La diputada de Eusko Alkartasuna (EA), Begoña Lasagabaster, que pertenece al Grupo Mixto, ha presentado tres propuestas de resolución al Debate sobre el estado de la Nación en las que plantea el derecho de autodeterminación para Euskadi, suprimir el régimen de incomunicación a detenidos por terrorismo y acometer el traspaso al País Vasco de 37 competencias pendientes. Estas iniciativas se someterán a votación en el Pleno de la Cámara Baja del próximo martes.
En primer lugar, EA insta al Gobierno socialista a que se respete ´el derecho que asiste a los pueblos que integran el Estado a decidir libremente su futuro como pueblo, esto es, su derecho a la libre determinación de acuerdo con los pactos suscritos ratificados por el Estado español en los términos establecidos en los Pactos de Derechos Civiles y Políticos, así como los Pactos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobados por la Asamblea General de la ONU en 1966´.
En segundo lugar, Lasagabaster considera necesario que el Ejecutivo impulse una mayor eficacia y eficiencia de la Justicia y para ello urge a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según añade, una de las principales razones para cambiar esta norma radica en la ´absoluta y urgente necesidad de adecuar´ los artículos que se refieren a las medidas cautelares a los principios básicos de la jurisprudencia constitucional.
Igualmente, señala que es urgente modificar la regulación de la llamada incomunicación de detenidos preventivos, que, a su juicio, constituye ´un gran motivo de preocupación´ en relación con el respeto a los derechos humanos.
Por eso, insta al Gobierno a que en el plazo de cuatro meses remita a la Cámara, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los proyectos necesarios para reformar más de una docena de artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
TRANSFERIR COMPETENCIA DE CENTROS PENITENCIARIOS
Asimismo, EA solicita al Ejecutivo que transfiera de forma urgente las 37 competencias pendientes, dando prioridad a aquellas que tengan una mayor transcendencia económica, laboral e impacto social, tales como las correspondientes al área de trabajo y Seguridad Social, infraestructuras, investigación científica y técnica y centros penitenciarios.
En opinión de Lasagabaster, estas competencias tienen ´importante trascendencia económica, laboral y de impacto social´, por lo que deben transferidas a las instituciones vascas, ´todo ello sin perjuicio de lo que en futuras negociaciones y acuerdos pudiera resultar de un posterior marco jurídico político de relación Euskadi-Estado´.
Fuente: Begoña Lasagabaster
