Joseba Azkarraga. Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social
El consejero de Justicia del Gobierno de Gasteiz y dirigente de EA, Joseba Azkarraga, aseguro en una entrevista a GARA que el mes de setiembre será decisivo, puesto que ´si vemos que a partir de entonces no hay ninguna voluntad de desarrollo del Estatuto, cosa que me temo, tendremos que ir desarrollando un nuevo marco jurídico-político´. Azkarraga dice creer ´sinceramente´que el PNV está en la misma línea, y defiende que Lakua va dando pasos al frente porque ´ estamos haciendo cosas sin tener la competencia transferida´.
En relacion a otro tema clave pendiente, la ilegalización de Batasuna, recalca que EA está dispuesto a impulsar una iniciativa en respuesta a la Ley de Partidos y, de hecho, considera que ´con el Estatuto en la mano tenemos la competencia para hacer una legislación propia sobre funcionamiento de partidos políticos´, aunque luego pueda ser recurrida por el Estado español.
Se han hecho diversas interpretaciones sobre el dictamen de autogobierno del Parlamento de Gasteiz de 12 de julio. Joseba Azkarraga explica que en su opinión y en la de su partido, EA, dicho acuerdo supone «el inicio de un nuevo proceso que nos obliga, fundamentalmente a los tres partidos que constituimos el Gobierno, a desarrollar lo aprobado: que el Estatuto ha llegado hasta donde ha llegado y, a partir de este momento, el Estado tiene un plazo determinado para demostrar cuál es su voluntad de desarrollo de las 37 transferencias pendientes. De lo contrario, indudablemente, tendríamos que ver otras fórmulas de desarrollo propio, legislando sobre las competencias no transferidas, que es lo en mi departamento estamos estudiando hacer».
El nuevo ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, nada más tomar posesión de su cargo, dijo que el acuerdo «traslada el desafío terrorista a las instituciones».
El ministro Arenas, entre otras cosas, es un impresentable, porque en política no vale todo. No vale mentir y descalificar las ideas. Lo que demuestra el ministro Arenas con su actitud provocadora es el poco interés que tiene por solucionar los problemas del Estado. Y demuestra otra cosa mucho más grave: que al Estado le preocupa muy poco la actividad de ETA y le preocupan muy mucho los posicionamientos políticos que, desde un ámbito pacífico y democrático, reivindican derechos irrenunciables de este país, como el de la libre determinación o el derecho a la creación de un estado propio. Eso preocupa al señor Arenas y al señor Aznar, y de ahí su intento constante de seguir crispando y seguir provocando y de no llegar a ningún acuerdo.
Y, sin embargo, esta semana su gobierno acaba de remitir una nueva carta al ministro para hablar con él. ¿Tienen alguna esperanza?
No. Particularmente, yo no tengo ninguna esperanza, pero nunca nos van a poder acusar de no aceptar una invitación al diálogo.
Dice Mayor Oreja que el Gobierno de Lakua está en una apuesta de ruptura.
No puedo hablar en nombre de todo el Gobierno, pero la apuesta de EA es reivindicar un marco propio e incluso la independencia de este país. Si Mayor Oreja le llama a eso ruptura, lo será. Pero ésta no es una apuesta de ahora, lo llevamos diciendo muchos años.
Ahora han saltado algunas alarmas. Algún paso nuevo habrán dado ustedes…
Los pasos o pasitos se van dando. Lo que ocurre es que en este caso ha tenido una proyección pública porque se ha llevado al Parlamento un dictamen muy claro y concreto, que ha tenido los apoyos que ha tenido.
Rodolfo Ares acusaba la semana pasada en estas mismas páginas al Gobierno de haber roto la palabra de no buscar acuerdos con Batasuna.
El señor Ares, que es un artista a la hora de decir hoy una cosa y mañana la contraria, manifiesta esa capacidad que tiene de desvirtuar la realidad. Habría que preguntarle qué hubiera ocurrido si Batasuna, en lugar de abstenerse, hubiera votado en contra. ¿El PSE hubiera votado a favor del dictamen para no coincidir con Batasuna? Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo sobre este dictamen con Batasuna. Eso lo puedo asegurar. Batasuna se ha abstenido en función de la valoración política que ha hecho de ese dictamen.
Algunos contactos sí hubo.
Por parte de EA, ninguno.
Pero por parte de algún otro miembro del tripartito…
Por parte del Gobierno, tampoco… En cualquier caso, si hubiera habido contactos, no seré yo quien critique el hecho de hablar con todos los partidos políticos, incluido Batasuna.
Cuando en setiembre Ibarretxe anuncie que el Estado ha quebrado definitivamente y de manera unilateral el consenso estatutario, ¿qué pasos va a empezar a dar el Gobierno?
Los ya anunciados. Por un lado, continuar haciendo las cosas que estamos haciendo sin tener la competencia transferida. En mi departamento, por ejemplo, que posiblemente sea el más afectado desde el punto de vista de la no transferencia, estamos desarrollando medidas de fomento, de creación de empleo, de seguridad y salud laboral que no están transferidas. Y además de continuar desarrollando todo esto, tendríamos que pensar en la posibilidad de legislar sobre algunas medidas no transferidas. En mi departamento
lo estamos estudiando en profundidad.
Pues ELA dijo la pasada semana públicamente que si lo que se va a hacer es continuar con lo que se ha hecho, eso no vale para nada.
ELA no nos va a dar lecciones de lo que debemos hacer. ELA actúa en todos los campos, en el sindical, en el político… Es positivo que entre en el terreno político, pero sería bueno que en lugar de poner zancadillas, colaborara. Y que dijera, de vez en cuando, que alguna de las cosas que hacemos la hacemos bien. La crítica constante y el «no» constante llegan a agotar.
Técnicamente ¿cómo se hace la asunción de competencias no transferidas?
El lehendakari ya ha dicho que no van a ocupar las oficinas del INEM. Ya las estamos asumiendo. Nosotros en el terreno de la contratación indefinida, del apoyo al empleo, el reparto del trabajo, la inserción laboral, el autoempleo… que son materias no transferidas, estamos actuando como si la competencia fuera nuestra. Lo estamos haciendo con los fondos propios de este gobierno, cuando el Gobierno español tendría que haber traspasado los medios materiales para el desarrollo de estas competencias.
¿Eso significa que la ciudadanía de la CAV las está pagando dos veces?
En alguna de las materias, sí.
¿Cuál es el objeto del estudio que han encargado sobre la Seguridad Social?
Hemos solicitado un estudio exclusivamente técnico, que lo van a hacer dos grandes profesionales. Queremos saber cuál va a ser la evolución de la Seguridad Social en los próximos años para, con todos esos datos en la mano, valorar qué es lo que podemos hacer y lo que tenemos que hacer con la Seguridad Social y con la previsión social complementaria. Son datos que hasta ahora no hemos tenido y que son imprescindibles. Cuando los tengamos, haremos la valoración política y el desarrollo de lo tenemos que hacer.
Pero Madrid asegura que la «caja única» de la Seguridad Social es intocable.
La «caja única» está rota desde hace mucho tiempo. Cuando se transfiere la Sanidad a una comunidad autónoma, ya no existe una «caja única». Ese concepto de «caja única» es además preconstitucional y, por tanto, franquista. Tiene una relación directa con la solidaridad, pero se puede ser solidario sin tener que estar pendiente de una caja única.
Se habla mucho de la asunción de competencias, pero otra parte del dictamen recogía el compromiso de abrir un proceso con el conjunto de agentes políticos y sociales para articular un nuevo proyecto jurídico y político. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno?
Yo no quiero hablar en nombre de todo el Gobierno. Desde EA, como miembro de este gobierno, si vemos que a partir de setiembre no hay ninguna voluntad de desarrollo del Estatuto cosa que me temo, tendremos que ir desarrollando un nuevo marco jurídico-político. Hasta que se llegue a ese nuevo marco, la única referencia que tiene este país es el Estatuto, que es lo que han votado los ciudadanos cuando se puso a referéndum. Teniendo en cuenta que ésa es la referencia, a partir de ese momento, cuando veamos que este Estatuto ha dado lo que ha dado de sí y poco más, indudablemente tenemos que pensar en un nuevo proyecto jurídico-político para el país.
En el dictamen, la apertura de ese proceso no se condiciona a la respuesta de Madrid. Aparece en otro apartado.
Inicialmente, lo que estamos planteando es dar un plazo a Madrid para que presente un calendario de desarrollo de lo que queda pendiente. Si no lo presenta o el que se presenta es sobre siete transferencias y no sobre las 37, debemos dar por hecho que no hay voluntad y reformular otras posibilidades.
Insiste en hablar en nombre de su partido. ¿Ve en el PNV voluntad de llegar hasta el final de este proceso?
Sinceramente, creo que sí. Sinceramente (enfatiza al repetirlo), creo que sí.
PP y PSOE, en el último «debate del estado de la nación», aprobaron una propuesta conjunta alegando la Constitución para frenar el dictamen de autogobierno. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?
A todo. Sobre todo el PP, y el PSOE hace seguidismo. Es terrible que el Parlamento español apruebe un acuerdo para ir en contra del intento de una comunidad autónoma de avanzar en el desarrollo de su autogobierno. Esto es algo que igual hace diez años hubiera sido impensable. Están haciendo cosas que son absolutamente rechazables y no parece que tengan ninguna intención de reconducir esa situación a parámetros normales de relación con las comunidades autónomas o los partidos políticos. Nunca han creído en el Estado de las autonomías, creen que en algunos estatutos como el vasco se ha ido demasiado lejos, y lo que intentan hacer es reconducir esa situación de la única forma que saben, con la imposición.
EA propuso la pasada semana redactar una ley de partidos propia. ¿Cómo puede hacerse?
Con el Estatuto en la mano tenemos la competencia de hacer una legislación propia sobre funcionamiento de los partidos políticos. Nosotros, como partido, hemos encargado ya el estudio correspondiente para ver hasta dónde podemos llegar y cómo lo podemos desarrollar. Esto no es óbice para pensar que luego puede que lo recurran al Tribunal Constitucional, pero nuestra obligación es sacar toda la potencialidad que puede tener el marco jurídico-político que tenemos.
¿Qué pasará cuando se ilegalice Batasuna?
Jurídicamente es una barbaridad, y políticamente es mayor barbaridad si cabe. Es algo que tenemos que intentar entre todos que no se produzca. Cuando digo entre todos también me estoy refiriendo, claro está, también a ETA. La exigencia es global. No es solamente qué vamos a hacer los partidos que estamos en el Gobierno o las formaciones democráticas en general, sino qué va a hacer también ETA para tratar de no dar el más mínimo paso que pueda suponer la ilegalización de una fuerza política.
Independientemente de lo que haga ETA, decenas de miles de personas podrían quedarse sin un referente político legal. ¿El Gobierno, su departamento, EA está dispuesto a mantener una relación normalizada con Batasuna aunque sea ilegal?
Mi departamento y EA está dispuesto a mantener esa relación normal con Batasuna si entendemos que la ilegalización ha sido absolutamente incorrecta e impropia de un Estado de Derecho.
De lo que el PP y el PSOE se quejan es de que aquí no hay libertad.
Tienen razón en parte. Tienen razón cuando hablan de que en Euskadi hay ciudadanos que tienen que llevar escolta, que tienen que ir protegidos porque en cualquier momento pueden ser asesinados. Son personas a las que les falta la libertad básica. Y hay que hacer los esfuerzos necesarios para que eso deje de existir. Pero el Gobierno Vasco ya está haciendo esfuerzos para intentar solucionar definitivamente ese problema. Habrá que preguntar al PP si ellos, como partido y como gobierno, están dando algún paso para buscar solución definitiva al problema. Desgraciadamente, me parece que no, que están yendo en sentido contrario.
Al Gobierno de Lakua se le ve muy preocupado por la cuestión de la seguridad: se ha creado la Mesa de Arkaute, se ha impulsado la moción de Eudel… Pero otras conculcaciones de derechos, como las que sufren los presos, han desaparecido de la agenda política.
Es cierto que en estos momentos se está poniendo el énfasis en la violencia de persecución. Pero yo creo que tampoco se está olvidando la situación de los presos y de desarraigo familiar por cumplir la condena fuera de su lugar de residencia. Tengo que recordar que por seguir apoyando a Senideak en su momento, y a Etxerat ahora, hemos tenido varias interpelaciones al Parlamento exigiéndonos que no apoyemos a este tipo de asociaciones porque son presos de ETA. Yo he dicho con claridad en el Parlamento que mientras el Gobierno español siga incumpliendo las resoluciones del Parlamento Vasco, el Parlamento europeo y el propio Congreso español para que los presos cumplan su condena cerca de sus puntos de residencia, nosotros seguiremos apoyando a las asociaciones que intenta aliviar la situación de muchos familiares que tienen que recorrer miles de kilómetros para ver quince minutos a su hijo, a su padre u otro familiar. Eso lo vamos a seguir haciendo. Nosotros no hemos olvidado nuestro compromiso.
Fuente: Eusko Alkartasuna