El secretario de institucional de EA, Unai Ziarreta, ha intervenido en la comparecencia

El PP está impulsando una reforma de la administración local que supone una agresión sin precedentes a la autonomía municipal. Estamos ante un proyecto con el que Madrid quiere imponer una intervención “de facto” de los ayuntamientos y entidades locales que le permita controlar y dirigir su funcionamiento. Es una vuelta de tuerca más en la regresión hacia la situación de los ayuntamientos en el final del franquismo y los inicios de la llamada transición.

El proyecto tiene dos objetivos fundamentales: la centralización del poder institucional y la apertura a la privatización de los sectores estratégicos. En la misma línea de las medidas y recortes de los últimos meses, ahora se reducen más los recursos financieros y las competencias municipales.

Además, desaparecen competencias de las entidades locales y otras quedan reducidas notablemente. Así, aunque no lo reconozcan, será más fácil la privatización de servicios y recursos.

En general se trata de un ataque directo contra las competencias, la autonomía y el futuro de las entidades locales de menor tamaño. Asimismo, se abren las puertas para que, en caso de no cumplimiento de los objetivos económicos y financieros marcados por Madrid, las entidades sean intervenidas por diputaciones o comunidades autónomas.

La ley también reduce considerablemente la capacidad de asociación con otras entidades locales para compartir servicios y objetivos, condicionando así el futuro de las mancomunidades, consorcios, concejos y otras instancias. De facto se priva a las entidades locales municipales de su mínima capacidad de organización y desarrollo.

El PP pretende ocultar esta realidad diciendo que quieren controlar los salarios de alcaldes, limitar sueldos a concejales,… Pero el trasfondo, el objetivo es aniquilar la autonomía municipal….. el recorte de salarios y concejales es una mera cortina de humo para justificar la ley y hacerla más popular. Para ello desacreditan el trabajo de alcaldes y concejales, les adjudican sueldos millonarios que no responden a la realidad en la gran mayoría de los casos, intentando repartir responsabilidades en los casos de corrupción para dar la sensación de que “todos son iguales”.

Ya hemos subrayado que el proyecto de reforma local del PP, hipoteca la política municipal. Y lo hipoteca porque será Madrid quien decida qué hacer en los ayuntamientos vascos, qué servicios se pueden dar, qué gasto se puede hacer, qué proyectos se pueden desarrollar. Asimismo, es contrario al mismo concepto de democracia en tanto en cuanto agrede la capacidad y responsabilidad de gobierno de alcaldes y concejales elegidos para ello. En su lugar, los interventores y secretarios nombrados por la administración central se convierten en gestores municipales con capacidad de paralizar pagos, proyectos o inversiones.

Se da así poder de decisión a un funcionario central por encima de las personas elegidas por la ciudadanía para dirigir el municipio. El resultado será que los ayuntamientos los gestionarán tecnócratas únicamente interesados en la cuenta de resultados, en el balance económico, y no en dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

La repercusión va a ser brutal, tanto en la gestión diaria de los municipios como de cara al futuro de la política municipal. Y la ciudadanía va a resultar directamente perjudicada. No es algo que va a afectar solo al ayuntamiento como institución; el efecto sobre servicios públicos y prestaciones sociales va a ser demoledor tanto en parámetros de calidad como de extensión y cobertura de esos servicios.

Al imponer un coste estándar de los servicios, independientemente de la situación de cada municipio, estos bajarán en calidad y cobertura. Es decir, tendremos peores servicios, pero, además, los recortes afectarán a las plantillas municipales y a las personas subcontratadas para dar esos servicios, con el consiguiente empobrecimiento social por pérdida de empleos.

La privatización es como hemos dicho una de las consecuencias directas de la reforma, o más bien uno de los objetivos buscados con la misma. Y en este ámbito pueden verse afectadas cuestiones como el abastecimiento de agua, tratamiento de residuos urbanos,… Es decir, convertirán en negocio privado los servicios públicos.

El ayuntamiento es la institución más cercana, más próxima a la ciudadanía y la mejor valorada… Permite la participación directa de la ciudadanía en el control de la gestión y en la toma de decisiones sobre gasto, proyectos, inversiones, … Pues también la participación ciudadana queda mutilada con la nueva Ley que prepara el PP.

Los ayuntamientos serán sin duda las instituciones más castigadas por la Ley que pretende aprobar el PP, sobre todo los más pequeños, dejando en una situación grave a los municipios de menos de 20.000 habitantes y todavía más grave a los de menos de 5.000. Es decir, a la práctica totalidad del entramado institucional de Hegoalde, donde sólo hay 16 municipios de más de 20.000 habitantes y la inmensa mayoría tienen menos de 5.000. A todos ellos se les reducen aún más los recursos financieros que ya ahora son insuficientes para prestar los servicios que ofrecen.

Los ayuntamientos son sí los grandes perjudicados, pero hay más: también las mancomunidades, cuadrillas, consorcios y concejos se verán seriamente afectados. Y, de diferente manera, también las diputaciones forales, por que tendrán que asumir las competencias que la ley hurta a los ayuntamientos. Van a cambiar el nuestro entramado institucional de arriba a abajo, sin que la ciudadanía vasca haya opinado. Y con el entramado institucional cambia también los servicios que recibiremos de las instituciones, atacando el nivel de bienestar que hemos alcanzado y que tanto ha costado lograr.

Lo que está en la base de todas estas agresiones, lo que las hace posible, es la total falta de respeto y reconocimiento hacia nuestra realidad nacional, política y social. Es la ausencia de la soberanía lo que hace posible que Madrid nos imponga una estructura administrativa, territorial, competencial e institucional conforme a sus intereses.

Desde EH Bildu mostramos nuestra total oposición a una reforma que nos agrede como pueblo, como sociedad, no solo porque agrede a nuestras instituciones más básicas. Se va a perpetrar una agresión brutal, un retroceso de décadas, un expolio de la política municipal. Pero además se visualiza una vez más la imposición del Estado frente a Euskal Herria en cuestiones de modelo político, económico y social a futuro.

La situación es grave y exige una respuesta al mismo nivel; una respuesta como pueblo, desde la sociedad, desde todos los ámbitos y con la implicación de agentes políticos y sociales por encima de siglas. Está en juego el futuro de Euskal Herria.