En los últimos días se ha puesto de moda hablar sobre las empresas off-shore. Es un tema que copa minutos y minutos en la televisión y la radio y mucho espacio en el periódico porque parece una novedad. Pero, desgraciadamente, no lo es. Para nada. Es un tema que conocemos hace mucho tiempo, los paraísos fiscales. Las off-shore no son otra cosa que instrumentos que ofrecen los paraísos fiscales a los ricos y poderosos para no pagar impuestos o pagar mucho menos de lo que les correspondería.
Nos encontramos ante un nuevo capítulo de la historia de un expolio sistematizado y, lamentablemente largamente consentido, que tiene como consecuencia que en la Unión Europea, por ejemplo, se dejen de recaudar unos 2 billones de euros al año a causa de la elusión y el fraude fiscal, o que en los países en desarrollo se estime una pérdida anual de al menos 100.000 millones de dólares como consecuencia de la evasión de impuestos por parte de las grandes empresas.
Y, si las off-shore son algo muy lejano para la mayoría, la evasión de impuestos nos afecta a todos y todas. En un momento en que la brecha social es cada vez más grande, la riqueza que está en manos de los ricos crece a velocidad de crucero. Repasemos unos datos: Según Oxfam, en 2015 las 62 primeras fortunas del mundo acaparaban tanta riqueza como la que tenían los 3.600 millones de personas más pobres. En 2010 había que sumar a las 388 mayores fortunas para hacer esa cifra. Otro dato: En los últimos cinco años, la riqueza de las 62 personas más ricas del mundo ha crecido un 44%, y entre todos tienen 1,76 billones de dólares.
Los paraísos fiscales sirven para garantizar que esas obscenas cantidades de dinero no circulen, no se distribuyan y queden fuera del control de los Gobiernos.
Por medio de los paraísos fiscales y las múltiples herramientas que estos les brindan, algunos jefes de estado, directivos de multinacionales, miembros de casas reales, deportistas de élite, artistas, en definitiva miembros de élites sociales, escapan del control del fisco y por ende de hacer la aportación que les corresponde a las arcas públicas para el sostenimiento de los servicios públicos de los que todos y todas disfrutamos. Son estas mismas élites las que se han beneficiado del rescate a la banca, de la amnistía fiscal, de las reducciones de impuestos injustificadas mientras las clases trabajadoras soportan los recortes sociales y tienen que escuchar que ahora deben hacer sacrificio por haber “vivido por encima de sus posibilidades”.

Al final, lo que ocurre es que el dinero que se evade, el fraude fiscal, reduce más los presupuestos públicos, lo cual quiere decir que ataca a los servicios públicos que son la principal característica del Estado de Bienestar. Es algo que ha quedado de manifiesto durante la crisis económica que vivimos, a pesar de lo cual no ha habido modificaciones en la política fiscal para favorecer soluciones. Al contrario, las que se han hecho han ido en sentido contrario.
En los últimos años nos han repetido como un mantra que si queremos que los ricos y las empresas grandes continúen en nuestros territorios, debemos mantener los impuestos bajos, que ello servirá para recuperar la industria, lo cual será bueno para la ciudadanía.
Así nos lo han dicho quienes apuestan por mantener las excepciones en el Impuesto de Sociedades, quienes han atacado el impuesto de las Grandes Fortunas o quienes defienden legislación fiscal privilegiada para las SICAV.
La excusa de los paraísos fiscales, el fantasma de la deslocalización ha hecho que los gobiernos hayan entrado en una competición alocada para hacer una fiscalidad cada vez mas reducida y que castiga a las arcas públicas.
Este sistema de elusión fiscal globalizado se traga muchos de los recursos necesarios para mantener el Estado de Bienestar en el llamado primer mundo, a la vez que impide a los países más pobres salir del agujero en el que están.
Durante años se ha considerado a los paraísos fiscales algo exótico, casi anecdótico. Pero según se ha ido endureciendo la crisis, se ha visto cuál es su verdadero papel. En este contexto, la Asociación Internacional de la Abogacía ha considerado la elusión fiscal una forma de vulneración de los derechos humanos y el presidente del Banco Mundial ha dicho que es una forma de corrupción que perjudica a los pobres.
En vista de la creciente crítica al fraude fiscal, los Estados han tenido que tomar medidas para hacerle frente. En ese contexto hay que ubicar las medidas puestas en marcha por la Unión Europea en los últimos años, especialmente en referencia a la fiscalidad de las grandes empresas y a la identificación de paraísos fiscales. Pero, a la vez, ha habido obstáculos puestos por diferentes Estados para poner en marcha medidas más progresistas. Tenemos en la cabeza el escándalo “Luxleaks” o las artimañas de determinadas transnacionales para pagar el Impuesto de Sociedades en Irlanda.
Seguirá habiendo obstáculos para conseguir una fiscalidad acorde con las necesidades de financiación de los estados. De hecho, hace tiempo que debería haber entrado en vigor un acuerdo mundial contra los paraísos fiscales y las prácticas fiscales perjudiciales. Ese sí sería una medida importante contra las desigualdades sociales.
Hace ya 15 años que la OCDE propuso que los estados debían suspender los acuerdos con los paraísos fiscales. Pero algunos miembros de la OCDE que en la práctica actúan como paraísos fiscales se aliaron con aquellos que son sede de las grandes empresas para bloquear esa medida.
Hace poco que se ha desarrollado el proyecto BEPS de la OCDE contra la transferencia de las ganancias, que quiere ser la base de algunas medidas de la UE que utilicen el intercambio de información como instrumento principal.
No parece que en este caso la Unión Europea haya hecho todo lo que hay que hacer, se ha vuelto a quedar corta. Mientras, también deberíamos hacer algo aquí, en Euskal Herria, porque con los recursos que tenemos podemos poner nuestro granito de arena a la titánica lucha contra los paraísos fiscales.
Nuestra propuesta es clara: debemos saber si las empresas que trabajan aquí tienen filiales en paraísos fiscales, hacer pública la lista de quienes sí tengan y pedirles que paguen lo que deben. La actividad económica que se desarrolla en Euskal Herria debe tributar en Euskal Herria. Esto sería más fácil si el Gobierno vasco pidiera que al firmar la Responsabilidad Social, las empresas deban contestar si tienen sede en paraísos fiscales. Así que ahí queda nuestra petición al Gobierno vasco.