“Las referencias explícitas a la actuación del consejero Palacios, y en especial, al director general, Ángel Sanz Barea, generan más que sospecha de un posible comportamiento prevaricador.´ La presidenta de Eusko Alkartasuna y portavoz parlamentaria, Begoña Errazti, calificó de “varapalo al Gobierno de Navarra” la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en el recurso interpuesto por Euskalerria Irratia contra la decisión del Ejecutivo Foral de negar la licencia a esta radio en euskera en el concurso de adjudicación de emisoras de 1998. Asimismo, ha pedido que se “corrija, a la mayor dilación, la injusticia con esta radio, y se haga cumplimiento de la obligación del Gobierno de revisar la decisión que dejó fuera del concurso a Euskalerria Irratia”.

Begoña Errazti (EA) ha pedido la comparecencia urgente del presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, para que responda “pública y políticamente” ante un fallo judicial que “‘echa por tierra’ todos los intentos de cubrir de legalidad una decisión del Ejecutivo que fue notoriamente política, y que tenía como único objetivo excluir de la concesión de licencia a Euskalerria Irratia, por ser un medio que emite en euskera”.

En su momento, la comisión de investigación parlamentaria creada al efecto, ratificó y denunció las evidentes irregularidades que se habían producido en el proceso administrativo, e incluso concluyó con la aprobación de una moción de reprobación del pleno del Parlamento al entonces consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, José Ignacio Palacios.

El proceso judicial iniciado hace siete años, dirigido por el abogado don Carlos Garaikoetxea Mina, ha concluido con éxito y ha ratificado la existencia de importantes irregularidades, que a juicio de EA, evidencian que fue un concurso presidido por la arbitrariedad, y que las decisiones que se tomaron estaban totalmente predeterminadas.

Desde Eusko Alkartasuna no se descarta el que, de los hechos probados que se desprenden de la sentencia, pudieran derivarse otras responsabilidades que deberían investigarse, y en su caso, exigirse.

A juicio del abogado Carlos Garaikoetxea mina “no hay que obviar que el Gobierno de Navarra, como tal, ratificó todas y cada una de las decisiones del consejero, José Ignacio Palacios. Cuando éste dictó una orden foral por la que se otorgaba definitivamente las licencias, de las que se excluía a Euskalerria Irratia, el Ejecutivo Foral, entonces también presidido por el señor Sanz, la ratificó, frente al recurso de alzada que por parte de esta radio se había presentado en contra de dicha orden foral”.

CORREGIR LA SITUACIÓN

“El Gobierno Foral, y el presidente Sanz en persona, ha avalado, en todos y cada uno de sus puntos, la gestión de los señores Palacios y Sanz Barea, por tanto, ahora corresponde a su máximo representante, el señor Sanz, dar una explicación pública de la actuación de su gabinete ante la confirmación de las irregularidades, en su momento puestas públicamente en evidencia por la propia comisión parlamentaria. Curiosamente, aunque desde otro ámbito, la sentencia del TSJN avala las conclusiones de aquella comisión de investigación, dando la razón a quienes durante todo este tiempo hemos denunciado la injusticia que se cometió con la única radio en euskera de Iruñerria, y que la ha avocado a una situación de alegalidad que, en ocasiones, se ha querido utilizar, además, como argumento para negarle ayudas legítimas desde el Ejecutivo Foral por su labor en la divulgación del euskera”, apunta Errazti.

“La sentencia obliga al Gobierno a revisar nuevamente los criterios. Exigimos al Ejecutivo navarro que cumpla con las obligaciones que impone el fallo judicial cuanto antes, y en esta ocasión, lo haga correcta y justamente, con criterios razonables, objetivos y con suma transparencia. Euskalerria Irratia lleva años soportando una situación injusta e inaceptable, que debe corregirse cuanto antes”, señala.

“En un ejercicio de mínima autocrítica, el presidente del Gobierno y el entonces consejero de Obras Públicas Públicas y Comunicaciones, José Ignacio Palacios, y el propio director general, Ángel Sanz Barea, deberían retractarse de todo lo que dijeron cuando concluyó el citado proceso de adjudicación, y mucho más, cuando se ha puesto en evidencia que no les importó saltarse la legalidad para conseguir adjudicar las licencias de emisión a quienes consideraron más próximos, excluyendo descaradamente otras solicitudes, y concretamente a la que más méritos acumulaba por su trayectoria anterior, por su apoyo popular y por ser la única emisora que emitiría íntegramente en euskera en Pamplona y su Comarca”, concluye Errazti.

Fuente: Begoña Errazti