Juan Porres . Parlamentario El macroproceso 18/98 es un ejemplo de lo que nunca debiera ocurrir en un Estado de Derecho. Lo que resulta con mayor evidencia es que se criminalizan las ideas, y no los hechos, por la simple vía de entender que su defensa pública y durante muchos años por parte de las personas imputadas y por las organizaciones y medios de comunicación intervenidos y suspendidos supone que forman parte de ETA sin ninguna prueba consistente y sin ni siquiera indicios racionales de dicha vinculación. Y lo que no debiera olvidarse es que todos los imputados y las organizaciones intervenidas habían venido defendiendo sus ideas con publicidad en la confianza de que actuaban en un marco de legalidad, como entendemos.
A lo largo del procedimiento se han percibido múltiples irregularidades. No es la menor que el Ministerio del Interior elija la fecha de inicio de las actuaciones en función de que un determinado juez, Baltasar Garzón, se encuentre de guardia, no sea que cualquier otro no les dé curso. Como tampoco es la menor que, recurridos sus autos en apelación, la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional sistemáticamente haya atendido las apelaciones y que sus decisiones hayan sido objeto de una durísima crítica gubernamental y mediática que culminaría cuando los magistrados de dicha Sección fueron suspendidos durante seis meses por el CGPJ, sanción anulada después por el Tribunal Supremo.
A lo largo del proceso se han producido también un sinnúmero de irregularidades, amén las denuncias de torturas que han hecho muchos de los detenidos, y como abogado no puedo menos que denunciar las intervenciones y registros de los despachos de quienes asumen su defensa en garantía de un derecho fundamental.
El macroproceso 18/98 es un ejemplo de lo que nunca debiera haber ocurrido. Las irregularidades han sido tantas que ofenden a las ideas mínimas de Justicia y de democracia.
Juan Porres es parlamentario de Eusko Alkartasuna
Fuente: Juan Porres
