Begoña Errazti En la historia de los pueblos a veces se dan coyunturas cuyo desenlace afectará de forma determinante a su desarrollo futuro. Hoy, en Euskal Herria, nos encontramos en una tesitura de ese alcance y naturaleza. Estamos ante una oportunidad única para resolver el contencioso vasco, que implica, por supuesto, el fin de la violencia de ETA que ha condicionado la vida política y social de nuestro país en los últimos cuarenta años, pero también resolver las causas -por cierto muy anteriores a ETA- generadoras de conflicto y descontento en el seno de la sociedad vasca. Causas que tienen una raíz política, que nacen de una falta de reconocimiento histórico de nuestro pueblo y un desajuste actual entre la voluntad social mayoritaria y el marco legal y político vigente.

Pacificar es erradicar la violencia pero también normalizar la convivencia y afrontar, para resolverlas, las cuestiones de fondo que originan problemas de entendimiento. Por eso hablamos de proceso de pacificación y normalización política.

Nadie pone en tela de juicio la responsabilidad fundamental del Gobierno español y ETA en este momento en lo que concierne al fin de la violencia. Si bien es cierto que la contribución de unos partidos y de otros a este escenario ha sido, y es, muy desigual, e incluso opuesta. Frente a la actitud totalmente entorpecedora del PP y sectores afines (plataformas, foros, sectores judiciales), otros hemos hecho un esfuerzo firme para propiciar la instauración del discurso de las vías políticas, y su ejercicio, como únicos posibles en democracia. Una defensa que hacemos con convicción y desde nuestro compromiso con los derechos humanos y con las libertades, desde una posición de exigencia ante quienes, desde un extremo y otro, han tratado de poner una y otra vez palos en las ruedas a este avance hacia la normalidad en la convivencia social vasca.

Tras el alto al fuego quedan aún por resolver las cuestiones ´técnicas´ relativas a la desaparición de ETA, y que incluyen aspectos de importantes consecuencias sociales y políticas, como dar solución a la situación de los presos y poner fin a las políticas de excepción que se han aplicado a este país con la excusa de la ´lucha antiterrorista´, que han propasado ampliamente esta intención imponiendo unas reglas del juego absolutamente antidemocráticas: Ley de Partidos, Pacto antiterrorista, cierre de periódicos y emisoras de radio, macrosumarios que son un auténtico despropósito jurídico, etcétera. Dentro de esta implicación necesaria en la generación de nuevas condiciones de convivencia se inscribe la atención a las víctimas, una clave esencial para la reconciliación social que deberemos impulsar instituciones, partidos y sociedad.

En la normalización política, en cambio, la iniciativa corresponde a los partidos vascos, de forma incuestionable. Somos las fuerzas representativas de este país las que, en nombre de la ciudadanía, debemos ser capaces de buscar soluciones a un conflicto intrincado, que exige, en primera instancia, superar los discursos que lo niegan frontal y sistemáticamente.

Quienes hasta ahora han utilizado la existencia de ETA para negar la legitimidad de la defensa de los derechos nacionales vascos recurren ahora a la invención del supuesto ´precio político´ para no abordar las reivindicaciones mayoritarias de este país. Antes por su presencia y ahora por su ausencia, se sigue hurtando a la sociedad vasca el derecho a plantear sus aspiraciones democráticas libremente, pretendiendo culpabilizarla, además, de un mal que ha sufrido dolorosamente en carne propia durante más de tres décadas.

Desde algunas posiciones se acusa al conjunto del nacionalismo vasco de pretender beneficiarse de este fenómeno que, además de un lastre social y humano, ha sido un arma política utilizada para criminalizar ideas, proyectos y sentimientos de identidad legítimos, compartidos por la mayoría de la sociedad vasca. Recordemos si no cómo aquel mal llamado ´Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo´ firmado por PP y PSOE -que ellos mismos se han acusado mutuamente de incumplir- se empleó como herramienta electoral contra el nacionalismo vasco que gestionaba las instituciones en 2001.

Cualquier demócrata entiende la pluralidad como riqueza, y su respeto como principio básico en su acción política. Y asume que en democracia rige la voluntad de la mayoría, sea ésta cual sea, siempre que no vulnere principios y libertades fundamentales, lógicamente. Pretender imponer, desde una posición de minoría, limitaciones previas al debate de fondo de este país, bien sobre la configuración de mayorías, bien sobre los contenidos que deban tratarse, bien en torno a los máximos para el posible acuerdo o sobre el alcance de esa capacidad de decisión que reclama la sociedad vasca es tratar de ejercer de antemano el derecho de veto sobre la voluntad democrática de Euskal Herria.

Respetar la pluralidad es también propiciar cauces para su expresión social, política e institucional, y garantizar la igualdad de condiciones de todos los proyectos para materializarse en democracia, si así lo decide la mayoría de la ciudadanía. Por supuesto tener disposición a aceptar propuestas, a negociar, para alcanzar el mayor consenso posible en lo que afecte de forma fundamental a la vertebración, convivencia y desarrollo de la sociedad. Pero en ningún caso puede significar que ´los menos´ neutralicen el derecho de ´los más´ a avanzar en sus legítimas aspiraciones de soberanía y voluntad de cambiar la forma de organizarse políticamente. Las vías para articular el respeto mutuo pueden ser muchas y variadas, y precisamente en hallar la más adecuada deberemos esforzarnos en esa mesa de partidos aún pendiente, y que confiamos se ponga en marcha para el otoño. Sin imponer renuncias y abdicaciones ideológicas, ni condiciones previas que amordacen el debate.

Cuando en Eusko Alkartasuna decimos que el reconocimiento de la nación vasca, de su soberanía y de su capacidad de decisión son claves para la normalización política no enunciamos nuestros máximos como partido independentista -sería el Estado vasco en Europa-, sino que intentamos hallar soluciones intermedias en esta coyuntura concreta. La propuesta actual de todas las ramas del nacionalismo vasco -incluido el MLNV- de que la decisión se respete y ejerza en las distintas realidades político-administrativas actuales de Euskal Herria es una fórmula posibilista, y a la vez solvente, para dar una solución democrática al conflicto.

Su negación sistemática, o peor aún, la estrategia de confrontación y de oposición fundamentalista de la derecha navarra y española sólo conducen a su perpetuación e, incluso, con riesgo de fractura social. Por responsabilidad sentémonos a hablar. Aquí, en Euskal Herria.
Fuente: Begoña Errazti