Karmele Antxustegi, parlamentaria de Eusko Alkartasuna Vivimos en una sociedad formada por personas oyentes en su inmensa mayoría y pocas veces nos paramos a pensar en las situaciones y los problemas que día tras día se ven obligadas a afrontar las personas sordas debido a su discapacidad. Su vida está mediatizada por su imposibilidad de oír, algo tan simple y natural para los oyentes, y también, en consecuencia, por las barreras de comunicación que encuentran en su vida diaria al expresarse en Lengua de Signos. Lengua silenciosa por carecer, lógicamente, de sonidos pero también por no haber sido considerada nunca una lengua oficial. Y no es ésta una cuestión meramente formal, ni mucho menos. Todo lo contrario, puesto que, como la Lengua de Signos no está reconocida oficialmente, son muchas las personas que no pueden ejercer los mismos derechos que los demás ciudadanos. Según los datos de la encuesta realizada en 1999 por el Instituto Nacional de Estadística, en Hego Euskal Herria son más de 54.000 las personas con discapacidad auditiva, una cifra a tener muy en cuenta y un problema que no podemos admitir como si fuera algo ‘normal’. En definitiva, no podemos quedarnos en silencio.
Es necesario subrayar que en esta ‘normalidad’ en la que vivimos a estos miles de personas se les están negando en buena medida, y sin que apenas nadie ponga el grito en el cielo, derechos fundamentales como el de información, primordial para el desarrollo personal y ser parte activa en esta sociedad; el derecho al ocio, donde sufren un vacío considerable de programas adaptados a sus necesidades tanto en el cine como en la televisión o Internet, por citar tres ejemplos harto significativos; el derecho a la educación, donde las carencias, si bien desde el Gobierno Vasco se están dando pasos importantes, siguen siendo patentes a día de hoy, sobre todo en la formación no reglada, la FP y la Universidad.
Durante muchos años la comunidad sorda, aun sin oír, ha visto y padecido el olvido de la Administración; los poderes públicos, en cambio, sí han oído, aunque muchas veces sin escuchar, las reivindicaciones de este colectivo pero no han visto, o no han querido ver, la situación de olvido y de abandono en que ha vivido, sin haber recibido la atención necesaria por parte de las instituciones. Y en la base de todo ello figura, en un lugar protagonista, la falta de recursos que les permitan comunicarse en Lengua de Signos de la misma forma en que los oyentes podemos hacerlo recurriendo a los idiomas oficiales.
Por todo ello, en su trabajo político por la construcción de una sociedad mejor, basada en la igualdad de derechos y de oportunidades para todos, sin discriminación de ningún tipo y donde la pluralidad propicie la riqueza intelectual, cultural y social, Eusko Alkartasuna presentó hace un año en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley instando al Gobierno del Estado a regularizar la Lengua de Signos y reclamando, entre otros puntos, la modificación del artículo 3.1 de la Constitución española para que también la Lengua de Signos tuviera rango de idioma oficial. El objetivo de aquella iniciativa no era otro que garantizar el derecho de las personas sordas a educarse, a formarse tanto personal como profesionalmente y a recibir toda la información en la lengua que deseen.
Aquella propuesta de Eusko Alkartasuna, aprobada por unanimidad el 3 de diciembre de 2004, está en el origen del Proyecto de Ley que en esa misma línea acaba de aprobar, el pasado día 13, el Consejo de Ministros. Ante esta decisión, Eusko Alkartasuna se felicita y felicita a toda la sociedad porque nos hallamos en la antesala de una futura ley ante la que permaneceremos vigilantes para asegurarnos de que garantiza de manera efectiva los derechos de todas las personas sordas.

Fuente: Karmele Antxustegi