modernización y competitividad de la CAPV. Es inadmisible que el Estado invierta en la CAPV menos del 1%, esto es, cinco puntos menos de lo que le correspondería. Cuando menos, el Estado debiera transferir inversiones en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico acorde con la cantidad que vía cupo abona la CAPV, proyectos que además debieran estar acordados con las instituciones vascas.

En cuanto el capítulo de inversiones, constatamos de nuevo en estos Presupuestos la falta de atención del Estado a las necesidades prioritarias de la CAPV y sus ciudadanos, necesidades para cuyo acometimiento y solución no puede haber mayor dilación.

Es muy significativo que pese al incremento del 11,5% en la inversión en las comunidades autónomas contemplado en los Presupuestos para 2006, (más de cuatro puntos por encima del gasto medio), la Comunidad Autónoma del País Vasco no sólo es una de las cinco comunidades autónomas de las diecisiete del Estado español que menos inversiones recibirán el próximo ejercicio, sino que además es una de las dos comunidades que ha visto reducidas las inversiones reales en los Presupuestos para 2006. Una tónica, por lo demás, ya habitual en los Presupuestos Generales del Estado para con la CAPV, ya que si en las Cuentas del Estado para 2005, las primeras del nuevo Gobierno socialista, las escasas inversiones previstas para Euskadi relegaban a esta comunidad al decimotercero lugar en el ranking de inversiones por comunidades autónomas, con 373,32 millones de euros, lo que suponía un porcentaje sobre el total, del 2,1%, la dotación prevista para 2006 coloca a la CAPV en la decimocuarta posición entre las 17 comunidades autónomas al presupuestar unas inversiones de 359,66 millones, lo que supone el 1,8% del total. Se evidencia así una reducción de las inversiones reales del 3,66% respecto a los Presupuestos de 2005.

La constatación del que en líneas generales es un constante déficit de inversiones del Estado, que lastra el progreso de Euskadi y condiciona el bienestar de sus ciudadanos, se plasma con especial singularidad en la, una vez más, falta de suficiente respaldo presupuestario a proyectos básicos para el desarrollo económico y cohesión territorial del País Vasco como son la llamada Y vasca ferroviaria, la estación intermodal de Irun, Pasaialdea, claves para un tráfico transfronterizo de personas y mercancías más sostenible. Cuestión bien paradójica cuando el Gobierno central ha apostado por el ferrocarril en materia de transportes al incrementar en un 7,9% las dotaciones previstas en el conjunto del Estado respecto a 2005.

En este sentido, echamos en falta compromisos reales que pasan no sólo por la efectiva ejecución de las partidas que se consignen, sino mediante la dotación de mayores partidas presupuestarias, y a través de la consignación de compromisos plurianuales que confirmen una voluntad de llevar a cabo sin más demora tales infraestructuras de urgente necesidad.

Consideramos que el aplazamiento en la previsión de ejecución de la Y vasca hasta 2014, cuatro años más de lo inicialmente previsto, los alrededor de 151 millones de euros consignados para acometer el trazado, en nuestra opinión claramente insuficientes, y la no priorización del tramo guipuzcoano (Irun) para el inicio de las obras, precisamente por el carácter transeuropeo de conexión a otros Estados de la UE, no permiten dar el impulso que requiere una infraestructura tan necesaria para vertebrar el territorio. Decisiones que sorprenden al ser éste uno de los grandes proyectos de redes transeuropeas acordados en el Consejo Europeo de Essen de 1993. Por ello entendemos que las dificultades jurídicas que afirman existir pueden ser salvables con voluntad política.

Asimismo, ante la no puesta a disposición de suelos y licitación de obras oportunas, apreciamos una falta de implicación suficiente del Gobierno central en las iniciativas que se están poniendo en marcha en la CAPV para revitalizar socioeconómica, medioambiental y urbanísticamente el área de Pasaialdea. Mientras los ayuntamientos implicados, Gobierno Vasco y Diputación de Gipuzkoa sí han cumplido con su parte, el Gobierno central no ha realizado la aportación del 25% debida y acordada con la sociedad Jaizkibia, ni ha abonado los gastos de expropiación de Molinao.

Dicha falta de implicación también se hace patente para afrontar la construcción en un lugar estratégico en el Arco Atlántico europeo como es Irun, de una estación intermodal que aliviaría el excesivo tránsito de camiones por el paso de Biriatou y por consiguiente el colapso de las carreteras guipuzcoanas. Todo ello, sin olvidar la dejación y en algunos casos bloqueo de la Administración central de diversos proyectos de soterramiento de vías férreas de titularidad estatal en las capitales vascas que impiden su desarrollo y dinamización urbanística.

Otra cuestión prioritaria es la necesidad de inversión para la mejora de los tres centros penitenciarios del País Vasco (Basauri, Martutene y Nanclares de Oca) en tanto no se produzca la transferencia de la competencia. Sin embargo, y pese a la deplorable situación de abandono en la que se encuentran las instalaciones, que sólo garantizan unas indignas condiciones de vida para los reclusos, no hay partida alguna en esta materia para el año 2006.

También consideramos muy insuficiente la consignación para actuaciones de saneamiento y depuración (8 millones de euros), toda vez que aún queda pendiente la realización por parte de la Administración central del Estado, tras una década de incumplimientos, de importantes obras de interés general en el Alto Nervión (depuradoras de Amurrio y Laudio), y en la Ría de Gernika (depuradora de Bermeo) con un coste de unos 64 millones de euros. Es inadmisible que la inacción del Estado para con sus obligaciones provoque una situación insostenible en el Nervión y retrase el plan de saneamiento de Urdaibai, pese a estar dicha zona declarada como reserva de la biosfera, hasta el punto de que por este motivo tales cuencas serán las últimas de Euskadi en tener un saneamiento acorde con las directivas europeas.

Y mención especial nos merece también la falta de sensibilidad del Estado en cuanto a la promoción y desarrollo del euskara ya puesta de relieve por el Consejo de Europa en un reciente informe en el que pedía al Estado que hiciera un esfuerzo especialmente en la administración de justicia y en la Administración central.

Por otra parte, entrando a valorar el cuadro macroeconómico que se maneja en estos Presupuestos para 2.006, entendemos que el mismo no es demasiado lógico, amparado además en una politica de crecimiento del P.I.B. bastante desequilibrada y poco armónica y no viable a medio plazo, soportado en un consumo creciente, y en el sector de la construcción. El crecimiento previsto parece un tanto optimista si se tiene en cuenta que tanto el sector doméstico como las empresas, empezarán a notar los efectos de la subida de precios en los productos energéticos, en las materias primas, en los gastos de transporte, así como en el previsible incremento de los tipos de interés y como consecuencia de los gastos financieros.

Además, puesto que la inflación está alcanzando importes de tal cuantía, entendemos que deberían tomarse medidas de forma urgente para compensar las subidas producidas por la dependencia del consumo del petróleo, solventando otros problemas estructurales existentes en la economía del Estado, en concreto en la formación y determinación de ciertos precios en sectores importantes de la actividad.

No es casualidad que el Estado español esté a la cola de la UE en competitividad ante el desequilibrio entre las importaciones y exportaciones y el aumento de inflación por encima de la media comunitaria que reduce la competitividad empresarial. Se impone un mayor esfuerzo inversor en la innovación, que hoy apenas supone un 1,1% del Producto Interior Bruto, algo ya recalcado recientemente por el propio Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE. No obstante, el Presupuesto para 2.006 no presta una atención especial a la modernización y el desarrollo económico, ni fomenta una cultura de la innovación y del conocimiento a todos los niveles, y en especial en el mundo industrial, imprescindible para un desarrollo económico sostenible y para permitir modificar y actualizar los modelos productivos.

En este sentido, vemos que aunque nunca se ha invertido tanto en I+D, como en los presentes Presupuestos, 6.700 millones de euros, un 29,7% más que en 2005, los 1.684 millones de euros destinados a investigación militar suponen la mayor cifra destinada nunca a este concepto. Esto significa que el Estado español es el segundo país desarrollado que mayor porcentaje del PIB destina a armamento tras EEUU.

Es inaceptable para Eusko Alkartasuna que uno de cada cuatro euros dedicados a I+D se destine a gasto militar, pues dicha partida se ha incrementado respecto a los presupuestos anteriores en un 27%. Un dato superior a la investigación científica (que recibe 599 millones), sanitaria (287,1 millones), agraria (64,2 millones), oceanográfica y pesquera (49,4 millones) juntas, sectores todos ellos en los que la innovación resulta imprescindible y de interés directo para los ciudadanos. Igualmente, es inaceptable que de nuevo en los Presupuestos no se haya reubicado los gastos en armamento para dejar de considerarlos inversión en I+D, dado que casi un tercio de la inversión en I+D del Ministerio de Industria está destinada a programas militares.

Llegados a este punto hemos de manifestar que el Presupuesto para 2.006 no prepara al ciudadano para los retos sociales que se le van a ir presentando en el futuro. Para ello sería necesario favorecer, con mas intensidad, las políticas educativas a todos los niveles, el gasto en infraestructuras, en Investigación, Desarrollo, e Innovación, mejorar las dotaciones en el área de atenciones a la salud, así como a los marginados y menos favorecidos socialmente. Y concretamente, ante el envejecimiento poblacional y las necesidades que se están planteando y se van a plantear en el futuro, es necesario realizar una planificación concreta a iniciar en este Presupuesto, mediante la dotación de fondos suficientes (300 millones más de los escasos 100 previstos) para la puesta en marcha de la nueva ley de dependencia en relación con el apoyo a las personas que precisan de una colaboración para sus necesidades básicas.

Por todo ello, debemos solicitar la devolución del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006.

Fuente: Begoña Lasagabaster