La formación abertzale rechazó la tramitación de la Ley por la que se creaba este organismo “porque no cumple requisitos y garantías que sí se exigen a la investigación judicial”
Eusko Alkartasuna ha manifestado hoy, a través de su portavoz en el Congreso de los Diputados, Begoña Lasagabaster, su “inquietud” ante la “arbitrariedad” con la que podría actuar la Comisión de Vigilancia de Financiación del Terrorismo al proceder a la congelación y bloqueo de cuentas de organizaciones sospechosas “sin necesidad de contar con el permiso de los jueces”.

Esta posibilidad fue ya subrayada por Eusko Alkartasuna durante la tramitación de la Ley de Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo y de la Ley orgánica complementaria de la anterior, por lo que, además de vetar el proyecto legislativo, votó en contra del grueso del texto emanado de las Cortes.

Para EA, aunque la finalidad que persigue la Ley de Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo puede ser compartida no así la regulación efectuada para poner en práctica la medida. Así, a juicio de Lasagabaster, la Administración abre una nueva vía de investigación que “no es acorde con las múltiples garantías y requisitos que se establecen en esta materia incluso en la propia vía judicial, en aspectos referidos al derecho a la intimidad, al de asociación y a la protección de datos, entre otros”.

De esta manera, según subraya la portavoz abertzale en el Congreso de los Diputados, “es la propia Comisión de Vigilancia quien decide cuál es la vinculación de la persona u organización investigada con la presunta actividad terrorista” y a partir de ese momento puede acceder a los bancos de datos de organismos públicos, Seguridad Social, aseguradoras y entidades financieras públicas y privadas para recabar los datos e iniciar el proceso de bloqueo de cuentas.

“De esta manera –ha señalado la diputada de EA- se obliga a algunas entidades, que en muchos casos son privadas, a convertirse en apéndice del Ministerio de Interior y a efectuar labores policiales sobre personas u organizaciones, sin autorización judicial y con la posibilidad de que en algunos casos se produzca por el carácter de “sospechoso” que pueda asignar la Comisión de Vigilancia de Financiación del Terrorismo a los investigados pero en otros, en cambio, por propia iniciativa de las entidades investigadoras”.

Para EA, estas actuaciones son más propias de “un Estado policial que de un Estado de Derecho en el que la separación de poderes garantice el correcto funcionamiento de la justicia y la persecución del delito”. Por tal razón, Lasagabaster ha reiterado hoy el rechazo de Eusko Alkartasuna a una medida que “una vez más sacrifica derechos fundamentales en aras de conseguir una presunta seguridad”.

Fuente: Begoña Lasagabaster