“El Ejecutivo navarro primó intereses particulares y políticos frente a criterios exigidos en el concurso, como el de la viabilidad económica, que es lo que ha llevado a esta radio a tomar la decisión empresarial de abandonar su actividad” El presidente de Eusko Alkartasuna en Navarra y parlamentario foral, Maiorga Ramirez, considera el cierre de Net 21 “una consecuencia que pone en evidencia las propias irregularidades del Gobierno de Navarra en el proceso de adjudicación de licencias”. Ramírez explica que “el Ejecutivo navarro primó intereses particulares, así como decisiones políticas tomadas a priori, como la de impedir que una radio emitiera en euskera en Pamplona y Comarca, frente a requisitos del concurso, como el de garantizar la viabilidad económica del proyecto. Este hecho es el que, al resultar anulada la licencia de Net 21 por el TSJN, y teniendo esta radio, a tenor de los informes, todas las posibilidades de perderla definitivamente en el concurso que se repetirá en breve, ha frustrado una operación de compra que venía a paliar la situación económica insostenible de este medio. El cierre es, por tanto, una decisión empresarial”, afirma.
“No es la ‘falta de autorización’, como hoy recogía un periódico navarro, sino su situación económica la que ha llevado a Net 21 a esta decisión. De hecho la otra radio cuya licencia fue anulada, Radio Universidad de Navarra, sigue emitiendo mientras no se vuelva a constituir la Mesa de Contratación para realizar una nueva valoración de los aspectos anulados por el TSJN. El cierre, por tanto, no es un efecto directo e inmediato de la sentencia, no lo es, al menos, hasta que se produzca la nueva adjudicación. Se ha truncado la estrategia empresarial de los ‘amigos’ del señor Palacios, que preveían asegurar la viabilidad mediante la entrada de Radio Intereconomía o tal vez alguna otra emisora – lo que de por sí constituye un fraude atendiendo las bases y condiciones del concurso de adjudicación de frecuencias- . Retirada la radio madrileña del frente, NET-21 no puede asegurar su continuidad al carecer de capacidad económica propia y cierra sus puertas. Una consecuencia del fraude del concurso”, aclara el Presidente de EA en Navarra Maiorga Ramírez.
Queda así claro que NET 21 no tenía manera de sostenerse económicamente, a menos que no fuera vendiendo la licencia a alguna otra radio, como supuestamente era la intención desde un principio. Al parecer ha valorado que, en la repetición de la parte anulada del concurso, no tenía la más mínima esperanza de resultar nuevamente adjudicataria de una de las dos licencias, lo que confirmaría que tampoco en su día era merecedora de la concesión ahora anulada, si el Gobierno se hubiera atenido sólo a los requisitos establecidos, en lugar de primar e imponer intereses de otra índole. Ya quedó patente en el propio proyecto que presentó esta emisora al concurso de 1998, donde no se adjuntaba ninguna clase de dato que pudiese determinar su viabilidad y seguridad económica, a diferencia de lo que hizo Euskalerria Irratia. Aún así, el Gobierno de Navarra la consideró “suficientemente estable” y se le concedió en este apartado la misma puntuación que ésta última.
“Queda patente que la concesión de licencia a dicha emisora respondió, única y exclusivamente, a criterios e intereses políticos y particulares, guiados por amiguismos, y al mismo tiempo, confirma la intención evidente del Gobierno en aquel concurso de impedir que una emisora que emite en euskera para Pamplona y la Comarca obtuviera licencia”, critica el parlamentario foral.
“El cierre de Net-21 dibuja el principio del fin de este concurso, que ya tendría a sus dos finalistas, y por lo tanto, emisoras acreedoras a dichas licencias. La sentencia obliga a repetir la segunda parte del concurso, en la que tan sólo participaban, tras la criba inicial, tres emisoras, entre ellas Euskalerria Irratia. Net-21 ha cerrado, y se entiende que se retira del proceso al no poder cumplir los requisitos económicos. Ahora está en manos del Gobierno de Navarra su obligación de ejecutar la sentencia del TSJN, volver a convocar la parte del concurso correspondiente, y conceder las licencias tal como en su día se debió hacer: respondiendo a criterios objetivos y a la valoración que la propia Mesa de contratación hizo en su momento, y no a las valoraciones personales de determinado consejero, entonces José Ignacio Palacios, como responsable de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, o del Director General, Ángel Sanz Barea. Ambos tendrán que dar explicaciones en el Parlamento por su fraude. Y a petición de Eusko Alkartasuna, el presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, que avaló las órdenes forales del consejero, y por tanto, es responsable último y directo de las irregularidades. Lo único que han hecho los tribunales ha sido sacar a la luz una gestión inaceptable y con graves consecuencias tanto para los trabajadores de Net 21 como para Euskalerria Irratia”, concluye el Presidente de EA en Navarra Maiorga Ramírez.
Fuente: Maiorga Ramirez
