El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social ha comparecido hoy ante la Comisión de Mujer y Juventud del Parlamento para dar cuenta de las medidas que se toman en los juzgados para hacer frente a la violencia de género.

En su exposición, Joseba Azkarraga se ha ceñido a las áreas gestionadas por su Departamento, ya que, según ha precisado, la información concreta sobre las medidas judiciales referidas a la protección frente a la violencia de género únicamente pueden ser suministradas por los jueces o el CGPJ.

Azkarraga ha destacado el compromiso del Departamento en el desarrollo de programas y medidas contra los malos tratos a mujeres y en políticas de apoyo a quines los padecen.

Igualmente, ha señalado que a pesar de que la entrada en vigor de la Ley Integral de medidas contra la violencia de género está suponiendo un avance en las barreras de protección en el ámbito legal, lo cierto es que “las medidas de carácter penal tratan de dar respuesta a actos concretos que ya se han producido, por lo que no parecen suficientes, por sí mismas, para hacer frente a la violencia de género de una manera integral. Lamentablemente la realidad de las 4 mujeres asesinadas en Euskadi durante lo que va de año no ofrece dudas al respecto”.

Azkarraga ha explicado que los datos suministrados por el CGPJ sobre violencia doméstica proceden de juzgados no especializados en violencia sobre las mujeres, e incluyen no sólo los malos tratos a mujeres, sino también los que se ejercen sobre ascendientes y descendientes y, por tanto, muestran cifras superiores a los que se tramitan en los Juzgados especializados.

Así, durante los seis primeros meses del año 2005 se han presentado 1.959 denuncias en Euskadi, lo que supone una media diaria de 11 denuncias frente a las 9 de media del año 2004. Igualmente, en el primer semestre de este año se han solicitado un total de 919 Órdenes de Protección; lo que hace un promedio de 5,1 órdenes solicitadas al día, ligeramente superior a las 5 del años 2004. “En su mayor parte, las solicitantes son mujeres: el 85%; también resulta significativa la nacionalidad de las víctimas: de hecho, el 23,5% de las denunciantes son extranjeras.

“Por lo que se refiere a las medidas cautelares, que habitualmente son acordadas por los Juzgados vascos, hay que citar en primer lugar el alejamiento, con un 41,9 %, seguido de la prohibición de comunicación con la víctima, en un 39,5 % de los casos. La prohibición de volver al lugar se decide en un 13,9 % y las medidas privativas de libertad suponen un 0,8%”.

NUEVOS JUZGADOS

De los 16 juzgados de violencia de la mujer que se pusieron en funcionamiento el pasado 29 de junio en todo el Estado, tres corresponden a Euskadi. “Quiero subrayar la firme apuesta que la Viceconsejería realizó para que se crearan estos tres juzgados en las tres capitales de la CAPV, dándoles prioridad sobre otros órdenes jurisdiccionales”, ha destacado Azkarraga, quien, a continuación, ha detallado el esfuerzo presupuestario que ha supuesto la puesta en marcha de estos tres juzgados especializados:

“El coste anual de funcionamiento de estos nuevos Juzgados es superior a 200.000 euros; la dotación de personal para los mismos y el refuerzo para otros no especializados y fiscalías (32 funcionarios) suponen una previsión anual de más de 600.000 euros; se ha afrontado el diseño e implantación de una aplicación informática acorde a las nuevas necesidades, con un coste de 160.000 euros; se ha implantado un programa informático específico para facilitar la transmisión y actualización de todos los datos desde los Órganos Judiciales de la Comunidad Autónoma al Registro Central; se han organizado cursos específicos de formación para todos los colectivos implicados: abogados, funcionarios, jueces, secretarios y fiscales”

“Los nuevos juzgados cuentan, asimismo, con el apoyo especializado tanto de los equipos psicosociales judiciales (psicólogos, educadores y trabajadores sociales) como de los médicos forenses y expertos del Instituto Vasco de Medicina Legal dependientes del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. En este ámbito se han elaborado pautas de actuación coordinada entre las áreas médicas y psicológicas en favor de la eficacia y de la mejor atención, tanto a las víctimas como en la evaluación técnica de los imputados”, ha manifestado Azkarraga.

Cada día en Euskadi se han presentado 10,10 denuncias por violencia ejercida en contra de las mujeres. Según ha precisado el consejero, a fecha 30 de octubre 2005 los asuntos que habían entrado en los 14 Juzgados (tres especializados y once compatibles) alcanzaban los 1.211. “Concretamente, fueron 357 en el de Bilbao, 207 en Gasteiz, 187 en el de Donostia, 160 en el de Barakaldo y otros 300 en el resto de partidos judiciales”.

“A la vista de estos datos, el Departamento se ha dirigido al Ministerio de Justicia, en agosto y octubre, para plantear la petición que ya realizamos antes de entrar en vigor la ley. Y no es otra que la necesidad imperiosa de crear un Juzgado especializado en Barakaldo y un segundo en Bilbao. Hasta la fecha no hemos recibido respuesta favorable”, ha declarado.

CENTROS DE COORDINACION ADMINISTRATIVA

Los Centros de Coordinación constituyen el canal único de notificación de las resoluciones judiciales a las entidades o servicios sociales. Igualmente, informan a la víctima sobre la situación procesal del imputado y en particular sobre la situación penitenciaria del agresor.

Pero además de las funciones de Centro de Coordinación, los Servicios de Atención a la Víctima –SAV- realizan otras funciones respecto a las víctimas de estos delitos. Los tres Servicios de Atención a la Víctima se ubican en los Palacios de Justicia de las capitales de la CAPV.
Los Servicios de Atención a la Victima dirigen su actuación a la información a las víctimas de cualquier clase de delito sobre los derechos que les asisten y sobre las ayudas y los recursos que las entidades públicas y privadas ponen a su disposición; además de asesoramiento jurídico y apoyo psicológico.

Una radiografía aproximada de los casos atendidos en los SAV, extraída de la Memoria 2004, presentaría las siguientes características:

· 1.483 personas fueron atendidas, el 90,56% mujeres; de las cuales, 1.302 fueron víctimas directas de violencia doméstica.
· El tramo de edad con mayor victimización se sitúa entre los 36-45 años.
· La mayoría solo tiene estudios primarios: 52,5%.
· La mayor parte son amas de casa o trabajadoras por cuenta ajena con contrato fijo.
· Los delitos son mayoritariamente los de maltrato (931), coacciones y amenazas.
· El 88% de las mujeres que acuden al SAV han sufrido victimizaciones anteriores, coincidiendo en el 82% de los casos autor y hecho delictivo.(preocupante.-la falta de recursos de subsistencia puede estar en el origen de mantener la convivencia con el agresor o la dependencia emocional)
· En el 98,8% de los casos el autor es una persona de su entorno.
· En el 88,4% de las mujeres atendidas se produce una coincidencia entre el lugar de residencia y el del suceso. Es decir domicilio.
· La motivación mayoritaria para denunciar es la búsqueda de las medidas de protección (65,9%) seguido de la búsqueda de la actuación de la Administración de Justicia (22,6%).

TURNOS DE ASISTENCIA LEGAL INTEGRAL

Este Servicio es gestionado por los Colegios de Abogados. El Turno de Asistencia Jurídica Gratuita específico para los casos de violencia doméstica o agresión sexual comprende la existencia de Letrados de guardia por cada zona de cada Territorio Histórico (2 titulares y 2 de refuerzo en Guipúzcoa; 3 y 3 en Bizkaia y 1 y 1 en Álava) las 24 horas del día y 7 días a la semana.

Según los últimos datos que obran en nuestro poder, correspondientes al ejercicio 2004 este Turno específico de primera asistencia gratuita ha beneficiado a 2.024 mujeres en la CAPV. En Bizkaia se han realizado 1.227 intervenciones (+234% respecto 2003), en Araba 377 (+74%), en Guipúzcoa 577 (+243%). Destacan las intervenciones en relación con malos tratos (98%) frente a las agresiones sexuales (2%).
PROTOCOLOS DE COORDINACION

Para que las distintas instancias que intervienen lo hagan con pautas claras, se consideró la conveniencia de contar con instrumentos de coordinación. Es lo que denominamos “Protocolos de Actuación para la eficacia de la Orden de Protección y para la Implantación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer” y que, con pequeñas variaciones en cada Territorio Histórico, se han suscrito entre representantes de la Judicatura, de la Fiscalía, del Secretariado Judicial, de la Ertzaintza y policías locales, Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores, Emakunde y los Servicios Sociales de las Diputaciones y Ayuntamientos de las 3 capitales.

Se trata de un instrumento singular de la CAPV creado por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. “Estos Protocolos se han revelado como un instrumento realmente eficaz, tanto para coordinar y acordar actuaciones como para estudiar y poner solución a las posibles disfunciones que conlleva la puesta en marcha de toda nueva ley. Su virtualidad se apoya, por un lado, en la difusión que de estos protocolos realiza cada firmante entre los miembros de su organización y, por otro, en el seguimiento constante de sus contenidos, que se actualizan para adecuarlos con exactitud a la realidad.

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Fuente: Joseba Azkarraga