EA pide la apertura de un proceso de contraste y debate abierto a las formaciones políticas, a los agentes educativos y a los diferentes organismos, nacionales e internacionales, que trabajan en el ámbito de la Educación para la Paz y los Derechos Humanos, al objeto de alcanzar los consensos necesarios para actualizar el Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos aprobado en 2007.
Jesús Mari Larrazabal, portavoz de Eusko Alkartasuna en el Parlamento Vasco, ha presentado hoy las siguientes alegaciones al Primer Borrador del Plan de “Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia (2010-2011)” elaborado por el Gobierno vasco a modo de Reformulación del Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos (2008-2011). A continuación, el texto original en su integridad:
1. El borrador no justifica la necesidad de reformular el Plan de Educación para la Paz y los Derechos Humanos aprobado en diciembre de 2007.
Con la aprobación del Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos, en diciembre de 2007, el Gobierno vasco, integrado entonces por PNV, EA y EB, se convirtió en pionero en la promoción de los valores de la paz y los derechos humanos en el ámbito de la educación. Por aquel entonces no eran más de veinte los estados del mundo que contaban con planes de ese tipo, entre los cuales no figuraba, por cierto, el español, ya que la educación para la paz es un concepto relativamente reciente que hasta la década de los 90 no empezó a aplicarse sistemáticamente. No cabe, por lo tanto, acusar a los impulsores del Plan de tardanza en su elaboración y aprobación, como hacen los autores del documento que es objeto de estas alegaciones (pag. 8).
En su elaboración tuvieron ocasión de participar, debatir y contrastar, y así lo hicieron durante meses, todas las instituciones y todos los agentes políticos y sociales relacionados con la educación para la paz y los derechos humanos: Ararteko, universidades, institutos de derechos humanos, Consejo de la Juventud, numerosas ONG, grupos pacifistas y de víctimas, expertos en educación para la paz, diputaciones, ayuntamientos, EITB, Consejo Escolar de Euskadi, Oficina de Derechos Humanos del Gobierno de España y diversos organismos internacionales, como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Consejo de Europa y Unesco, entre otros.
El borrador ahora presentado por el Gobierno vasco que preside D. Patxi López plantea una Reformulación en profundidad de ese Plan de Educación para la Paz sin que en ninguna de sus páginas justifique la necesidad de ese cambio, salvo “la evidente necesidad de adecuarlo a la visión y opciones del nuevo Gobierno” (pag. 9). Cualquier modificación o reforma de un plan de actuación referido a un ámbito tan sensible como lo son la paz y los derechos humanos y su promoción en la escuela debe partir de un consenso previo, político y social, que esté basado en evaluaciones objetivas de las iniciativas y actuaciones desarrolladas en el marco de ese plan. Sin embargo, esta Reformulación obvia la necesidad de esas evaluaciones, no recoge ningún dato, ningún análisis, que justifique los propósitos del actual Gobierno y tampoco es fruto de un trabajo previo de búsqueda de acuerdos y consensos con instituciones, organismos y agentes implicados en la Educación para la Paz, como sí lo fue el Plan anterior. La Reformulación tiene como base única la voluntad política, parcial y partidista, del Ejecutivo del PSE y el apoyo externo del PP.
2. La Reformulación ya no es un Plan de Educación para la Paz; el Gobierno lo ha convertido en un elemento más de su estrategia antiterrorista.
El Plan de Educación para la Paz y los DDHH aprobado en 2007 está basado en los modelos internacionales en la materia y cuenta con el aval del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Parte de un principio básico y fundamental en cualquier iniciativa de este tipo que pretenda realmente dar respuesta adecuada a sus objetivos teóricos: la promoción sin límites de la paz y de los derechos humanos y la integración, también sin límites, de todos los derechos humanos, sin parcelaciones políticamente interesadas, según la definición las Naciones Unidas hacen de la Educación para la Paz como tampoco los debe tener la integración de todos los DDHH.
La Reformulación ahora presentada, por el contrario, vulnera de raíz ese principio básico y fundamental. El Gobierno lo deja claro desde su primera página. El objetivo prioritario ya no es la promoción integral de la paz y de todos los derechos humanos, sino “la deslegitimación política, social y ética del terrorismo” (pag. 3), y en consecuencia, la Educación para la Paz se convierte en un instrumento de su estrategia antiterrorista. Es un Plan de Educación Antiterrorista y su diseño, de principio a fin, responde a ese objetivo, en contra de la filosofía establecida en esta materia por las propias Naciones Unidas.
Lo que debería ser un Plan libre de connotaciones políticas partidistas y centrado en la difusión y promoción de valores que trascienden la pugna entre formaciones políticas se ha convertido en esta Reformulación en un instrumento de adoctrinamiento ideológico en línea con los postulados políticos del PSE y del PP. De forma absolutamente interesada, e ilógica en un documento de este tipo, la Reformulación liga la promoción de la paz y los DDHH con “la reivindicación de las instituciones democráticas, en especial del Estado Constitucional” (pag. 6). Lo que propone el Gobierno es utilizar el sistema educativo para adoctrinar al alumnado en la defensa de un modelo político, el basado en la Constitución de 1978, que responde a las aspiraciones legítimas del PSE y del PP pero que hoy carece del respaldo de la mayoría de la sociedad vasca, que aspira mayoritariamente a la superación de ese “Estado Constitucional”, y no es de recibo pretender deslizar en la argumentación la idea de que, si no se defiende el Estado Constitucional, se va inexorablemente a la legitimación del terrorismo.
La promoción de la paz y los DDHH no debe estar sujeta, de ninguna manera, a la defensa y reivindicación de determinados postulados ideológicos; debe estar por encima de ello porque los valores de paz y DDHH son compartidos, no son propios y exclusivos de una u otra formación política.
3. La Reformulación distorsiona la Historia, es arbitraria, discriminatoria e injusta. Sólo toma en consideración a las víctimas de ETA y obvia a las demás víctimas.
Mientras el Plan anterior tomaba en consideración todas las violencias ejercidas en este país y, en consecuencia, también a todas las víctimas, este Nuevo Plan de Educación para la Paz asume “la centralidad” de las víctimas del terrorismo de ETA (víctimas de primera) y obvia la existencia de las demás víctimas de violencia, que pasan a ser víctimas de segunda. Y eso las que al menos son citadas en la Reformulación (las víctimas de la violencia de género, la económico-estructural a nivel interno e internacional, la interna a la escuela o la violencia contra el diferente); otras, en cambio, son despojadas de su condición de víctima y ni siquiera son tomadas en consideración, como es el caso de las víctimas de violencia de motivación política, víctimas del terrorismo de Estado, de torturas, de grupos de extrema derecha, de las Fuerzas de Seguridad del Estado…
Esta tremenda asimetría en el tratamiento ofrecido a los diversos colectivos de víctimas hace que la Reformulación sea arbitraria, discriminatoria e injusta y mina, por lo tanto, el potencial reconciliador y de equilibrio apartidario del documento. Distorsiona la historia reciente de Euskal Herria y ofrece una lectura sesgada de los hechos ocurridos en lo relativo al terrorismo y a la violencia de motivación política en general, queriendo imponer una visión falsa y unidireccional de la violencia y del sufrimiento, como si ETA hubiera sido el único agente que ha vulnerado los derechos humanos en este país.
Prueba de esta lectura sesgada de la realidad es que a la hora de elaborar el Nuevo Plan de Educación para la Paz sus autores ni siquiera han utilizado documentos propios del Gobierno vasco, como el “Informe sobre Víctimas del Terrorismo practicado por Grupos Incontrolados, de Extrema Derecha y el GAL” (2008), de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo, y el “Informe sobre Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos derivadas de la Violencia de Motivación Política” (2008), de la Dirección de Derechos Humanos.
4. La Reformulación pone al conjunto de la sociedad vasca bajo sospecha.
Éste es unos de los aspectos más graves del Nuevo Plan de Educación para la Paz porque, de facto, viene a cuestionar la actitud que el conjunto de la sociedad vasca ha mostrado ante la violencia. Plantear entre los objetivos de la Reformulación “propiciar un cambio de actitudes en el conjunto de la ciudadanía” (pag. 4) y apuntar “la secuencia moral que la sociedad vasca deberá transitar inevitablemente” (pag. 6) supone poner bajo sospecha a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país, algo que es inaceptable, injusto y muy preocupante viniendo de quien viene: el propio Gobierno vasco, que debe rectificar con urgencia tales acusaciones. Desde EA no vamos a tolerar que quienes tienen la obligación de promover y garantizar los derechos, las libertades y el bienestar de la sociedad vasca se permitan cometer la injusticia y la irresponsabilidad de acusar a esa misma sociedad de haber sido poco menos que cómplice de ETA y de cuestionar incluso su actitud moral.
5. La Reformulación refleja desconfianza en el sector educativo y pone en duda la labor del profesorado.
Igual que pone bajo sospecha al conjunto de la sociedad vasca, la Reformulación también refleja la desconfianza del actual Gobierno en el sector educativo y cuestiona la labor docente desarrollada hasta ahora por el profesorado en lo que debe ser, a su juicio, la tarea de “deslegitimación del terrorismo”. Insistir, como hace este Nuevo Plan de Educación para la Paz, en que “se asuma correctamente la neutralidad de los educadores” (pag. 14), en que “el educador no debe ser neutral” (pag. 14), y utilizar conceptos, refiriéndose a profesores y profesoras, como la “claudicación moral” (pag. 14) da a entender que, según el actual Gobierno, los y las docentes no han actuado hasta ahora en la forma debida, como si hubieran estado presos del miedo, la indiferencia o la cobardía moral, una acusación que no se sostiene de ninguna manera y que es absolutamente intolerable.
6. El papel de la escuela en la Reformulación. La presencia sistemática de víctimas en las aulas es una decisión política partidista que no responde a criterios pedagógicos.
Un elemento central de la Reformulación, si no el que más, es la presencia de víctimas del terrorismo en las aulas como experiencia a desarrollar de manera global y sistemática. Que las víctimas de la violencia puedan dar su testimonio en los centros de enseñanza es una posibilidad que ya contemplaba el anterior Plan, pero ahora el objetivo es hacerlo de forma sistematizada, convirtiendo a las víctimas en elemento pedagógico fundamental, algo que únicamente obedece al afán partidista de reconocimiento político de ciertas víctimas, pero que carece de un soporte pedagógico y científico claro. No hay previsión de los efectos que ello puede causar.
Basar la estrategia a desarrollar en la escuela en los testimonios directos de las víctimas del terrorismo no va a contribuir a la promoción de los valores de paz y DDHH; al contrario, puede ser contraproducente dada la polarización política y social de Euskadi, porque hoy no hay duda sobre el rechazo de la violencia y del terrorismo, pero el consenso sobre los orígenes de esa violencia y sobre la forma de solucionar el problema no es todavía hoy el que debería. Por ello, pretender, como hace el actual Gobierno, ligar el rechazo de la violencia con la aceptación de su diagnóstico político y de las reivindicaciones particulares de determinadas asociaciones de víctimas aleja a esta Reformulación de lo que deberían ser sus objetivos.
La escuela no es la institución que deba homenajear, reparar o reconocer a las víctimas del terrorismo; su función es otra y no conviene contribuir a la polarización mezclándola con tareas que corresponden a otras instituciones. En consecuencia, no ha lugar a la participación sistemática de los centros de enseñanza en la elaboración de un Mapa de la Memoria o a la celebración de homenajes a las víctimas del terrorismo. ¿A qué víctimas? ¿A todas? ¿A unas sí y a otras no? Todo ello puede contribuir, insisto, a incrementar la polarización.
Comentario específico precisa, por último, la pretensión de utilizar la guía ‘Historias que nos marcan’ como instrumento pedagógico, ya que se trata de un manual que carece por completo de los criterios pedagógicos mínimos y que plantea barbaridades tales como la recreación de un zulo en las aulas de ESO.
El respaldo del actual Gobierno a la citada guía contrasta con la lectura que se hace de ‘Bakerako Urratsak”, unidad de la que se dice que “resulta incompleta e imprecisa” (pag. 32) sin aportar ningún tipo de evaluación o dato sobre el que sustentar esa crítica. ¿En base a qué se hace esa valoración? ¿En base a qué criterios pedagógicos? ¿O es que estamos, más bien, ante una decisión política basada exclusivamente en la ideología del actual Gobierno? La respuesta es clara para EA. El criterio es político, no pedagógico, que es lo que impregna y contamina todo el documento.
Por todo lo expuesto, este grupo parlamentario solicita:
La retirada inmediata del borrador del Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia y la apertura de un proceso de contraste y debate abierto a las formaciones políticas, a los agentes educativos y a los diferentes organismos, nacionales e internacionales, que trabajan en el ámbito de la Educación para la Paz y los Derechos Humanos, al objeto de alcanzar los consensos necesarios para actualizar el Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos aprobado en 2007.
Fuente: Eusko Alkartasuna
