Censura que la gestión del equipamiento de La Esperanza se ha adjudicado a una asociación pantalla del PNV y que la coordinadora del equipamiento formó parte de la lista electoral de Imanol Pradales.
Eusko Alkartasuna ha realizado balance del primer año de la legislatura en el Ayuntamiento de Bilbao destacando “los insoportables niveles de enchufismo político” que hay en el consistorio. La formación independentista ha puesto el foco en el equipamiento construido en el solar que ocupaba el antiguo frontón de La Esperanza, un equipamiento que ha sido privatizado y adjudicado en febrero por 302.300,77 € a una asociación pantalla del PNV, Hazian Kultur Elkartea, que comparte sede con la Fundación Sabino Arana y otras asociaciones satélites del PNV.

Según EA, “este equipamiento no debería haberse privatizado, el servicio debe prestarse con personal municipal” y ha resaltado que para la coordinación de este espacio “se ha vuelto a recurrir al enchufismo político al colocar al frente del equipamiento a Maialen Olabe, afiliada del PNV de Plentzia que en las últimas elecciones al Parlamento Vasco ocupó el puesto 16 de la lista electoral que encabezaba Imanol Pradales”.

Esto se une al reciente nombramiento de Jone Larrazabal, militante de EGI y comparsera de Gogorregi, como directora de Fiestas y el caso de Asier López, director de la Oficina de Espacio Público, “cuyo único mérito es gestionar el Batzoki de Santutxu”, ha indicado.

Bilbobus
Por otra parte, ha recordado las jornadas de huelga en el Funicular de Artxanda, la actual situación en Bilbao Kirolak, donde las piscinas permanecen cerradas, así como el largo conflicto que atraviesa Bilbobus y ha señalado que “las privatizaciones y la falta de dialogo del equipo de gobierno están detrás de estos conflictos laborales”.

En el caso concreto de la huelga en Bilbobus ha subrayado que “la privatización de este servicio público esencial es el origen de la mayoría de los conflictos laborales que ha sufrido este servicio en los últimos veinte años”. Según EA, “el equipo de gobierno pretende trasladar a la ciudadanía que esto es algo puntual, fruto del alza de los precios en un contexto global, ocultando que esta concesión ha tenido problemas con todas las adjudicatarias, con TCSA, ni que decir con Veolia, y ahora también con Biobide”.

EA ha resaltado que Bilbao es una excepción entre las ciudades de su entorno al ser la única que privatiza el servicio. “Donostia, Gasteiz, o incluso Santander o Burgos, gestionan el servicio de manera directa, mientras que en Bilbao se saca a licitación para que una empresa privada haga negocio, pese a que en 2009 el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ya advirtió de esta anomalía”, ha dicho.

En este sentido, Eusko Alkartasuna ha estimado que el alcalde Juan Mari Aburto y la concejala de Movilidad, Nora Abete, “tienen que decidir si quieren seguir siendo parte del problema, alineándose con la empresa y haciendo declaraciones en contra de la plantilla, tal y como han hecho hasta ahora; o si por el contrario quieren ser parte de la solución, apostando por un servicio de autobús urbano 100% municipal y sin intermediarios”.

Turistificación
Sobre la estrategia de eventos y turistificación desarrollada por el PNV, ha valorado que “al analizar el impacto de estas políticas los dirigentes municipales mencionan solo el impacto de la actividad económica, omitiendo que ese impacto se concentra en unas pocas manos e ignorando las múltiples externalidades negativas asociadas. Durante años el Ayuntamiento de Bilbao ha puesto una alfombra roja para que unos pocos hagan negocio mientras es la mayoría de la ciudadanía la que sufre los impactos negativos”.

“El ejemplo más evidente de los efectos negativos que tiene la turistificación descontrolada permitida por el PNV lo encontramos en la proliferación de viviendas turísticas. Estas viviendas generan problemas de convivencia en las comunidades y son responsables directas del encarecimiento del precio de la vivienda”, ha indicado.

Precisamente, EA ha considerado que la modificación parcial del PGOU anunciada en el pleno municipal de mayo para limitar los pisos turísticos “deja en evidencia la mala gestión de un equipo de gobierno que ha estado mirando para otro lado”. “El nuevo PGOU fue aprobado hace solo dos años, en 2022, y ahora plantean un parche para un problema que ya existía entonces y del que han estado negando su existencia”, ha criticado.