El portavoz de EA en el Parlamento Vasco, Juanjo Agirrezabala, defiende en este artículo la creación de un Instituto de los Derechos Humanos que contribuya a educar en valores éticos y democráticos y al reconocimiento de todo el sufrimiento acumulado en Euskal Herria durante muchas décadas. No olvidar el pasado es la mejor garantía de no repetición de los mismos errores, sostiene.
El Parlamento Vasco ha habilitado parcialmente el mes de julio de manera que, entre otros proyectos, pueda seguir su curso la tramitación de la proposición de ley para la creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. Se trata de una iniciativa bien enfocada, aunque es obligado lamentar que su gestación no fuera la más idónea. En Eusko Alkartasuna opinamos que este tipo de proposiciones, por su gran calado y trascendencia política y social, deberían buscar desde su origen el mayor de los consensos para tratar de alcanzar, en un escenario ideal, la unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Eso obliga al contraste mutuo de argumentos, a dar al otro la posibilidad de introducir cambios y hacer aportaciones que puedan mejorar el texto inicial, a dar prioridad al consenso por encima del simple, aunque legítimo, juego de mayorías y minorías. Presentar al otro un texto cerrado para que se limite a rubricarlo con su firma no es la mejor manera de trabajar el acuerdo y el consenso.
Ese necesario lamento inicial no debe condicionar, en cualquier caso, el trabajo por el consenso que todos debemos protagonizar ahora con la apertura de la tramitación de la proposición de ley. En eso estamos precisamente en EA, en la tarea de elaborar y presentar las aportaciones que, a nuestro juicio, contribuirán a mejorar la propuesta inicialmente elaborada por el PNV, el PSE, Ezker Anitza y tres exparlamentarios de Aralar.
Partimos afortunadamente de un consenso previo que considero básico para la tramitación y aprobación definitiva de la proposición de ley: la sociedad vasca necesita un Instituto de los Derechos Humanos. Creo innecesarias, al menos en la denominación del instituto, las alusiones a la memoria y la convivencia, conceptos inherentes, entiendo, a la observancia y al respeto de los derechos fundamentales. En ese mismo sentido existe además un precedente en el Parlamento Vasco, ya que hace dos legislaturas el gobierno tripartito del que formaba parte EA remitió a la Cámara un proyecto de ley para la creación del Observatorio de los Derechos Humanos y las Libertades, si bien aquella iniciativa no prosperó, entre otras cosas, por la oposición frontal de PSE y PP.
Hoy la situación es bien distinta y lo que no fue posible en 2002 sí puede serlo ahora. Y mejor. Las circunstancias actuales posibilitan la creación de un Instituto capaz de hacer una lectura crítica del último siglo de historia de nuestro país. La sociedad vasca -y no solo ella- ha sido víctima de la guerra civil que siguió al golpe de Estado de Franco, víctima de la dictadura posterior, víctima del terrorismo de ETA y víctima del terrorismo de Estado en sus diversas facetas. Es imprescindible una visión global del sufrimiento injusto padecido en esta tierra, sin parcelaciones que en el fondo pretenden justificar determinado tipo de violencia. Porque eso y no otra cosa es al fin y al cabo lo que buscan quienes simplifican interesadamente y tratan de reducir a ETA todo el problema de la violencia política.
Martín Villa marcó el camino cuando dijo aquello de “lo nuestro son errores, lo suyo son asesinatos”. Hoy en el PP le cogen el testigo y recitan la lección refiriéndose a los muertos a manos de las FSE como “daños colaterales” de acciones policiales justificadas por la propia existencia de ETA. Y peor todavía tener que soportar que el secretario de Estado de Seguridad niegue incluso la existencia de las víctimas de las FSE. No cabe mayor insulto ni mayor crueldad con las víctimas que negarles su propia condición de víctimas. Puede acercarse a Euskal Herria y preguntar a las viudas y a los huérfanos de las personas asesinadas por funcionarios del Estado. Seguro que le explican un par de cosas.
Son ese tipo de planteamientos que niegan aún hoy una parte del sufrimiento los que hacen necesaria la creación de un Instituto de los Derechos Humanos que haga pedagogía y difunda y eduque en valores éticos y democráticos sustentados en el respeto al diferente y en la empatía con el sufrimiento ajeno. No es posible avanzar en la normalización política y en la convivencia social si antes no somos capaces de reconocer el dolor de quien no piensa como nosotros y de admitir que todas las víctimas son iguales en el sufrimiento y que, en consecuencia, todas ellas merecen idéntico respeto y tratamiento institucional. Al fin y al cabo, se llame el asesino de una u otra forma, el dolor de una madre por su hijo muerto siempre es el mismo.
El Instituto de los Derechos Humanos puede ser un instrumento clave en esa tarea porque no olvidar el pasado es la mejor garantía de no repetición de los mismos errores. De ahí que la disposición de EA sea absoluta para aportar en positivo en la tramitación parlamentaria de la proposición de ley. Así lo haremos por medio de nuestras enmiendas en dos sentidos principalmente.
Por un lado, frente a la propuesta original que diseña un Instituto totalmente dependiente del Gobierno vasco, en EA abogamos por una institución con un alto grado de autonomía e independencia respecto del Ejecutivo y que, en coherencia, esté dirigido por una persona de prestigio que sea reconocida y admitida por todos los partidos políticos y que al mismo también sea radicalmente independiente de todos ellos. De lo contrario, corremos el riesgo de que crear un Instituto carente de una orientación clara y coherente por estar sometido a los vaivenes de uno u otro gobierno.
Y como segunda aportación fundamental, la necesidad de dotar al nuevo Instituto de capacidad de investigación y esclarecimiento de violaciones de los derechos humanos. Más allá de conmemoraciones, de preservar y difundir la memoria, de educar en valores democráticos, de promover el respeto de los derechos humanos, entre sus funciones debe figurar la de contribuir activamente a la Verdad. Investigar y aclarar para conocer y no repetir. El conocimiento como punto de partida para la Justicia y la Reparación del daño causado. A partir de ese triángulo mágico de Verdad, Justicia y Reparación, el Instituto debe ser un mecanismo de verdad sin la cual no es posible completar el triángulo con Justicia y Reparación.
Fuente: JUANJO AGIRREZABALA
