Antxon Belakortu pregunta al Gobierno municipal del PSE qué medidas va a tomar para garantizar que las aguas residuales se viertan al Zadorra con garantías El Grupo Municipal Eusko Alkartasuna ha reiterado su denuncia de que la totalidad de los vertidos de aguas residuales de las juntas administrativas de Gasteiz las que tienen una red separada de la de la capital- es ilegal, lo cual supone alrededor de 80 vertidos a las aguas del Zadorra. El portavoz municipal de Eusko Alkartasuna, Antxon Belakortu, recuerda que no es la primera vez que se ha realizado esta denuncia, por lo que el PSE tiene constancia de que se están haciendo las cosas mal y debe explicar qué va a hacer para garantizar que las aguas residuales se viertan al Zadorra con garantías.
Antxon Belakortu ha anunciado que preguntará en la próxima Comisión de Medio Ambiente sobre este tema y ha recordado que Eusko Alkartasuna reclamó de manera repetida al PP que hiciera algo al respecto: durante la pasada legislatura no conseguimos nada, pero queremos creer que con el cambio de Gobierno municipal han cambiado también las cosas en el Departamento de Medio Ambiente, por lo que esperamos que la concejala Alba Cañadas nos diga qué planes tiene para solucionar el problema.
El representante abertzale explica que, a pesar de que el problema medioambiental es grave, estamos ante una cuestión con más derivadas porque existen normativas europeas al respecto y el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco ha advertido al Ayuntamiento que está terminará imponiendo sanciones ante el reiterado incumplimiento de las mismas. Los requerimientos del Departamento que dirige Esther Larrañaga comenzaron en julio de 2004, cuando indicaron a los presidentes de las juntas administrativas gasteiztarras el proceso a seguir para obtener la autorización de vertidos de aguas residuales depuradas conforme a la legislación vigente, y éstas respondieron que corresponde al Ayuntamiento la legalización o la adecuación de los vertidos.
Un año después, en julio de 2005, el Ayuntamiento respondió a la solicitud con los impresos mal cumplimentados, por lo que la documentación le fue devuelta. En febrero de 2006, el Gobierno vasco recordó que continuaba la situación de ilegalidad, y le advertía de que se iba a proceder a incoar un expediente sancionador en vista de la tardanza para hacer efectiva la legalización. Un mes después, en marzo del año pasado, el Ayuntamiento puso de manifiesto la imposibilidad por falta de medios de aportar lo requerido, según consta en la documentación del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco.
Fuente: Antxon Belakortu
