Texto íntegro
Celebramos este debate sobre el Estado de la Comunidad en un contexto político cualitativamente distinto al de años anteriores. Las numerosas voces que en el Estado español piden la apertura de un proceso de revisión del modelo de Estado, comenzado en la Comunidad Autónoma Vasca, y anunciado por el propio PSOE que hoy tiene responsabilidades en el gobierno central, y la coincidencia de esta iniciativa con la celebración de sendos debates estatutarios en Cataluña y la CAV, abre una nueva etapa estratégica que en Navarra también debemos aprovechar para plantear nuestras propias exigencias en materia de avance democrático y de desarrollo del autogobierno.
Un proceso que deberá suponer la adecuación de la realidad institucional a las aspiraciones y exigencias políticas actuales, que deberán ser refrendadas democráticamente por la ciudadanía. Un proceso, por tanto, de actualización democrática, que esperemos sirva para ir resolviendo una transición política a nuestro juicio aún inacabada.
Un proceso que, en virtud de su sentido y naturaleza, debe contribuir a profundizar en los instrumentos hoy existentes para la expresión de la voluntad popular y el reconocimiento del ejercicio de la libre decisión en aquellas cuestiones que afectan de forma fundamental a la ciudadanía.
Un proceso que debe suponer una ampliación tanto de las capacidades políticas propias, y por tanto, de las instituciones autonómicas, como de los derechos democráticos de la sociedad, en coherencia con la filosofía de apertura que lo inspira.
Hasta ahora hemos oído al PSOE defender un criterio diferente en función de quién encabeza la iniciativa en el debate estatutario.
Mientras de momento se muestra optimista y complaciente en torno al proceso catalán liderado por el PSC de Maragall, junto con sus socios de gobierno ERC e IU, la actitud del Gobierno español hacia el debate promovido en la Comunidad Autónoma Vasca no sólo es reacia, sino incluso cerrada y con cierto tono de advertencia.
¿Acaso no son igualmente legítimas las decisiones que se adoptan por mayoría parlamentaria en una y otra cámara? ¿No tiene el mismo valor la voluntad democrática libremente expresada de la ciudadanía de una y otra comunidad? ¿Vale menos un representante de la ciudadanía en el Parlamento Vasco que en el catalán?
Hemos oído también al Partido Popular ofrecer públicamente al PSOE un acuerdo sobre desarrollo autonómico que no persigue otro fin que poner límite y freno de antemano a un debate que aún no ha empezado.
Maniobras políticas, en definitiva, que buscan condicionar e impedir incluso el desarrollo libre y democrático de la sociedad cuando no coincida con los intereses de los partidos centralistas, que acaban utilizando el fundamentalismo como principio y fin de su argumentación política.
En Navarra, el comportamiento del Gobierno Foral en torno a esta cuestión está siendo patética. Ninguno de los dos socios de gobierno, ni UPN ni CDN, ha hecho propuesta ni sugerencia alguna en relación con el debate general que se avecina, ni ha habido un posicionamiento oficial al respecto.
A juzgar por la pasividad del Ejecutivo Foral, parece que tiene más interés en que Navarra pase desapercibida y no sea nombrada siquiera en este debate sobre el marco territorial, en el que tenemos que aprovechar las circunstancias para defender los intereses de Navarra como territorio histórico.
Parece que algunos en Navarra prefieren seguir en este tema el criterio del Partido Popular, fuerza política centralista donde las haya, con el perjuicio que acarrearía a nuestros intereses generales. El PP ni entiende ni respeta nuestra soberanía, y ni siquiera asume el propio estado autonómico.
Es más, en las dos últimas legislaturas el gobierno del PP ha puesto en jaque en varias ocasiones a esta institución, al cuestionar leyes aprobadas por este Parlamento, que fueron recurridas por su gobierno ante el Tribunal Constitucional.
En los últimos ocho años, el gobierno de la derecha española ha vulnerado sistemáticamente la división de poderes y el pluralismo político, protagonizando una involución democrática sin precedentes desde la época franquista. Así que tampoco podemos esperar ni aportaciones ni el más mínimo respeto democrático a Navarra por su parte.
¿Piensan sinceramente los socios del Gobierno Foral dejar en manos de este partido la defensa del futuro de nuestra Comunidad? ¿O, tal y como deberían hacer, van a plantearse seriamente exigir avances en el autogobierno y en las capacidades democráticas de Navarra?
Por el momento parece que no. El Ejecutivo de UPN y CDN sólo ha aludido a la supresión de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución, que como todos sabemos, es la única vía constitucional que actualmente reconoce, aunque sea de forma parcial, la capacidad de decisión de los navarros y las navarras. Sin esta previsión, toda decisión de reforma del marco jurídico político de Navarra quedaría en manos de la ciudadanía del conjunto del Estado, perdiendo los navarros y navarras nuestra autonomía. No vendan su obsesión antivasca con este recorte a la capacidad de decisión de la ciudadanía navarra.
Ni UPN ni CDN han mencionado la posibilidad de promover, también en Navarra, una reforma estatutaria que nos permita ampliar nuestras capacidades de autogobierno y resolver algunas de las carencias democráticas más importantes que aquejan hoy al Amejoramiento, actual marco jurídico político de Navarra.
No han hecho mención de la oportunidad que nos brinda la ocasión a los navarros y las navarras para mejorar los resortes y herramientas que tenemos a nuestra disposición para gestionar nuestros recursos, y así dar respuesta a nuestras necesidades sociales, políticas, culturales y ciudadanas, en general.
Tampoco han aludido a la ocasión que ofrece el contexto para recuperar una reclamación fundamental en la defensa de nuestro sistema fiscal y financiero, como es el reconocimiento del derecho de Navarra a defender de forma directa nuestras competencias en esta materia ante la Unión Europea.
Las inquietudes democráticas de los partidos que conforman el Gobierno de Navarra en relación con este debate son nulas cuando no contrarias al impulso democrático que anima la reforma estatutaria en otros puntos del Estado. Quizá a esta última razón se deba su falta de interés en que se celebre en Navarra un debate en la Cámara Foral en torno a este tema.
Muy al contrario, y saltándose el cauce parlamentario, UPN pretende utilizar de intermediario al PP para trasladar al Congreso español su petición de eliminar la Disposición Transitoria Cuarta, propuesta rechazada por la mayoría de este Parlamento hace escasos meses, también por el Partido Socialista y que, dicho sea de paso, no cuenta ni con el apoyo del propio representante de UPN en la dirección del Partido Popular, Jaime Ignacio del Burgo, que en un medio de comunicación criticaba hoy mismo la posibilidad de que se elimine dicha disposición.
Hemos oído al Partido Socialista hacer una propuesta al Gobierno en relación con este tema, y si hemos entendido bien, ha superado a UPN por la derecha. Actúan ustedes a la defensiva, señores del PSN. No se si esta actitud responde a un cambio de dirección, o a qué. Parece que pretenden cerrar todas las puertas a cualquier alternativa en esta Comunidad. Desde luego, con planteamientos como estos no cuenten con nosotros.
Es una contradicción absoluta hablar de profundización democrática y al mismo tiempo plantear la eliminación de la capacidad de decisión de los navarros y navarras, nuestro derecho a decidir, derecho que en Eusko Alkartasuna siempre hemos defendido. Todas las iniciativas que se adoptan en la CAV respetan la capacidad de decisión de los navarros y las navarras. La propuesta del Gobierno que ahora se debate es muy clara en el respeto al marco jurídico actual de Navarra, y afirma que cualquier decisión sobre la posibilidad de que Navarra se sume a un proyecto en común con el resto de los vascos corresponde únicamente a la ciudadanía navarra, y no a todos los vascos de Hegoalde.
En cambio, ustedes quieren que todos los ciudadanos del Estado, más de 40 millones de españoles, decidan por los navarros y las navarras. Es una cuestión de defensa de nuestro autogobierno y capacidad de decisión.
Mientras unos intentamos abrir nuevas vías al desarrollo democrático de nuestra Comunidad, otros aprovechan ‘el viaje’ de las reformas para tratar de cerrar puertas y dar pasos atrás en el reconocimiento de nuestros derechos democráticos.
En su fundamentalismo ideológico, quieren hacer del marco actual de Navarra una realidad inamovible, pretenden blindar constitucionalmente el proyecto de esta Comunidad, negando cualquier otra vía de desarrollo futuro distinta a la actual.
Está claro que UPN no asume la dinámica democrática, manifiesta un temor visceral hacia lo que puedan decidir las futuras generaciones de navarros y navarras, demostrando con ello una desconfianza evidente hacia su propio proyecto político. Por lo que resulta difícil de creer que la derecha navarra tenga voluntad política de remover algunos de los obstáculos que hoy limitan el ejercicio de nuestra autonomía y nuestra capacidad de decisión.
Algunas limitaciones constitucionales tales como la exigencia de la autorización del Senado para establecer simples acuerdos de cooperación entre comunidades autónomas, o la propia prohibición expresa a la federación y confederación entre comunidades son limitaciones constitucionales fundamentales, no tienen justificación democrática alguna, y atentan contra la igualdad de condiciones que debe existir en todo sistema democrático entre todos los proyectos políticos para que puedan materializarse si la ciudadanía así lo decide libremente.
La ciudadanía navarra tiene el derecho de decidir libremente en cada momento las características de su marco jurídico político, su relación con otros territorios de Euskal Herria y su vinculación con el Estado español.
Asimismo, a nuestro juicio, debería propiciarse un debate específico en torno a nuestro marco jurídico – político, el Amejoramiento, cuyas insuficiencias de fondo y forma justifican por sí mismas una revisión y actualización democrática.
A la falta de refrendo popular de que adolece la LORAFNA se suman otras deficiencias consecuencia de la posición de debilidad en la que se afrontaron en su momento las negociaciones políticas con el Estado. Así, a la exclusión arbitraria de los dos diputados nacionalistas vascos hay que añadir el hecho de que, durante el proceso de negociación, se vulneraron las bases políticas acordadas previamente en la Cámara navarra, es decir, se trampeó interesadamente el contenido del acuerdo de este Parlamento.
Asimismo, la LORAFNA se aprobó en un contexto político distinto al de otros estatutos, en un momento posterior, influido por acontecimientos como el golpe de estado de Tejero (‘el tejerazo’), y la aprobación de la LOAPA, norma impulsada por el Partido Socialista, que supuso el intento de Madrid por cerrar el proceso autonómico con la mayor merma posible del autogobierno, al considerar que se habían hecho ‘demasiadas concesiones’, y que peligraba la España centralista que defendían.
A consecuencia de todos estos condicionantes, la LORAFNA mantiene hoy día una serie de carencias que, desde nuestro punto de vista, es momento de subsanar.
- El tratamiento discriminatorio al euskera, cuyo reconocimiento de oficialidad fue excluido de la negociación definitiva con el Estado, y limitado por una zonificación lingüística sin parangón que legitima la desigualdad de derechos y la discriminación social por un criterio territorial; (si es que se puede legitimar la discriminación)
- las insuficiencias, sólo parcialmente corregidas, en el sistema de elección del presidente, cuyas capacidades han quedado inexplicablemente limitadas por condiciones arbitrarias;
- la inconsistencia en el tratamiento del desarrollo de la Policía Foral, cuyas consecuencias estamos viviendo ahora con un retraso de 22 años en la transferencia de la competencia de Tráfico y otra serie de problemas de organización y estructura que ponen en evidencia la necesidad de una revisión en este asunto son sólo algunas de las cuestiones que en nuestra opinión urge abordar, y a las que habría que añadir
- la regulación de la participación de Navarra en las instituciones de la UE en materias de nuestra exclusiva competencia;
- la superación de los condicionamientos para un ejercicio total de nuestra soberanía fiscal y financiera;
- la exigencia de competencias vinculadas a la Seguridad Social y de las políticas pasivas relacionadas con el ámbito laboral
La sede apropiada para la propuesta política sobre cuestiones que afectan de forma fundamental a Navarra es este Parlamento, no el Congreso del Partido Popular. Es a los partidos navarros a los que corresponde el derecho y la responsabilidad de emprender este proceso con valentía, en pro del bienestar de nuestra sociedad.
Porque la apuesta política por el desarrollo y la ampliación de nuestro autogobierno no es una cuestión de principios abstractos y aparentemente intransferibles a la realidad cotidiana; al contrario, si abogamos por el máximo desarrollo de nuestras capacidades se debe a que su despliegue tiene una consecuencia práctica palpable en nuestra sociedad.
La realidad demuestra que, a mayores cotas de autogobierno corresponde un mayor índice de bienestar, tal y como confirmaban recientemente los datos del estudio de la Fundación La Caixa, que situaban a Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca a la cabeza del estado en calidad de vida. Y es que, cuanto más cercana es la gestión de nuestros recursos mayor resulta la eficacia institucional a la hora de adaptar los servicios a las necesidades de la ciudadanía.
Por todo ello, y por muchas razones más, la posición de Navarra en este nuevo contexto político es fundamental. La falta de iniciativa del Gobierno de Navarra ante el cambio político que se aproxima evidencia su falta de miras y el agotamiento político de unos partidos que sólo aspiran a perpetuarse en el poder, sin más proyecto ni objetivo que tratar de preservar la situación a toda costa.
Mientras ha estado gobernando el Partido Popular, el miedo de UPN a escenificar un conflicto de intereses con el Gobierno Central ha condicionado totalmente su actuación sumisa y en connivencia con la política de intromisión en nuestras competencias de Madrid:
- el silencio de UPN ante los recursos de inconstitucionalidad del PP;
- la debilidad del Ejecutivo Foral en la reclamación de una solución al polígono de tiro de Bardenas;
- el consentimiento del ninguneo sistemático a Navarra, con ejemplos de falta de asignación presupuestaria para infraestructuras fundamentales, como por ejemplo la autovía Medinacelli – Tudela o la nueva cárcel;
- la incapacidad de este gobierno para reivindicar un papel estratégico en el itinerario del Tren de Alta Velocidad (la confusión, el cruce de versiones, las contradicciones entre ministro y consejero, el arreglo a última hora para la comparecencia parlamentaria solicitada por nuestro grupo)
se ha sumado al retroceso generalizado del estado de bienestar, afectado por la pérdida paulatina de peso de los capítulos sociales en los Presupuestos Generales de Navarra, la escasez de recursos humanos y materiales en Educación o Sanidad, la externalización sistemática de los servicios sociales, el desarrollo insuficiente de medidas en materia de igualdad, de infraestructuras en la atención a la tercera edad, salud mental etc.
Con la llegada del PSOE al poder en Madrid UPN ha sacado del cajón de los recuerdos todas esas reclamaciones que en su momento no planteó al Gobierno del PP, recordándonos de paso las cuestiones que éste dejó pendientes todo este tiempo.
Un cambio de actitud cuya consistencia iremos descubriendo con el tiempo. No obstante, mucho nos tememos que sólo se trate de propaganda, y en los asuntos de calado para el interés general de Navarra la postura de fondo vaya a ser la misma o parecida que en años anteriores.
UPN sigue haciendo un uso patrimonialista y excluyente de la identidad de Navarra, como lo demuestra su afán por marginar y minimizar del ámbito público y oficial la presencia de todo elemento que aluda al sustrato vasco de nuestra Comunidad (euskera, ikurriña… etc).
En cambio, hace un esfuerzo denodado por reforzar la presencia del centralismo español, recurriendo repetidamente a los representantes de la Casa Real Española, que son invitados casi sistemáticamente a todo tipo de inauguraciones en Navarra (túneles de Velate, parques eólicos, Baluarte…).
A UPN no le importa en absoluto que Navarra aparezca débil o desdibujada en este debate que se afrontará en el Estado, porque pone sus intereses partidistas por delante del desarrollo político y democrático de esta Comunidad, cuyo desenvolvimiento futuro sólo debe estar en manos de la ciudadanía navarra.
Aislar a Navarra de un proceso político que puede traer consecuencias sociales, políticas y económicas beneficiosas para nuestra sociedad constituiría un error histórico de bulto, y sería una irresponsabilidad institucional, política y económica que los partidos navarros no nos podemos permitir.
BALANCE POR CAPÍTULOS
PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR
En Presidencia, Justicia e Interior queremos destacar el caso de la Policía Foral. Al retraso injustificado y humillante durante más de 22 años del traspaso de la competencia de Tráfico, y que se ha pretendido explicar durante años con el rocambolesco argumento de la lucha antiterrorista, hay que añadir el descontento interno manifestado este último año por los agentes.
Una situación que obedece a una razón de fondo: el poco interés con que se trató el desarrollo de este cuerpo policial en el Amejoramiento, que unido al desinterés posterior de la derecha navarra en la reivindicación del traspaso de competencias en los años en que ha tenido responsabilidades de gobierno, han hecho del desarrollo de la Policía Foral un proceso lento e interminable, en el que se están produciendo problemas funcionales.
En Navarra carecemos de efectivos suficientes y de una ordenación adecuada que permita la especialización de la Policía Foral. Los datos cantan. Frente a los casi 7.000 agentes con que cuenta la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra dispone tan sólo de unos 650 agentes, desfase que no se corresponde en modo alguno con la diferencia de población de una y otra comunidad (cuatro veces menos población y diez veces menos agentes). Por lo que lo más urgente es proveer al cuerpo de los medios personales necesarios para que los agentes puedan atender todas las tareas asignadas.
En Eusko Alkartasuna defendemos la necesidad de que Navarra disponga de una Policía Integral, por tanto, exigimos que la Policía Foral asuma, con carácter exclusivo, todas las competencias que le corresponden, entre ellas la de Tráfico por supuesto.
Ya era hora de que la Junta de Transferencias exigiera el traspaso de esta competencia. Más vale tarde que nunca. Pero no deja de ser una burda desfachatez que UPN haya esperado al cambio de gobierno en Madrid para unirse a esta exigencia que otros llevamos reclamando desde el principio.
En los últimos tiempos, ha dado la impresión de que el nuevo responsable de Presidencia tenía problemas para mantener la calma entre el personal de la Administración. A las protestas de los policías forales le precedió una huelga de bomberos larga y sonora.
La cárcel es otro tema recurrente en estos debates, pues quedan pendientes cuestiones fundamentales como su capacidad y dimensiones, un dato fundamental, puesto que de ello va a depender una cuestión filosófica y esencial: cumplir la premisa de la proximidad de las personas presas a su entorno familiar. No aceptaremos que se construya un centro penitenciario más grande de lo que Navarra necesita para dar respuesta a sus necesidades, porque en Eusko Alkartasuna estamos rotundamente en contra de la dispersión de los presos, premisa que aplicamos coherentemente a todas las personas encarceladas.
SANIDAD
Ya criticamos en su momento en el discurso de investidura la intención de UPN y CDN de potenciar un sistema sanitario mixto. Desgraciadamente, se está haciendo realidad.
La Sanidad pública navarra ha pasado de ser pionera en todo el Estado a empezar a registrar necesidades que hasta ahora no se habían puesto en evidencia, y que en este momento están siendo denunciadas por los propios profesionales. La contratación en precario, sobre todo en el sector de enfermería, la falta de medios materiales para ejercer la labor diaria, son quejas que se están escuchando permanentemente entre los profesionales de la Sanidad navarra.
Pero quizá la cuestión más significativa sea la renuncia del Gobierno Foral a poner en práctica el Plan Oncológico que en su momento generó en los profesionales la ilusión de ofrecer a la ciudadanía un servicio de atención contra el cáncer de nivel excelente, por medio de grupos de trabajo multidisciplinares.
Este proyecto ha quedado en la práctica reducido a la renovación del servicio de radioterapia, una actuación que era absolutamente necesaria y urgente, pero que no tiene nada que ver con el plan.
Otro ejemplo de dejación grave es la renuncia absoluta de la Sanidad pública navarra a ser referente en investigación, ámbito que ha quedado copado por la iniciativa privada, habiendo sido prestigiada públicamente por el propio gobierno (inauguración CIMA con presencia real etc), en detrimento de la imagen de un sistema público, que queda rezagado en este campo tan importante.
Siguen las listas de espera, mientras muchos profesionales sanitarios se encuentran desmotivados por las carencias en medios materiales y personales que reclaman para cumplir su trabajo (hace unas semanas se puso en evidencia la necesidad de anestesistas en la sanidad pública; ¿es ésta una sanidad de calidad?).
El sistema mixto que propugnan UPN y CDN menosprecia el sistema público. Una cosa es recurrir a la fórmula del concierto con lo privado para servicios puntuales y específicos (p.e. cuidados paliativos), y otra que desde el gobierno se dividan esfuerzos económicos y propaganda entre la iniciativa pública y la privada, promocionando su uso indistinto desde la Administración.
El Ejecutivo Foral, como gestor de los recursos públicos, debe defender y comprometerse con el sistema público, y su relación con lo privado debe ser ocasional y secundaria.
Podríamos extendernos sobre la carencia de medios para personas enfermas que tienen que trasladarse a Iruña con asiduidad para recibir tratamiento, la falta de ambulancias en las distintas zonas de Navarra, y de la atención directa descentralizada, temas que tener en cuenta a la hora de valorar el desarrollo de la sanidad pública.
BIENESTAR SOCIAL
La condición de graciable que tienen los servicios que presta el Departamento de Bienestar Social para el actual Gobierno de Navarra hace que se esté dando una respuesta totalmente escasa e insuficiente a las necesidades de la sociedad navarra.
Desde luego, el servicio público que se presta en esta área no se corresponde con el estado de bienestar al que, al menos en Eusko Alkartasuna, aspiramos.
Las asociaciones de discapacitados físicos y psíquicos, las de salud mental, o las de discapacitados sensoriales reclaman una atención mayor y un esfuerzo presupuestario superior para resolver las importantes carencias en la atención a los citados colectivos, una situación que el Gobierno Foral conoce bien.
Las necesidades en Salud Mental son abrumadoras, además de urgentes. Mientras muchas familias viven situaciones dramáticas a las que tienen que hacer frente con sus propios medios, se están ofreciendo desde el departamento prácticamente las mismas plazas en residencias y pisos tutelados que hace tres años, y la demanda es cada vez mayor.
Hoy por hoy la derecha parece defender la familia más como soporte económico y entidad prestadora de servicios que como realidad con valor en sí mismo. Se pretende que el núcleo familiar cargue con responsabilidades que en un estado de bienestar deben asumir las instituciones, mientras que la situación económica y disponibilidad temporal de los miembros empeora, en buena medida debido a las políticas neoliberales de esa misma derecha.
Pese a disponer de plenas competencias en el ámbito social, su desarrollo en lo público es muy limitado ya que la mayor parte de servicios los ofrece la iniciativa privada o lo suplen asociaciones de afectados, con subvenciones públicas cada vez más limitadas.
Hay que destacar también la dejación de la Administración a la hora de ejercer el control sobre la gestión económica en algunas asociaciones que reciben ayudas, como se puso de manifiesto en los casos de Adona, Aspace y la Casa Misericordia de Tudela.
EDUCACIÓN, CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
En materia educativa, nuestras preocupaciones oscilan en dos sentidos. Por un lado, la dotación económica insuficiente. Ya en el anterior debate presupuestario nuestro grupo detectó la insuficiencia en la dotación presupuestaria a Educación, y planteó un incremento del gasto vía enmienda que finalmente fue aprobado por los propios partidos del gobierno.
Una muestra más, en definitiva, de la reducción del peso de los capítulos sociales en los Presupuestos Generales de Navarra.
Una realidad política que está teniendo traslación práctica en la falta de medios con que se está haciendo frente al exceso de demanda en diversos centros públicos de Navarra, como el colegio Remontival de Estella o Elorri de Mendillorri, donde se recurre de forma sistemática a construcciones prefabricadas.
La segunda cuestión que nos preocupa son las desigualdades geográficas que genera la aplicación de Ley del Euskera en relación con la enseñanza pública en euskera. Que en el siglo XXI Navarra no garantice el derecho de los ciudadanos a elegir libremente el modelo lingüístico para sus hijos es lamentable.
Las cifras hablan por sí mismas. Según los datos del último estudio Sociolingüístico presentado hace escasos días por el consejero en este Parlamento, y recabados por el propio Gobierno de Navarra, las nuevas generaciones de jóvenes de entre 19 y 24 años hablan más euskera que las anteriores: en la denominada zona vascófona el 95 % es euskaldun, en la llamada zona mixta el 34 %, y en el sur de Navarra alcanza el 15 %, datos que ponen de manifiesto el interés en torno a esta lengua y su aprendizaje en toda Navarra.
El pasado curso, en la llamada zona no vascófona, más de 5.000 niños fueron matriculados en el modelo A en los ciclos de infantil y primaria. La pregunta que deberíamos hacernos es ¿cuántos de estos niños hubieran sido matriculados en el modelo D si éste existiera en el sistema público en esta zona?
La ley impide esta posibilidad, por una división arbitraria de Navarra que impone desigualdades en la atención a los derechos lingüísticos de la ciudadanía, generando una discriminación sin precedentes en el Estado y en Europa. Quienes hoy continúan defendiéndola demuestran su voluntad de imponer obstáculos al desarrollo de esta lengua.
Resulta llamativo y decepcionante el silencio y la connivencia de CDN en el mantenimiento de esta situación inaceptable e injusta. Durante años, su presidente ha defendido públicamente, en instituciones y medios de comunicación, el derecho de los navarros y las navarras a elegir modelo lingüístico en todo el territorio.
Sin embargo, una vez que ha asumido responsabilidades de gobierno su actitud ha sido tolerar, cuando no apoyar, la política lingüística vulneradora, reaccionaria y restrictiva de UPN.
Es precisa una reforma extensiva de la ley que erradique las actuales desigualdades geográficas y garantice la igualdad de derechos de todos los navarros y navarras, también en materia lingüística, como en el resto de ámbitos.
Un tema, el del euskera, en el que UPN/PP genera más problemas de los que soluciona, recurriendo incluso a tácticas mezquinas, en su obsesión por frenar su desarrollo en las aulas.
Y es que, en materia de política lingüística, el Gobierno de Navarra no atiende ni al sentido común, ni a la advertencia de muchas de las sentencias judiciales que han venido dictando los tribunales navarros, ni al valor de la cultura ni al criterio de la Unión Europea ni, por supuesto, a los derechos lingüísticos de la ciudadanía.
Recordemos si no las excusas esgrimidas por el consejero para justificar la falta de oferta de Formación Profesional en euskera. Hoy, sólo el 1 % de clases de FP son en esta lengua.
Frente a este dato, el responsable de Educación una vez más recurrió a la manida estrategia de contraponer euskera y calidad de contenidos, menospreciando esta lengua y tratando de presentarla como un elemento generador de problemas más que como riqueza.
Sin duda ampliar la oferta de FP en euskera implica un esfuerzo, no mayor al que exige la puesta en marcha de cualquier otro servicio al ciudadano. De lo que no me cabe duda es que la inmensa mayoría de la ciudadanía navarra prefiere que se inviertan esfuerzos económicos y personales en servicios de este tipo, que en aumentar la presencia de altos cargos y miembros del gobierno en la Administración Foral, como pretende, al no imponer limitación alguna, la nueva Ley del Gobierno presentada por UPN y CDN, que estos partidos aprobarán en breve.
El funcionamiento del Departamento es deficiente, y carece de planificación estructural. Cuestiones como la resolución de la situación del profesorado interino o la equiparación salarial de los profesionales de la enseñanza concertada, entre otras, siguen sin solucionarse.
Mención especial merece la Universidad Pública de Navarra, centro al que, al parecer, también se va a recortar el presupuesto. No sabemos finalmente en qué quedará el proyecto de extensión a Tudela, aunque nos preocupa que no se afronte con el debido rigor.
Por otro lado, casi 20 años después de su puesta en funcionamiento la UPNA no ha abordado todavía el proceso de normalización lingüística, pese a que, según un estudio reciente, cerca de un 30 % de sus alumnos potenciales estarían interesados en realizar sus estudios superiores en euskera.
Se echa en falta una apuesta decidida en la promoción de la cultura. Es más, los planteamientos de UPN y CDN en este tema avanzan en sentido contrario, puesto que el proyecto de presupuestos para el próximo año recoge una reducción del 20 % en las partidas de este capítulo.
Asimismo, se echa en falta la elaboración de un plan de cultura que recoja y concrete las prioridades del Gobierno de Navarra en esta materia.
Junto con esta falta de iniciativa, hay que denunciar en relación con la gestión de cultura, el escándalo y la polémica que ha rodeado a la gestión del Museo Jorge Oteiza, con el perjuicio que ello ha causado a la imagen y el prestigio del legado del escultor, y su proyección en Navarra.
El Gobierno Foral ha demostrado su incapacidad para gestionar una infraestructura de la que debería haberse hecho referente cultural dentro de nuestra Comunidad, muestra del reconocimiento al gesto generoso del autor que legó su obra a Navarra, y de respeto ante su trabajo impecable.
ADMINISTRACIÓN LOCAL
En Administración Local, el Gobierno de Navarra ha desaprovechado la oportunidad de modernizar y dotar de autonomía a la Administración Local, así como de racionalizar el mapa de las entidades locales. No ha tenido la valentía suficiente para afrontar este problema, cuya dejación ha hecho que el ejecutivo haya tratado de solucionar los problemas mediante parches, como ha pasado en el debate y aprobación de la Ley de Administración Local y en la habilitación de los secretarios.
No hay voluntad política de resolver el problema de fondo, se sigue considerando a los entes locales como una administración de segunda que debe ser tutelada por la administración madre, en este caso la Administración Foral.
Mientras el Gobierno de UPN – CDN rebaja la presión fiscal, los ayuntamientos navarros se ven obligados a aumentarla para poder acometer con parámetros de calidad la oferta de los servicios que deben ofrecer a la ciudadanía.
La inestabilidad del actual sistema de financiación es una de las principales preocupaciones de las entidades locales a la hora de planificar su gestión.
La Administración Local ha venido asumiendo gradualmente nuevas competencias, funciones y servicios al ciudadano, sin que esta transferencia de hecho se haya visto respaldada por la correspondiente adecuación del modelo de financiación al nuevo reparto de responsabilidades. Las entidades locales se ven obligadas a supeditar sus proyectos e inversiones a la aprobación de los Planes Trienales del Gobierno de Navarra, con lo que ello supone de perjuicio para la iniciativa local.
Por ello entendemos que debe diseñarse un sistema de financiación con base en criterios más objetivables y estables, que ofrezca mayor seguridad económica y financiera a las entidades locales, que además son las primeras prestadoras de servicios a la ciudadanía. Se hace también necesario abordar una revisión de la actual asignación competencial y la definición de tareas que pueden ser descentralizadoras y los trasvases de recursos económicos que deban acompañar la descentralización. Hablamos de transferencia por parte de la Administración Foral de nuevas competencias que sean asumibles por parte de la Administración Local, pero siempre que dicha transferencia tenga su correlación económica.
Para garantizar su eficacia, la Administración Local necesita la autosuficiencia económica y financiera. Sólo así podrá responder de forma solvente a las exigencias de la ciudadanía y ofrecer un buen servicio, y esta sigue siendo una asignatura pendiente del Gobierno de Navarra, que prefiere tener a las entidades locales dependientes y sumisas que concederles la autonomía suficiente y necesaria para que puedan resolver con solvencia los problemas y necesidades de los ciudadanos a los que atienden.
El control político se antepone al bien ciudadano, que acaba siendo el principal perjudicado de esta situación.
VIVIENDA Y TERRITORIO
Al fin se aprobó la nueva Ley de Vivienda, tras ocho años de contención de la oferta de VPO, que había llevado la situación hasta extremos insostenibles. En los últimos años el precio de la vivienda en Navarra ha subido anualmente más de un 20 %, muy por encima del ritmo de incremento de otros bienes y de los propios salarios.
Esta tendencia ha generado un gran desfase entre las posibilidades económicas del ciudadano medio y el precio de la vivienda en el mercado libre, limitando de forma fundamental el proceso de emancipación de nuestros jóvenes, y generando situaciones que se pueden calificar de dramáticas incluso, en personas que, por razones de distinta índole, necesitaban una vivienda con urgencia (separación, ampliación de la familia, creación de nuevos núcleos familiares, inmigración…).
Sin duda, la nueva ley supone un avance respecto a la situación anterior. Una situación que ha sido propiciada por la pasividad del propio Gobierno de UPN, cuya falta de iniciativa en los últimos ocho años da qué pensar sobre los intereses y objetivos que realmente han inspirado su actuación en este ámbito.
La falta de reacción de UPN ha beneficiado directamente a las promotoras y grandes constructoras que se han enriquecido gracias a la escasez y alta demanda de este bien básico.
La gestión irregular de UPN en Egües, actualmente en proceso de investigación judicial, caso al que han aparecido ligadas personas de la confianza del aparato del partido, quizá sea sólo un ejemplo de la forma de entender el urbanismo por parte de quienes ven en la vivienda una posibilidad de especulación económica, y no un derecho prioritario de la ciudadanía. Este Parlamento estudiará en cualquier caso las posibles implicaciones y responsabilidades de carácter político que puedan inferirse de este caso significativo.
Otra de las cuestiones fundamentales tratadas en el último año en relación con este Departamento ha sido el documento de la Estrategia Territorial de Navarra, de cuyo planteamiento en Eusko Alkartasuna discrepamos.
A nuestro juicio, la Estrategia Territorial de Navarra debe ser una herramienta que permita compaginar el doble objetivo de homogeneidad de los servicios públicos, igualdad de la atención al ciudadano, y lograr el mantenimiento de la personalidad política, las competencias y las características de cada zona de Navarra, que son en sí mismas símbolo de la diversidad y riqueza de nuestra Comunidad.
Sin embargo, en el documento aprobado por el gobierno no se tienen en cuenta realidades políticas, económicas y sociales muy importantes, como las capitales cabeza de merindad, cuyos ayuntamientos cumplen una función en la prestación de servicios mucho más amplia y extensa que otras localidades, y atienden a una población muy superior a la suya propia.
En cumplimiento del objetivo de justicia y equilibrio territorial al que debe tender la estrategia territorial de Navarra, reclamamos una vez más la puesta en marcha de un Plan Especial de Atención a Zonas Deprimidas, dirigido a zonas de Navarra que, bien por su orografía, lejanía de grandes vías de comunicación o difícil acdeso, bien por su situación económica específica, están en situación desfavorecida respecto a otras partes de nuestra Comunidad. Me estoy refiriendo a la Montaña de Navarra (Baztan, Roncal, Salazar), para la que en Eusko Alkartasuna exigimos medidas específicas desde el punto de vista del desarrollo y en todos los aspectos, tanto los sociales, como presupuestarias, de infraestructuras etc.
ECONOMÍA, EMPLEO Y ESTRATEGIA INDUSTRIAL
Navarra es una comunidad con un alto índice de bienestar, como lo demuestran los índices macroeconómicos. Una realidad estrechamente ligada a nuestra capacidad de autogobierno y a la gestión directa de nuestros recursos, pero también al esfuerzo y la iniciativa de nuestros empresarios y trabajadores, comprometidos con el desarrollo de esta tierra.
Las bajas cifras de desempleo hechas públicas recientemente por la Encuesta de Población Activa (EPA) consolidan la tendencia positiva que se viene registrando en los últimos años, situando la tasa de paro este tercer trimestre en un histórico 4,5 %. Conviene llamar la atención una vez más en el desfase de la tasa de paro femenina, que duplicó la masculina, situándose en el mismo periodo en un 6,55 %, mostrando una realidad socio – laboral de doble cara.
En términos generales, puede decirse que, a día de hoy, el paro no representa un problema grave en nuestra Comunidad, sí en cambio la calidad del empleo. En los últimos años, el retroceso en las condiciones laborales, propiciada en buena medida por las medidas liberalizadoras tomadas por la derecha para flexibilizar las relaciones laborales, ha hecho del trabajo un hecho inestable y, a menudo, insuficientemente remunerado.
La calidad del empleo es hoy por tanto el reto fundamental de nuestra sociedad, el objetivo esencial que debe guiar la actuación de la Administración Foral en esta materia.
Y unido a este concepto hay que abordar, necesariamente, el fenómeno de la siniestralidad laboral. Navarra ha encabezado en los últimos años el ranking autonómico en porcentaje de accidentes laborales. Este año, el número total de siniestros ha aumentado de forma considerable, un 4 % respecto a 2003 en los nueve primeros meses; si bien debemos felicitarnos por el descenso de aquellos de carácter más grave y mortales. No obstante, la siniestralidad laboral es una realidad negra en nuestra economía y la Administración debe continuar adoptando medidas y, si es caso, reforzarlas en los meses sucesivos para hacer frente a este problema.
De forma paralela, hemos asistido en los últimos meses a una sucesión de anuncios de cierre de empresas afincadas en Navarra, que ensombrece el panorama económico y genera incertidumbre sobre la expectativa industrial. De hecho, la última Encuesta de Coyuntura Industrial refleja un debilitamiento de la confianza del empresariado en las perspectivas de cara a los próximos meses, debida a un descenso de producción y demanda generalizado.
Los cierres de Tecal y Solano, el anuncio reciente de cese de la planta de BSH de Etxarri Aranatz, la situación en torno a NOI Navarra, aunque parece que ahora se va a reconducir, han puesto en evidencia en últimas fechas la falta y a su vez la necesidad de una estrategia industrial para Navarra. En un momento en que el riesgo de deslocalización industrial preocupa a todas las administraciones, el Gobierno de Navarra decide vender su participación en EHN, empresa navarra rentable, líder en el sector eólico a nivel mundial, mimada durante años por las instituciones de esta Comunidad con el objetivo de hacer de ella la ‘niña bonita’ de nuestro sector industrial propio.
Hemos perdido el control público en una empresa que podría haber liderado el proceso de diversificación industrial que necesita Navarra, hoy totalmente dependiente del sector del automóvil, y en concreto de una multinacional extranjera como la Volkswagen.
La venta de la participación en EHN no responde a criterios estratégicos ni de largo plazo, sino todo lo contrario. Es una operación realizada a la desesperada, para recaudar fondos y ocultar una gestión deficiente tanto del Gobierno de Navarra como, muy posiblemente, de Caja Navarra.
Seguramente, los 307 millones que ha ingresado el Gobierno Foral por la venta de su parte en EHN sirvan a UPN para tapar las necesidades de dinero en las Arcas Públicas. Quizá los más de 80 millones obtenidos por Caja Navarra por su participación sean suficientes para que la entidad pueda presentar una cuenta de resultados positiva este año.
Por otra parte, el Gobierno de Navarra sigue sin utilizar el potencial del Convenio Económico para desarrollar una política fiscal y financiera propia y adecuada a las necesidades económicas y sociales de Navarra. Se limita a aplicar las modificaciones fiscales que se realizan en el Estado, así este año aplica la deflactación de la tarifa, con los mismos argumentos con los que la negaba el año pasado.
AGRICULTURA
En agricultura y ganadería, a estas alturas es obvio que el Gobierno de UPN no hace una apuesta estratégica por el sector. La ligereza con que este verano anunció el consejero un plan de cierre de 100 explotaciones lácteas deja en evidencia la perspectiva desde la cual el Ejecutivo Foral afronta las medidas en este ámbito.
Al igual que en otras áreas, no existe planificación. El Ejecutivo Foral aboga por la concentración del sector en grandes explotaciones, la mayoría situadas en zona media y ribera de Navarra, en contraposición con un modelo más flexible y adaptado a las características de las distintas zonas de nuestra Comunidad.
Las pequeñas explotaciones de la Montaña, las medias de la Sakana quedan al margen de las previsiones de UPN y CDN, aun cuando representen una actividad económica fundamental para ambas zonas, sobre todo la Montaña, donde todavía es el modo de vida de muchas familias.
El Gobierno de Navarra se empeña en valorar este sector sólo en términos de rentabilidad, sin tener en cuenta su aportación al cuidado del paisaje y el medio ambiente, al mantenimiento de la vida rural y local, y al atractivo turístico de dichas zonas, en las que el turismo rural se está convirtiendo en una actividad económica complementaria muy importante.
La protección de este sector como actividad tradicional que es parte también de nuestra identidad, así como de las razas productivas propias (oveja lacha, potenciación en el exterior de la marca ternera de Navarra, del cordero autóctono etc) constituye un objetivo político, social y cultural, no sólo económico, y una garantía de calidad en nuestra alimentación y en los productos de Navarra.
El Gobierno de Navarra debe velar por la conservación de este sector, proporcionando y apoyando estrategias de competencia y sin resignación. Resulta lamentable que el propio consejero describiera como proceso inexorable la reducción del número de explotaciones lácteas (de 1.500 a principios de los noventa a 380 en el año 2004, y en los próximos cinco años prevén que queden en unas 50).
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
Al fin se ha desbloqueado el tema de la N – 121, una cuestión en la que Eusko Alkartasuna ha hecho especial esfuerzo, propiciando el inicio de las negociaciones a través del responsable de Carreteras de la Diputación Gipuzkoana, cuyas gestiones sentaron las bases para la solución de este conflicto que perjudicaba gravemente a la zona.
Hasta ahora, la filosofía del Gobierno de Navarra en materia de carreteras ha sido limitada, y en algunos casos, regida por fobias y filias en vez de por sentido común, urgencia y necesidad. Además a menudo ha carecido de la suficiente planificación, y en este tema el Gobierno de UPN ha sido incapaz de conseguir el apoyo de su socio cuando tuvo responsabilidades de gobierno en Madrid, para conseguir financiación estatal para vías fundamentales como la autovía Pamplona – Logroño, de la que Fomento sólo pagará la parte riojana finalmente.
La mejora de la carretera Tudela – Medinaceli que ahora UPN ha convertido en principal caballo de batalla frente al Gobierno del PSOE en Madrid lleva años pendiente, relegada permanentemente por el Gobierno del Partido Popular.
Por no hablar del Tren de Alta Velocidad y su conexión con la Y vasca, un proyecto que una y otra vez se ha ido retrasando, aun cuando me consta que desde el Gobierno Vasco ha habido numerosos intentos de colaboración en este asunto.
La impresión es que UPN se ha visto obligado a preparar una propuesta de conexión aprisa y corriendo, para poder presentarla a la comparecencia parlamentaria solicitada por nuestro grupo. Si ha servido para que el Gobierno Foral reaccione ante la evidencia, nos damos por satisfechos. Lo que no tenemos tan claro es que la solución que ha propuesta el Ejecutivo (conexión por Ordizia) sea la más adecuada y razonable, existiendo en este momento ya una línea que une Pamplona con Vitoria, y que en principio podría suponer menor impacto ambiental y coste económico.
Por último tenemos que citar el embalse de Itoiz y exigir, una vez más, la paralización del proceso de llenado hasta que se investiguen tanto la posibilidad de seísmos inducidos y sus riesgos, como la implicación de las dos personas encausadas por el caso de Yesa, con responsabilidades en la CHE cuando se tramitó el proyecto de Itoiz, tal y como propusimos en este Parlamento.
En conclusión, Navarra es una Comunidad que, en virtud de su capacidad de autogobierno, situación geográfica y esfuerzo de la sociedad, tiene grandes posibilidades de avance y desarrollo. Sin embargo, este gobierno no aprovecha los recursos de manera óptima: ni los económicos, ni los políticos, ni los sociales ni, por supuesto, los culturales y naturales.
Fuente: Begoña Errazti
