Alberto Unamunzaga

‘La Inquisición vuelve a España’.
Así titulaba la revista ‘Wired’ de Estados Unidos el artículo
que se refería a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información
y Comercio Electrónico, y es que el Partido Popular ha aprobado en consejo
de ministros el proyecto de ley de la ya de sobra conocida LSSI. Y la derecha
española sigue demostrando también en esta ocasión esos
tics retrógrados e impositivos ya por desgracia conocidos, al tiempo
que aplica la máxima de ‘yo tengo la razón absoluta, el resto
del mundo está equivocado’.
Nunca antes ningún hecho en el ámbito
estatal había supuesto tal movilización y convulsión ante
una situación concreta, ni se había dado tal unidad de criterios.
No es que un grupo de usuarios se haya posicionado en contra, sino que realmente
todo el colectivo estatal de internautas, partidos de la oposición, sindicatos,
empresas…, salvo aquellos afines al PP, claro, lo ha hecho.
Lo que se presuponía como una aplicación
de una normativa europea para regular el comercio electrónico ha trascendido
estos límites y atañe a todos los contenidos existentes en la
Red: la información en sí; y todo ello bajo una maniobra que oculta
el contenido y consecuencias reales de la ley.
Dando una imagen de transparencia, haciendo tomar
parte en el Senado a diferentes colectivos para, supuestamente, aceptar los
aportes que eran susceptibles de realizarse, es precisamente cuando el PP ha
jugado con un mayor oscurantismo, cerrazón y poniendo al mismo tiempo
un caparazón a su propuesta, no modificándola en parte sustancial
alguna y filtrando documentos al tiempo que daba la imagen de un gobierno que
ha escuchado a todos los colectivos afectados por la normativa.
Esta actuación, que es fácilmente
trasladable como estrategia publicitaria para la inmensa mayoría de la
población, a la que se le bombardea con la idea de lo perjudicial y dañino
que es Internet como cuna de pedófilos, medio de comunicación
de terroristas, centro de grandes estafas, lugar sin ley en el que todo vale.
Frente a esta situación surge con luz
propia el gobierno de Aznar, con el santo grial de la LSSI, la panacea y solución
de todos los males, capaz de solucionar todos estos problemas y más.
¿Qué más se le puede pedir a un gobierno eficaz, receptivo
a ideas externas y una sensibilidad exquisita con todos estos hechos de tal
gravedad?
Esto es lo que ha transmitido el PP, pero no
se ha trasladado a la opinión pública ni el cómo ni el
porqué, no se ha trasladado la grave restricción de los derechos
fundamentales que acarrea esta ley, cuyo contenido recuerda más a épocas
pasadas que al Siglo XXI y el desarrollo de la sociedad de la información
que dice defender.
Hemos de partir de la definición de la
propia Sociedad de la Información, que se muestra a nuestros ojos como
un mundo aparte de la realidad social, cuando éste no es ni mucho menos
el caso: la sociedad de la información no es más que parte de
la sociedad real, por lo cual no hay que desarrollar ningún tipo de legislación
propia para la misma.
Porque ¿no se persiguen toda la serie
de delitos que se cometen a través de Internet de una manera efectiva
hoy día?, ¿O es que no nos encontramos casi a diario con noticias
que destacan la eficacia policial persiguiendo delitos en la red? Todo esto
nos lleva a la siguiente afirmación: los delitos que se cometen en la
red son realizados del mismo modo que en otros ámbitos de la vida; lo
único que cambia es el medio.
La labor que debemos realizar es la adecuación
de los mecanismos existentes a esta nueva realidad, y no hacer una legislación
paralela que, además, resulta ser innecesariamente más restrictiva
a la ya existente. La regulación del comercio electrónico es necesaria,
de eso no cabe duda, del mismo modo que la aplicación de la normativa
europea que se ha desarrollado para este fin, pero el gobierno del estado ha
llegado mucho más lejos.
El hecho de considerar la información
como un mero elemento comercial sujeto a esta nueva legislación, conlleva
de facto un control total de todo el contenido de cualquier página web
alojada en un servidor estatal. Para ello se establecen medidas como las siguientes:
- La censura previa por parte de la Administración,
mediante el cierre administrativo cautelar incluso antes de la iniciación
del expediente y, por lo tanto, sin pasar por el poder judicial.
- La capacidad de cortar, en base a una serie
de criterios subjetivos, el acceso a páginas cuyo contenido sea valorado
como inadecuado, y se alojen en servidores situados en otros estados.
Las dos atribuciones anteriores otorgan una serie
de facultades que no deben ser ostentadas por una administración que
emana del Ejecutivo, dado que le corresponden al poder judicial, y ponen el
listón de la libertad al nivel de países tan ejemplares en este
aspecto como China. Todo un ‘logro’ para un gobierno que promulga
la libertad, eso sí, siempre que esté dentro de su modelo de pensamiento
único.
Si a todo lo anterior unimos una serie de requisitos
técnicos que una Pyme se ve imposibilitada a cumplir; considerar como
una actividad económica lucrativa el hecho de tener un banner para autofinanciar
una página que no tiene ánimo de lucro; una duplicidad en la base
de datos de los nombres de dominio; unas sanciones del todo desproporcionadas;
una regulación deficiente y parcial del comercio electrónico (supuesto
aspecto fundamental de la ley)…
Y todo ello en un texto farragoso, en muchos
aspectos abierto a lo que se va a realizar a posteriori, y sin definir muchos
extremos, no nos deja otra opción que concluir que esta ley no es más
que un gran impedimento para el desarrollo de las nuevas tecnologías
a nivel estatal y dificulta la realización de nuevas páginas en
internet.
En definitiva, una situación que conlleva
agudizar el desequilibrio en el acceso a los contenidos de la sociedad de la
información y coarta la libertad e iniciativa individual, incluso favoreciendo
la aparición de una autocensura a semejanza de años atrás.
Nos encontramos ante una nueva forma de control y exclusión social en
pleno Siglo XXI.
Existe un último tema que Eusko Alkartasuna
no puede pasar por alto: la LSSICE y el autogobierno. La C.A.V. tiene, entre
otras, las competencias exclusivas de Investigación científica
y técnica, comercio interior, ferias y mercados interiores, defensa del
consumidor y del usuario, establecimiento y regulación de bolsas de comercio
y demás centros de contratación de mercancías y de valores
conforme a la legislación mercantil. ¿Dónde quedan los
gobiernos de Gasteiz y de Nafarroa en todo este proceso?, porque mucho me temo
que nos encontramos ante un nuevo fraude estatutario.
Y quiero terminar estas breves líneas
como las he comenzado, con una cita, esta vez de Esteban González Pons,
portavoz del PP en el Senado, cuando dijo que ‘El gobierno sabe que regular
internet carece de sentido’ ante lo cual, y como ya he indicado antes,
no estoy de acuerdo. Pero entonces… ¿Para qué se ha realizado
la LSSI?

Fuente: Eusko Alkartasuna