INTRODUCCIÓN
El presente documento fue redactado y debatido en el seno de la Ejecutiva Nacional durante los meses de Enero y Febrero del presente año.
Posteriormente se produjo el esperado y esperanzador anuncio por parte de ETA de tregua o alto el fuego permanente. Esta extraordinaria noticia obliga a introducir algunas variantes en el texto, si bien no altera el mensaje principal sobre la normalización política como exigencia y requisito básico para la pacificación.
En el último Congreso de EA, celebrado en una coyuntura política marcada por la ofensiva hostil del PP y el protagonismo lúgubre de ETA, diseñamos nuestra estrategia de futuro apostando sin renunciar a nuestros principios ideológicos, por sumar esfuerzos en torno a la Propuesta del Gobierno Vasco de Reforma del Estatuto como instrumento para la consecución de la Pacificación y Normalización Política.
Ya entonces dejamos clara nuestra posición en torno a esta cuestión. La pacificación exigía inevitablemente la desaparición de ETA, pero no acababa aquí. Pacificar es, por supuesto, erradicar la violencia como atentado máximo contra la paz, pero también normalizar la convivencia eliminando las causas, por cierto muy anteriores a la aparición de ETA, generadoras de conflictos en el seno de la Sociedad Vasca.
Ciertamente, la violencia y la normalización política son cuestiones diferentes que nadie debe mezclar. La eliminación de la violencia es una exigencia ética y autónoma. La normalización es una cuestión de derechos. Nadie está legitimado para condicionar lo uno a lo otro. Ni ETA puede condicionar su desaparición al reconocimiento de derechos, ni el Estado puede condicionar el reconocimiento de éstos, a la desaparición de la violencia.
Nuestra oposición frontal a la violencia injusta e inhumana ejercida por ETA, no sólo se basaba en la repugnancia ética que inspiraban sus acciones, sino también en su inutilidad política y destructora de una convivencia plural y respetuosa que destruía vidas, pero también ilusiones y esperanzas de arreglo y recomposición política y social. A este respecto, es de justicia destacar que más allá de apelaciones éticas y de consideraciones políticas, nuestra repulsa respondía básicamente a un sentimiento de solidaridad con las víctimas ante cuyo drama humano debía ceder cualquier otra consideración.
Nuestro rechazo también se extendía a quienes, so pretexto de la violencia, obstruyen o deniegan derechos y exigen aplazamientos o abdicaciones de proyectos políticos. Quienes así actúan, puede que busquen la pacificación, pero no la normalización política, cuestión que para EA resulta inescindible. Sólo se puede pacificar y normalizar la convivencia en un sentido amplio, no sólo en su expresión violenta, cuando se pacifican y normalizan los problemas y sus causas.
En esta línea entendíamos que la iniciativa del Gobierno Vasco, presentada como iniciativa para la Convivencia, a la vez que un compromiso con la paz, contenía una solución equilibrada y plural para la normalización política.
Concluíamos este punto exigiendo el cese inmediato de la actividad armada de ETA y su disolución, solicitando la apertura de un proceso de negociación política orientado a la búsqueda de salidas pactadas y eficaces, y, a la vez, pidiendo receptividad positiva al Proyecto de Reforma del Estatuto en lugar de desfigurar y satanizar esta iniciativa de normalización política.
En estos dos años se han producido importantes cambios en el panorama expuesto, siendo el más significativo el anuncio de la tregua permanente de ETA precedido de conversaciones y negociaciones con el Gobierno del Estado.
La relevancia de este acontecimiento no debe empañar la importancia de otros que afectan a la normalización política y, entre ellos, el bloqueo al Proyecto de Reforma del Estatuto aprobado por el Parlamento Vasco, la anunciada Mesa de Partidos y los trabajos de Foros preparatorios de una futura negociación política.
Este conjunto de circunstancias, unas positivas y otras preocupantes, justifican una reflexión política por parte de EA respecto a la normalización y la pacificación y su posición frente a este nuevo panorama de iniciativas de negociación y resolución de conflictos.
Para ello resulta necesario comenzar por una reflexión sobre lo que entendemos por normalización política.
I. NORMALIZACIÓN POLÍTICA
Qué entendemos por normalización política
La normalización depende de muchos factores: sociales, económicos, jurídicos y personales, pero en este contexto nos estamos refiriendo básicamente a la solución de un problema, el llamado contencioso vasco, consistente en el desajuste entre las pretensiones mayoritarias de la Sociedad y su reflejo legal, entre sus aspiraciones y derechos y el marco jurídico positivo.
Aspiramos a una normalización jurídica en la que sus estructuras e instituciones respondan a la voluntad y decisión libremente expresada por la ciudadanía vasca.
En palabras de un prestigioso autor de teoría del Estado, como H. HELLER, pretendemos que la NORMATIVIDAD responda a la NORMALIDAD para así conseguir la NORMALIZACIÓN.
En otros términos, estos tres conceptos se relacionan dialécticamente entre sí, de forma que cuando el marco jurídico legal la normatividad no responde a las exigencias sociales normalidad ésta última presiona a aquella para transformarla. Este es nuestro caso. En definitiva aspiramos a la normalización política a través del Derecho, excluyendo cualquier otro medio contrario a principios democráticos.
Cuando un determinado marco jurídico, tras 25 años de vigencia, se demuestra insuficiente para satisfacer las aspiraciones mayoritarias de la Sociedad, para normalizar su convivencia, su reforma es el único medio de reajustar normalidad y normatividad, ser y deber ser.
¿Dónde reside el desajuste, el problema o el llamado contencioso vasco?
En el llamado problema vasco se mezclan dos cuestiones de origen diferente, aunque coincidentes en el tiempo, que se corresponden, argumentalmente, con la invocación de los derechos históricos y con la reivindicación del derecho de autodeterminación.
En otras palabras, existe una cuestión foral y otra nacional, un problema de soberanía y otro de independencia.
La cuestión foral
La Foralidad histórica, el Régimen Foral, fue la expresión legal e institucional de un Pueblo, o si se prefiere de unos Territorios, que se dotaron de su propio Ordenamiento jurídico en virtud de su propia capacidad de decisión.
Es decir, la Foralidad contiene aspectos objetivos: derechos, instituciones; y subjetivos: decisión constituyente y soberanía.
A partir de un determinado momento histórico, estas realidades políticas, por diferentes motivos cada una de ellas, entran en relación con la Corona y Monarquía, primero con Castilla, luego con Austrias y Borbones, preservando sus derechos e instituciones originarias mediante mecanismos de garantía como el pacto, el pase foral y otros. Es decir, su inserción en la Monarquía se expresa en términos de libre adhesión o soberanía de decisión sobre la base del pacto.
Este régimen de relaciones, nunca exento de roces o contrafueros, se desarrolló en un principio en clave cuasifederal, en el marco de lo que algunos autores denominaron Monarquía federal hispánica, hasta que con la llegada de los Borbones se impuso una concepción unitaria y centralista, alimentada adicionalmente por las nuevas corrientes ideológicas y las transformaciones sociales y económicas del siglo XVIII.
Entre las élites intelectuales del País, puede decirse que la necesidad de acomodación del Régimen Foral a las nuevas circunstancias era un sentimiento generalizado, aunque no en los términos en que se produjo en el siglo XIX, momento en el que, fruto de influencias francesas, se sustituyó el modo de inserción tradicional por una nueva concepción de Estado política y territorialmente unitaria.
Así, unos fijan en 1812 el inicio del problema vasco consistente en que la mayoría del Pueblo Vasco no encontró acomodo en la nueva concepción del Estado unitario que sustituía una tradición de inserción federal por otra presidida por la obsesión de una unidad política y administrativa impuesta y no decidida, de cuño francés. Es posible que de haberse aplicado el modelo constitucional americano, basado en el principio federal que más tarde intentó aplicar Pi y Margall, no hubieses existido cuestión foral, ya que el debate no era tanto sobre la independencia cuanto de soberanía y capacidad de decisión.
Para otros, el origen está en las leyes abolitorias de 1839 y 1876 que generaron un sentimiento generalizado de resistencia contra la agresión y acabó transformándose en una cultura de deslegitimación estatal aún no superada. Efectivamente estas leyes, incluso la primera de ellas, a pesar de su tono aparentemente confirmatorio de Fueros, luego no respetado, constituyeron auténticas agresiones a la Foralidad básicamente por haber trasladado al Estado y a las Cortes Generales la capacidad de decisión privando al Régimen Foral de cualquier vestigio de participación decisoria.
En resumen, la cuestión foral generó un desacomodo o una deslegitimación social del Estado provocada no sólo por la privación de un Régimen Institucional en sentido objetivo, sino, y fundamentalmente, por sustraer o privar a las Instituciones Vascas de su derecho a participar en la decisión en régimen de libertad y convención.
Por ello, y desde entonces, la petición de reintegración foral plena y posteriormente la invocación de los derechos históricos posee una dimensión objetiva o material de recuperación de contenidos de autogobierno derechos e instituciones o de un HABER competencial determinado, y otra de carácter subjetivo como expresión de una libertad de decisión soberana o cosoberana un SER – , que históricamente se expresó en un sistema de relación con el Estado un ESTAR que adoptó la forma de Agregación voluntaria, hoy libre adhesión, de inequívoca esencia federal y presidida por el principio de pacto.
La cuestión nacional
Será, también en el siglo XIX cuando toma cuerpo en Europa otra ideología potente el Nacionalismo que, en su origen, es independiente de la cuestión foral y de títulos históricos, y sirvió de justificación para la aparición de la mayor parte de los Estados modernos.
Este nuevo movimiento se nutrió, por una parte, de argumentos ideológicos de corte democrático que extendieron a los grupos étnicos y Naciones culturales las ideas liberales y democráticas de los derechos individuales transformando la libertad individual en libertad nacional, y, por otra, en criterios emotivos de pertenencia étnica que para preservar los rasgos identitarios amenazados de asimilación entendieron que la mejor fórmula era la creación de estructuras políticas propias en forma de Estados independientes, todo ello bajo el principio de Nacionalidades, en virtud del cual se transformaba el dogma francés del Estado-Nación en su contrario: Nación-Estado.
El principio de Nacionalidades inicialmente dio lugar a la aparición de nacionalismos étnicos de carácter esencialista, en los que la titularidad de los derechos correspondía a la Nación más que a los ciudadanos, y cuya única expresión externa se concretaba en la aspiración a un Estado Independiente, fundamentado en la preexistencia de elementos identitarios de conformación histórica.
Posteriormente la democratización y modernización de este principio dio lugar a la nueva formulación del derecho de autodeterminación, propio de los nacionalismos cívicos, en los que predomina más la voluntad ciudadana que la Historia, más la voluntad de ser y constituirse en Nación, que en la preexistencia de la misma, y en la que con independencia de títulos históricos previos, basta la voluntad de presente del Pueblo para decidir sobre su régimen político interno y externo.
Desde esta perspectiva el derecho de autodeterminación se basa en la libre decisión para establecer el propio régimen político y las relaciones externas, una de cuyas expresiones y no la única es la independencia, y por tanto es básicamente soberanía de decisión ciudadana no predeterminada, quedando todas las soluciones abiertas.
En tanto que el Principio de Nacionalidades apoyado en la misma Soberanía, apunta directamente a la formación de un Estado Independiente.
Confluencia de la cuestión foral y nacional
La abolición foral de 1876, junto a un sentimiento general de frustración colectiva, generó una importante fractura social en el País y más concretamente entre los partidarios de la Foralidad.
Quienes aceptaron el sucedáneo foral del Régimen de Conciertos Económicos recibieron el nombre de transigentes y los partidarios de la reintegración foral plena, el de intransigentes, quienes enlazando con la situación anterior a 1839 pretendían la recuperación íntegra de las instituciones y derechos forales como expresión de una soberanía originaria, y, además, aspiraban a una reunificación territorial y a una estrategia común con Navarra, distanciada de los restantes Territorios desde 1841.
Este planteamiento, precursor del Nacionalismo, fue recibido por Sabino Arana, quien mezclando Foralismo con Nacionalismo, e interpretando Fueros como Independencia, formuló el primer Nacionalismo en base al principio de Nacionalidades.
En todo caso, y al margen de combinaciones históricas explicables por la situación que atravesaba el País a raíz de la abolición foral, es importante concluir que el problema vasco entendido como desajuste, falta de acomodo o deslegitimación social del Estado, tiene dos vertientes, y por tanto dos tipos de soluciones posibles:
a) solución foral, mediante recuperación de soberanía por vía de derechos históricos y devolución de poderes.
b) solución nacional, que aspira la formación de un Estado independiente por vía de autodeterminación.
EA apuesta por la segunda vía, sin despreciar la primera.
II. SOLUCIONES HISTÓRICAS
Desde el Régimen de Concierto Económico (1878), hasta hoy, todos los intentos de arreglo del problema vasco se han centrado en la vía foral, si bien, en la medida en que la soberanía foral resultaba incompatible con el concepto de unidad de Estado, el arreglo foral nunca ha sido completo por lo que siempre ha ido acompañado de la reserva de derechos históricos.
· En el año 1917 con el Mensaje de las Diputaciones Vascas, primer intento de solución en clave de unanimidad institucional y política, se opta por la vía autonómica concesional de un régimen de autogobierno más amplio que el entonces vigente, sin renunciar a los derechos históricos. En otros términos, recuperación parcial, vía concesional, de un HABER competencial sin renuncia al SER.
· Durante el periodo de la II República española, los sucesivos Proyectos de Estatuto combinan idéntica formulación, si bien, su expresión última, aprobada en momentos críticos, no recoge la reserva de derechos históricos a pesar de que estuvo presente en todos los Proyectos anteriores, incluido el plebiscitado en 1933.
· La vigente Constitución de 1978, precedida de un Compromiso Autonómico suscrito por el PNV-PSOE-ESEI-PCE-DCV y ANV en el que se comprometían a elaborar un Proyecto de Estatuto sin renuncia a la reintegración foral, optó también por la vía del arreglo foral como solución al problema vasco, aún pendiente, combinando autonomía y derechos históricos, con denegación expresa del derecho de autodeterminación.
Probablemente en 1978, con el recuerdo aún caliente de la dictadura y una democracia incipiente, vigilada y pendiente de consolidación, se pactó lo que la responsabilidad política aconsejaba. Se negoció un Estatuto con contenidos de autogobierno nada despreciables y se reconocieron por primera vez a nivel constitucional derechos históricos preexistentes a la propia Constitución, derogándose expresamente las leyes abolitorias históricas como expresión de una voluntad de arreglo de cuestiones pendientes.
Todo ello permitió presentar la fórmula autonómica, acompañada una vez más de la reserva de derechos históricos como lugar de encuentro, que confiaba a la voluntad política el desarrollo de sus potencialidades mediante una interpretación generosa y normalizadora de sus contenidos.
Hasta 1981, más o menos, y a pesar de constantes controversias, el sistema pareció funcionar consolidando las bases del actual nivel de autogobierno y de su financiación. A partir de esta fecha se fueron produciendo una serie de acontecimientos intentos de involución democrática, Informe de expertos, LOAPA, interpretaciones constitucionales restrictivas, desfiguración de contenidos competenciales por ampliaciones de Leyes de Bases, Pactos Autonómicos, bloqueos transferenciales, consolidación de una concepción administrativista y meramente descentralizadora de la Autonomía, etc – que, además de devaluar la Autonomía, han alejado, especialmente durante el último mandato del P.P., las esperanzas de normalización política.
Si el actual Estatuto se pactó en base a cesiones y concesiones recíprocas de las fuerzas políticas, representando su resultado la diagonal de intereses en conflicto, esa diagonal, hoy, prácticamente ha desaparecido. Dentro de las limitaciones de cualquier representación gráfica de magnitudes políticas, a título de mero ejemplo, si el punto de encuentro o equilibrio en 1980 era así:
hoy sería:
Resulta paradójico que la cultura normativista que se apoderó de la interpretación constitucional resecando prematuramente las potencialidades políticas de su texto y declarando inconstitucionales legítimas pretensiones interpretativas, no tuviese inconveniente en aceptarlas como válidas cuando así interesó al Poder, ofreciéndolas como precio y moneda de cambio para obtener Gobiernos de Coalición o Pactos de Legislatura.
En todo caso, conviene recordar que el Estatuto ha sido defendido en todo momento por todos los Gobiernos que se han sucedido en Ajuria-Enea y no se han escatimado medios ni iniciativas orientadas a su regeneración. Entre otras:
- Mesa por la Paz, que no prosperó (1983).
- Comisiones parlamentarias sobre desarrollo estatutario, que no surtieron efecto alguno (1986-1990)
- Pacto de Ajuria-Enea, orientado en un primer momento al confinamiento democrático de la violencia, para, en una segunda fase a la que nunca se quiso llegar, abordar en amplitud las soluciones del problema político (1988)
- La Declaración del Parlamento Vasco sobre la autodeterminación (1990).
- El llamado Plan Ardanza (1998)
- El Pacto de Lizarra (1998)
- Iniciativas cívicas, académicas y mediaciones intelectuales.
- Jornadas sobre Constitucionalismo útil y derechos históricos.
El Balance de este periodo, que comprende 25 años, respecto a la cuestión que nos ocupa que es la normalización política, refleja, sin omitir los importantes logros autonómicos, un triple déficit:
- el autonómico propiamente dicho, que afecta básicamente a los contenidos competenciales del autogobierno pactado.
- el de raíz foral, en la medida en que la interpretación reduccionista de la cláusula de derechos históricos ha concentrado la actualización del Régimen foral en clave exclusivamente material-objetiva, sin consideración alguna a contenidos soberanistas inherentes a la Foralidad.
- el nacional-vasco, siempre pendiente de reconocimiento y de legalización nunca abordada pese a la legitimidad incuestionable del derecho de autodeterminación en que se funda.
En consecuencia, el modelo vigente de articulación política no ha resuelto los problemas pendientes y una parte importante del Pueblo Vasco, el nacionalismo en su conjunto, no acaba de encontrar encaje en el modelo de Estado. Por ello, el futuro ya no pasa por la recomposición del presente. Se impone la búsqueda imaginativa de nuevos modelos.
III. LAS INICIATIVAS DE REFORMA DEL ESTATUTO
A la hora de buscar nuevas fórmulas de normalización política, deben de sopesarse dos cuestiones al menos.
La primera, que la normalización jurídico-política en cuanto desajuste entre derechos y marco legal, debe básicamente responder a las aspiraciones legítimas del sector del Pueblo Vasco que se siente a disgusto en el marco actual, no del que se siente cómodo dentro de él.
La segunda, que la solución nueva busque el equilibrio social necesario para evitar fracturas sociales potencialmente generadoras de un nuevo problema de desnormalización de signo contrario.
Dónde hallar este equilibrio de convivencia? Evidentemente, colocando la decisión última en la voluntad popular y en soluciones conciliadoras de legalidad y legitimidad, buscando de nuevo la diagonal perdida de intereses enfrentados.
Legitimidad es lo que se ajusta a Derecho o Justicia. Legalidad es lo que se ajusta a ley o a norma, que es sólo una parte del Derecho.
Desde esta doble perspectiva, el derecho de autodeterminación resulta plenamente legítimo, aunque hoy no esté contemplado en la legalidad vigente. A este respecto, puesto que es la expresión la que asusta, puede resultar conveniente presentarlo como un principio democrático sustentador de la libre decisión.
El segundo fundamento, la categoría de los derechos históricos, combina legitimidad y legalidad. Incluso en la normativa vigente Constitución española de 1978 y Estatuto de Gernika – se hace referencia a los derechos históricos, lo que permite afirmar que en ellos también cabe fundamentar una capacidad de decisión sustentadora de la libre adhesión. En este punto, las discrepancias no versan tanto sobre la legalidad, cuanto en la interpretación de la legalidad.
Esta es la posición mínima que defendió EA en el último Congreso sin renunciar a sus legítimas aspiraciones a la formación de un Estado propio mediante la autodeterminación, y ésta fue la razón por la que prestó su apoyo y conformidad a la Propuesta de Reforma del Estatuto, elaborada con nuestra colaboración por el Gobierno Vasco y posteriormente aprobada por el Parlamento Vasco.
· El Proyecto de Reforma del Estatuto
Este proyecto, presentado en su día como una Propuesta de Normalización y Convivencia, integraba en diferentes dosis los elementos de equilibrio social y progreso en la normalización política, conjugando legalidad, legitimidad y decisión popular.
El avance normalizador, una vez más, seguía la vía del arreglo foral en la medida en que reconocía la soberanía de decisión orientada a la libre Asociación con el Estado resucitando la vieja institución del pacto y aparcando otras opciones.
De esta forma se pretendía simultáneamente, una mayor receptividad social en cuanto que no cuestionaba, al menos como resultado final, la integración en el Estado, sino la forma de alcanzarla.
Todo ello sobre la base de un reconocimiento previo de los derechos que nos asisten, especialmente derechos históricos y autodeterminación, si bien en este último caso, orientada a la integración voluntaria en el Estado. Con este planteamiento se garantizaba, además de la legitimidad, la legalidad de la propuesta, mediante una interpretación en profundidad de los derechos históricos amparados por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, extrayendo las potencialidades de estas Disposiciones.
Esta iniciativa, como sabemos, a pesar de no agotar las aspiraciones del sector mayoritario del Pueblo Vasco, fue descalificada desde su origen, deformada en su interpretación y, finalmente, despreciada por las Cortes Generales mediante sumisión caprichosa al trámite de toma en consideración.
Este nuevo mazazo a una oferta de diálogo normalizador ha querido justificarse en dos reproches indemostrados: su inconstitucionalidad y el efecto desintegrador social.
Sobre lo primero no procede insistir en estas páginas. Basta con recordar que ya se posicionaron a favor numerosos expertos y Foros académicos y profesionales del Derecho. Sobre lo segundo, conviene no olvidar que durante el proceso han sido invitados a participar: ciudadanos, expertos y todas las fuerzas políticas.
En el reciente debate de toma en consideración del Proyecto de Estatut de Catalunya, ha quedado clara la inconsistencia argumental del portavoz del Gobierno Central, a quien en última instancia no le ha quedado otro remedio que argumentar el diferente trato otorgado a uno y otro Proyecto sobre la base cuantitativa de los apoyos obtenidos por los respectivos Proyectos en las diferentes Cámaras legislativas. Todo ello, obviamente, para camuflar un trato discriminatorio clamoroso cuyo único fundamento es el interés partidista por asegurar el control del Gobierno de Catalunya por parte del PSC.
Curiosamente en esta ocasión, las escasas referencias a tachas de inconstitucionalidad no fueron causa de inadmisión, sino de esperanza de negociación y arreglo por la vía de enmiendas, oportunidad que nunca se concedió al Proyecto Vasco.
· El anteproyecto de Estatuto de EA
EA ya anunció en el Congreso último que el apoyo a la iniciativa del Gobierno Vasco no impediría elaborar un texto propio con propuesta de objetivos más ambiciosos en coherencia con su ideario político explicitado en Estatutos, Congresos y publicaciones.
Este documento presentado en sus líneas generales a la Ejecutiva y Asamblea Nacionales, se basa más en la autodeterminación que en los derechos históricos y aborda explícitamente la normalización política en clave nacional más que foral. Amplía, desde una filosofía diferente, los ámbitos competenciales e institucionales y los Poderes del País Vasco, sin admitir de partida límites impuestos, y se configura como Ley Nacional Vasca y de Relaciones con el Estado.
Este Proyecto, una vez presentado, ha quedado prudentemente guardado en espera de acontecimientos, para no interferir con el Proyecto de Gobierno desde la convicción de que no era incoherente defender postulados más avanzados y apoyar iniciativas más cortas siempre que éstas no alteren la dirección y el sentido. De manera que si el camino hacia la independencia requería pasar por la soberanía, el apoyo a un proyecto de soberanía gradual y limitada, no hipotecaba futuro alguno.
EA, no obstante, advierte que ante las nuevas circunstancias que se adivinan e intuyen, dejando entrever complicidades y pactos encubiertos, cualquier desnaturalización de la filosofía soberanista que inspira el Proyecto aprobado por el Parlamento Vasco, le liberaría de su compromiso de apoyo quedando en libertad para plantear el suyo.
IV. MESAS PREPARATORIAS Y FOROS DE RESOLUCIÓN
En los últimos tiempos han proliferado iniciativas que con diferentes nombres se orientan a una resolución definitiva de la normalización y pacificación de la convivencia en el seno de la sociedad vasca.
En ese momento, junto al proyecto de una Mesa de Partidos de iniciativa oficial pendiente de concreción, han venido funcionando la Mesa de Reflexión Plural, conocida como Mesa de Egino y el Foro Nacional. EA ha participado activamente en todas ellas por responsabilidad y compromiso, sin entrar en la pugna por la paternidad de las iniciativas.
· La mesa de Egino
Desde Mayo de 2004 a Mayo de 2005 ha venido funcionando este foro de diálogo, convocado por Elkarri, e integrado a nivel personal, pero con conocimiento y apoyo de las respectivas ejecutivas, por personas vinculadas a partidos políticos de la CAPV y CFN, como son: PNV – PSEEE EA IU ARALAR CDN – PSN y IUN.
Estos trabajos han culminado con 3 propuestas firmadas por los participantes que las ofrecen o sus respectivos partidos para favorecer un proceso de diálogo multipartito de carácter resolutivo.
En la primera se plantea un acuerdo sobre acuerdos y disensos, destacando entre los primeros:
· necesidad de una solución dialogada
· carácter resolutivo de las negociaciones abiertas a todas las fuerzas políticas sin exclusiones y en un clima de ausencia de violencia
· admisión del carácter modificable del marco jurídico, mediante procedimientos democráticos y a través de la vía de los derechos históricos
· contemplación del pluralismo de la Sociedad Vasca
· reconocimiento de la existencia de un Pueblo con vínculos sociales, culturales y lingüísticos, si bien no hay acuerdo sobre su configuración como sujeto político.
· aceptación, por separado, de la capacidad de decisión de la realidad plural que componen la CAPV, la CFN y los territorios vascos de Aquitania.
· establecimiento de un marco estable de relación y cooperación entre los Territorios Vascos
· establecimiento de garantías para el respeto y eficacia de los acuerdos sobre la base de que sin violencia, ni exclusiones: capacidad de decidir y obligación de pactar
La segunda propuesta contiene los siguientes compromisos:
· Constitución de dos Mesas de diálogo, una en la CAPV y otra en la CFN.
· Respeto a todos los derechos humanos
· Garantías democráticas
· Fundamentar la capacidad de decisión y consulta en los derechos históricos
· Armonización de la capacidad de decisión con el principio de pacto y no unilateralidad
· Establecimiento de marcos de relación entre los Territorios Vascos.
La tercera y última propuesta, adelanta las bases viables para un primer consenso:
· constatación de la existencia de una voluntad singular de autodefinición identitaria, aún no satisfecha, reconocida constitucionalmente a través de los derechos históricos.
· capacidad de autodefinición y de definición de su status político, en base a la legitimación específica que otorga el título de los derechos históricos.
· convocatoria de consultas populares de autodefinición de status y de futuro, como procedimiento habilitador de procesos de Reforma y de negociación con el Estado.
La valoración de estos compromisos resulta positiva desde la posición de EA, en la medida en que acepta, aunque no predetermina el resultado, un procedimiento que parte de la capacidad o soberanía de decisión, si bien en clave foral no nacional, asumiendo nuestra interpretación y potencialidad de los derechos históricos.
Es obvio que se trata de un documento de principios, no de contenidos, que, en la medida que ha sido aceptado por los Partidos citados, permite vislumbrar principios de normalización política en clave soberanista limitada, de desarrollo aún pendiente.
Tiene también a su favor la amplia participación del espectro político vasco, aunque con ausencias importantes como las del P.P. y Batasuna.
· El Foro de Debate Nacional
El fin de la tregua de ETA a finales de noviembre de 1999, además de generar una gran frustración e indignación en una cada vez más amplia mayoría de la sociedad vasca que veía como de nuevo se despreciaba su voz, su palabra su decisión en contra de cualquier vulneración de los derechos humanos, generó también en el ámbito político un ambiente de total desconfianza hacia el mundo de Batasuna.
Pasados los momentos iniciales y frustrados los intentos que impulsamos para reconducir la situación y volver a la tregua, abrimos un proceso de análisis y reflexión sobre lo acontecido que nos ayudó a señalar dos errores cometidos durante el proceso:
· fallos en la comunicación a la ciudadanía que tuvieron como consecuencia que una parte de la sociedad se sintiese excluida y amenazada.
· Insuficiencia de debate, reflexión, participación y acuerdo por parte de las fuerzas políticas representativas a la hora de decidir los pasos a dar y las iniciativas a impulsar.
Simultáneamente nos reafirmábamos en nuestro convencimiento de que la solución a los problemas políticos solo es posible por vías políticas y a través del diálogo entre las fuerzas políticas representativas de la ciudadanía. Desde este convencimiento, además de con otras fuerzas políticas, hemos mantenido durante estos años un diálogo permanente con los líderes de Batasuna. La experiencia de la época previa al acuerdo de Lizarra nos ha hecho especialmente prudentes en esta fase, estableciendo garantías básicas para un proceso democrático y reiterando una vez más algo que siempre hemos mantenido y defendido en Eusko Alkartasuna: la inadmisibilidad del doble juego política-violencia.
Sobre estas bases y con las garantías exigidas se inició un proceso de diálogo y trabajo conjunto del que surgió el Foro Nacional de Debate formado por personas de diferentes ámbitos políticos y sociales a título individual y en el que participaron varios componentes de Eusko Alkartasuna.
El Foro de Debate Nacional como fruto de su trabajo desde julio de 2003 hasta Abril de 2004 realizó dos aportaciones básicas y consensuadas al proceso de normalización política y pacificación:
a) separación de ámbitos de trabajo en lo referente a la construcción nacional y a la pacificación y normalización, ya que agentes que no participan de aspiraciones nacionales para Euskal Herria, en cambio resultan indispensables para la consecución de la paz.
b) identificación del conflicto vasco, básicamente en términos nacionales, en la no-aceptación de la existencia del Pueblo Vasco y en consecuencia en la negación de los derechos que como tal sujeto le corresponden.
Fruto de este diagnóstico, se formó la Mesa para la Resolución del Conflicto sobre la premisa de un Acuerdo Democrático de Base que pretende en su formulación sintetizar una fórmula sobre la que diferentes visiones de País coinciden:
Toda la ciudadanía de Euskal Herria ha de ser consultada sobre su futuro mediante el procedimiento consensuado por sus agentes.
A partir de este acuerdo se ha abierto un periodo de interlocución con el conjunto de agentes implicados en la resolución hasta completar un número de 60, entre organizaciones políticas, sindicales y sociales, aunque la representación todavía no es completa. El trabajo planificado se sustenta en tres pilares básicos:
· la no exclusión de ninguna fuerza política
· la voluntad de participar de acuerdo con las reglas democráticas
· poner a disposición de la Mesa de resolución definitiva el trabajo realizado, el esfuerzo de consenso y el Acuerdo democrático de Base
Finalmente, se proponen una serie de principios para la Constitución de la Mesa definitiva:
· abierta, amplia y sin exclusiones
· constituirse entre todos
· garantizar la participación de la ciudadanía vasca
· garantizar la participación de todos los Territorios de Euskal Herria
· reivindicación de todos los derechos de la ciudadanía
· reconocer la última palabra al conjunto de ciudadanos y ciudadanas, consensuando las fórmulas para ello
· reconocimiento de la historia y la pluralidad de Euskal Herria a la hora de alcanzar acuerdos recogiendo las diferentes sensibilidades
· presencia de observadores internacionales para lograr que el proceso sea lo más firme y sólido posible.
Esta iniciativa enfrenta el proceso normalizador en clave nacional, vía autodeterminación, afrontando también el problema territorial y el sujeto político.
La presencia de EA en estas iniciativas preparatorias de una futura MESA de PARTIDOS, constituye de por sí el anuncio favorable a su participación.
No obstante, es conveniente explicitar más detalladamente su posición.
V. EA ANTE LA MESA DE PARTIDOS
EA apuesta por la normalización y la pacificación, consistiendo la primera en el reconocimiento legal de sus derechos y, en base a ellos, en la dotación de un marco jurídico interno y externo que refleje la voluntad popular de su ciudadanía, y en consecuencia se instaure un sistema de convivencia plural en el que la ciudadanía vasca se sienta a gusto.
Valorando como se debe el extraordinario avance que para la pacificación supone la paralización de la actividad de ETA, la normalización social y jurídica sólo se puede alcanzar afrontando en sus causas el contencioso vasco que arranca de la negación de sus derechos históricos en cuanto a su virtualidad decisoria y soberana, y del derecho de autodeterminación que como Pueblo le corresponde.
Para EA como partido independentista, la normalización política consiste en dar solución al problema nacional mediante la autodeterminación. No obstante, y sin renunciar a este objetivo, admite que la recuperación de la soberanía de decisión es un paso positivo que puede permitir un avance importante respecto de la situación anterior, siempre que vaya acompañada de un desarrollo de contenidos de autogobierno serio y respetado por todos.
Otra de las cuestiones que afecta a la normalización política, hasta ahora no tratada pero que deberá serlo en una futura Mesa, es la referente a la integración territorial y el sujeto político.
La Comunidad humana y cultural que llamamos Euskal-Herria, pese a su actual fragmentación política en Estados y Comunidades Autónomas, tiene derecho a integrarse en una entidad política que en virtud del derecho de Autodeterminación como Pueblo y Nación le corresponde, sin perjuicio de que su ejercicio efectivo se acomode a la realidad social de Iparralde y Nafarroa y a la decisión de sus ciudadanos.
Proclamado el derecho y respetando la decisión, EA propugna el establecimiento de instituciones que preparen y favorezcan, y en modo alguno dificulten la legítima aspiración a la conformación de un único espacio político.
En consecuencia EA manifiesta:
1. Su voluntad de participar en una MESA de PARTIDOS que reúna todas las fuerzas políticas sin exclusiones impuestas, con talante abierto y negociador, al objeto de alcanzar acuerdos resolutivos y eficaces de normalización política sobre las bases mínimas contenidas en Proyecto de Reforma aprobado por la Cámara Vasca.
2. La negociación política corresponde a los partidos políticos representativos de la Sociedad Vasca. A ETA, o a sus interlocutores, sólo les corresponde negociar con el Estado lo concerniente al futuro de los presos y la entrega de las armas.
3. En consecuencia, estimamos desacertado separar las fases de pacificación y normalización ya que ésta última forma parte indisoluble de la primera, por lo que nos pronunciamos por la inmediata constitución de la Mesa de Partidos y la negociación de la hoja de ruta con las Instituciones Vascas.
4. EA no renuncia a sus señas de identidad política, basadas en el reconocimiento de la Nación Vasca y el derecho de autodeterminación para la conformación de un Estado propio.
5. EA reconoce el pluralismo de la Sociedad Vasca, estando dispuesta, sin renunciar a sus principios ideológicos, a buscar conjuntamente con las restantes fuerzas políticas las soluciones más adecuadas para conjugar el respeto a los derechos del Pueblo Vasco y su aceptación social.
6. EA entiende que, hoy por hoy, el equilibrio de intereses y la conjunción de legalidad y legitimidad se encuentran el la Propuesta de Estatuto aprobada por el Parlamento Vasco, considerando que por debajo de estos contenidos difícilmente puede encontrarse una solución armonizadora y normalizadora, sin perjuicio de negociaciones y aportaciones puntuales.
7. EA, para el supuesto de que se presenten alternativas diferentes al texto citado, se reserva el derecho de aportar su propio Proyecto.
8. Sin perjuicio del establecimiento de una metodología adecuada, del régimen de acuerdos, representatividad, periodicidad, garantías y otros extremos no menos importantes, las negociaciones deberán como mínimo tratar las siguientes cuestiones:
· Reconocimiento de la Nación Vasca
· Derechos
· Territorialidad
· Sujeto político
· Contenido de Autogobierno (Competencias y Poderes)
· Soberanía fiscal y financiera
· Modelo de relación con el Estado
· Reconocimiento de la U.E.
· Mecanismos de garantía recíproca
· Procedimiento de aprobación
· Procedimiento de consulta
Fuente: Eusko Alkartasuna
