Hoy, 13 de febrero, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo volverá a juzgar otro caso de torturas del Estado español. Esta vez son las torturas que sufrieron Igor Portu y Mattin Sarasola las que se investigan en Estrasburgo, después de que los juzgados españoles hayan absuelto a los implicados.
Igor Portu y Mattin Sarasola fueron detenidos al mediodía del 6 de enero en Mondragón. 15 horas más tarde, a las 3:56 de la madrugada del 7 de enero, metían a Igor Portu en la UCI del Hospital de Donostia. El médico forense que trató a Mattin Sarasola certificó que había sufrido lesiones durante la detención. En 2011, El Tribunal Supremo español absolvió a los torturadores.
No sabemos cómo actuará la justicia ordinaria, pero desde luego que la justicia poética ha dado en el clavo con la fecha de la sentencia. Y es que el 13 de febrero es una fecha señalada a sangre en el calendario vasco. Tal día, hace 37 años, moría a causa de las torturas sufridas en la comisaría de Madrid Joxe Arregi. El jefe de la comisaría tuvo que dimitir por el revuelo social que causó la macabra noticia. De los 72 participantes en las torturas, solo fueron detenidos 5, siendo liberados muy poco después. De los 72 participantes en las torturas, solo fueron juzgados 2, sentenciados a 7 meses de cárcel, pero después de recurrir la sentencia quedaron libres sin haber pisado la prisión. Este es el panorama que deja la tortura en el País Vasco: no hay sentencias, no hay investigación, hay negación, hay apoyo político y judicial a los torturadores, y la justicia en vez de levantar alfombras, tapa estos casos con más mantas.
El Tribunal de Estrasburgo ha sentenciado hasta en 8 ocasiones al Estado español por no investigar los casos de torturas, aseverando que es muy grave el mero hecho de tener indicios de ellas. En las listas que confecciona Amnesty International España siempre está entre los países que utilizan sistemáticamente la tortura.
El mes pasado un informe publicado por el Gobierno Vasco probaba 4.113 casos de tortura en la CAV, constatando que los diferentes gobiernos españoles han utilizado la tortura sistemáticamente. El uso de la tortura es una manera de hacer política. Es claro que para los más de 4.000 casos identificados es necesaria la justicia y la reparación. Sin embargo, el Estado español y los dos partidos que lo han gobernado no están dispuestos a hacer frente a su realidad. De hecho, la deniegan. El PSE dijo el mismo día que se publicó el informe, que éste carecía de rigor científico, y que no comparten “ni en el fondo ni en la forma” dicho informe. Este viernes, 9 de febrero, el PP ha presentado una proposición en el Parlamento Vasco pidiendo a Lakua que retire el informe.
Que en un estado hay torturas muestra una grave falta de democracia, pero después de haber sido probados tantos miles de casos, que se niegue esta evidencia es aún más lacerante. Y el Estado español no ha admitido ningún caso, menos aún investigado. Parece que habrá de ser, por enésima vez, un órgano internacional quien recuerde al Estado español lo que supone ser una democracia. Los obispos de Bilbao y Donostia lo dejaron bien claro: “ Una sociedad que se defiende con estos medios, se destruye a sí misma”.
Lohitzune Txarola Gurrutxaga
Abogada
Secretaria de Derechos Humanos de Eusko Alkartasuna
